Melida Ruiz, a lawful permanent resident, pictured with her daughter, Mercedez Ruiz, and her grandson, Christopher Gonzalez. In 2011, Melida was held in immigration detention for seven months while she fought deportation based on a 2002 misdemeanor drug conviction, her sole conviction in more than 30 years in the United States.

© 2013 Platon for Human Rights Watch

(Los Ángeles) – Miles de familias en Estados Unidos han quedado desintegradas en los últimos años debido a medidas de detención y deportación por delitos vinculados con drogas, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Distintas leyes y políticas desproporcionadamente severas sobre delitos relativos a drogas pueden permitir que se deporte a residentes legales permanentes e inmigrantes no autorizados por igual.

El informe de 93 páginas, “A Price Too High: US Families Torn Apart by Deportations for Drug Offenses” [Un precio demasiado elevado: familias estadounidenses deshechas debido a deportaciones por drogas], documenta evidencias de que EE. UU. destina habitualmente a residentes legales y otros inmigrantes que tienen estrechos vínculos con familias estadounidenses a procedimientos de deportación por delitos vinculados con drogas. A menudo, estos ilícitos se cometieron hace décadas, o son de tan poca gravedad que no se aplicaron penas de prisión o estas fueron ínfimas. Hubo un fuerte incremento de deportaciones, sobre todo luego de condenas por tenencia de drogas, de hasta un 43 por ciento entre 2007 y 2012, según datos del gobierno estadounidense obtenidos por Human Rights Watch a través de un pedido planteado al amparo de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act).

“Aun cuando numerosos estados de EE. UU. están legalizando y despenalizando algunas drogas, o rebajan las penas para delitos relacionados, la política inmigratoria federal con frecuencia impone el exilio para esas mismas infracciones”, observó Grace Meng, investigadora sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch y autora del informe. “Los estadounidenses creen que el castigo debería ser acorde con el delito, pero esto no se está aplicando a los inmigrantes que fueron condenados por delitos que, a menudo, han sido infracciones de gravedad relativamente baja vinculadas con drogas”.

El informe se elaboró a partir de más de 130 entrevistas con inmigrantes afectados, familias, abogados y funcionarios de aplicación de la ley, así como nuevos datos obtenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de EE. UU.

Las deportaciones de ciudadanos extranjeros que han recibido condenas por drogas, y especialmente por posesión de drogas, aumentaron sustancialmente entre 2007 y 2012. Además del incremento del 43 por ciento en las deportaciones efectuadas tras recibir condenas por posesión de drogas durante ese período, también aumentaron un 23 por ciento las deportaciones luego de condenas por comercialización, contrabando, fabricación o tráfico de sustancias. Con respecto a más de 34.000 ciudadanos extranjeros deportados, la condena más grave fue por posesión de marihuana.

Human Rights Watch solicitó información sobre la condición inmigratoria de ciudadanos extranjeros deportados, a través de un pedido planteado con arreglo a la Ley de Libertad de Información, si bien en su contestación el ICE aseveró no tener estos datos en sus registros. Se ha presentado una apelación que no ha recibido todavía respuesta. Sin embargo, se informaron a Human Rights Watch numerosos casos en los cuales residentes legales permanentes —que tienen una tarjeta verde (green card)— fueron asignados a procedimientos de deportación por delitos vinculados con drogas.

Muchos de los entrevistados se exponían a la posibilidad de deportación automática, debido a que la legislación inmigratoria encuadra a sus infracciones en la categoría de delito gravísimo de “narcotráfico”. Entre estos se incluyen varias personas condenadas por delitos de baja gravedad, como la venta de crack por un valor equivalente a USD 5. En estos casos, no se permite al juez inmigratorio considerar las circunstancias del caso individual, como evidencias de vínculos familiares en EE. UU., rehabilitación, servicio militar y otros factores, y en cambio el magistrado debe disponer la deportación.

Algunos residentes legales permanentes con condenas por tenencia simple reúnen las condiciones para solicitar el perdón, y que se “cancele” su deportación. Sin embargo, debido a que los delitos vinculados con drogas hacen que opere la detención obligatoria en virtud de la legislación federal, Human Rights Watch identificó a residentes legales que eran obligados a pasar meses en régimen de detención inmigratoria, mientras defendían su caso. A menudo, su detención tenía efectos emocionales y económicos devastadores para ellos y sus familias, mientras que las condenas eran por delitos de gravedad tan baja como la simple posesión de marihuana.

Incluso delitos cometidos décadas antes pueden dar lugar a la detención y la deportación obligatorias. Human Rights Watch recibió varias denuncias que indicaban que autoridades inmigratorias detenían a residentes legales, mediante redadas en viviendas realizadas a veces a primera hora de la mañana, por delitos ocurridos mucho tiempo antes. En un caso, un residente legal fue detenido 13 años después por cargos que habían sido desestimados debido a que la persona fue derivada a un programa de rehabilitación de California, destinado a personas sin antecedentes que cometían por primera vez un delito vinculado con drogas.

Conforme a la legislación inmigratoria federal, las condenas por drogas que son eliminadas de los prontuarios o condonadas pueden igualmente ser causal de deportación.

Los delitos relacionados con drogas también impiden que las personas que no son ciudadanas estadounidenses accedan a la condición de residentes legales, aun si tienen vínculos familiares estrechos con ciudadanos estadounidenses que, de lo contrario, los habilitarían a obtener tarjetas verdes (green card). Aunque se permite que un ciudadano extranjero pida no ser deportado en delitos como agresión o fraude, si demuestra que no conseguir la condición de residente legal redundaría en dificultades extremas para un familiar con ciudadanía estadounidense, la única excepción posible para delitos de drogas es que se trate de una única condena por tenencia de hasta 30 gramos de marihuana.

El Congreso de EE. UU. debería encarar una reforma integral para asegurar que los inmigrantes con condenas penales, incluidos delitos vinculados con drogas, no queden sujetos a una “política única e invariable”, expresó Human Rights Watch. En cambio, los jueces inmigratorios deberían tener la potestad discrecional de ponderar aspectos como evidencias de rehabilitación, fuertes vínculos familiares y años de residencia, entre otros factores positivos, y sopesarlos considerando la gravedad de condenas anteriores.

Por su parte, los estados deberían asegurar que las reformas orientadas a rebajar las sanciones penales para delitos vinculados con drogas y facilitar la rehabilitación de quienes presentan dependencia de drogas estén diseñadas de modo tal que también puedan beneficiarse de ellas personas que no tienen ciudadanía estadounidense. Se han presentado en California dos proyectos de ley (Proyectos de la Asamblea Legislativa 1351 y 1352) que reformarían el programa actual de remisión de casos vinculados con drogas a programas externos de rehabilitación, lo cual permitiría que los acusados puedan participar en ellos antes de declararse culpables, y posibilitaría que las personas se retracten de su declaración de culpabilidad cuando hayan completado el programa satisfactoriamente. En caso de ser promulgados, estos proyectos legislativos contribuirían a asegurar que la justicia se imparta de manera equitativa a personas que no son ciudadanas estadounidenses y que son detenidas por delitos menores vinculados con drogas.

El gobierno de Obama debería además desistir de una estrategia de deportación que presupone, de manera categórica, que todas las personas que han recibido una condena penal representan una amenaza para la seguridad pública.

“El gobierno de Obama ha reconocido expresamente numerosas falencias del sistema de justicia penal estadounidense, y en particular su impacto desproporcionado en comunidades de minorías y bajos recursos”, señaló Meng. “Sin embargo, al calificar a todos los inmigrantes condenados como delincuentes peligrosos, el gobierno está perpetuando estas falencias y devastando a muchas de esas mismas comunidades”.

Ejemplos de historias individuales presentadas en el informe

  • Marsha Austin, una abuela oriunda de Jamaica y residente permanente del Bronx, en Nueva York, se enfrenta a la posibilidad de ser deportada debido a una condena impuesta en 1995, tras haber vendido crack por valor equivalente a USD 5, a pesar de que actualmente se está recuperando de su dependencia de las drogas.
  • Raúl Valdez, un residente permanente originario de México que se crió en el área de Chicago desde que tenía un año, fue deportado en 2014 debido a una condena, impuesta en 2003, por tenencia de cannabis con intención de entregar la sustancia, y por lo cual había recibido una condena de 60 días de cárcel.
  • Ricardo Fuenzalida, un residente permanente originario de Chile que vive actualmente en Nueva Jersey, permaneció retenido durante meses en 2013, sin posibilidad de libertad bajo fianza (mientras intentó vías de recurso para no ser deportado), debido a condenas por tenencia de marihuana que había recibido 13 años antes.
  • José Francisco González, residente permanente en Anaheim, California, fue asignado a procedimientos de deportación y detenido sin posibilidad de fianza en 2014 debido a que, en 2001, había sido arrestado por tener dos plantas de marihuana, a pesar de que completó de manera satisfactoria un programa de rehabilitación que supuestamente eliminaría sus antecedentes penales.
  • Abdulhakim Haji-Eda, un refugiado etíope que llegó a EE. UU. a los 13 años, ha sido objeto de una orden de deportación por tráfico de drogas, debido a que participó en una venta de sustancias ilegales cuando era adolescente en Seattle. Ahora, a los 26 años, no tiene otras condenas y contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense, con la cual tiene dos hijos también ciudadanos y espera un tercero.
  • “Antonio S.”, quien llegó a EE. UU. desde México cuando tenía 12 años y reunía las condiciones para un aplazamiento de deportación en la categoría “DREAMer” del programa ejecutivo de Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), estuvo detenido durante más de un año en Colorado y fue deportado tras una condena por tenencia de marihuana, una infracción municipal que entonces reconoció declarándose culpable, sin asistencia de un abogado.
  • “Alice M.”, una diseñadora gráfica de 41 años y ciudadana canadiense, nos contó que no se le permite vivir en EE. UU. con su pareja estadounidense, debido a una única condena por tenencia de cocaína impuesta en 1992 en Canadá, durante el último año de la escuela secundaria, y que fue condonada hace ya mucho tiempo en ese último país.
  • “El Sr. V.”, refugiado y residente permanente originario de Vietnam, fue objeto de una orden de deportación en 2008 debido a una condena por tenencia de crack dictada en 1999. Si bien desde entonces la pena ha sido condonada de manera absoluta e incondicional por el estado de Carolina del Sur, el Sr. V. sigue sujeto a una orden de deportación y la única razón por la cual todavía permanece en EE. UU. son las restricciones previstas para la repatriación de determinados ciudadanos vietnamitas.