(Washington, DC) – Documentos del gobierno de Estados Unidos que acaban de salir a la luz pública y que resumen las investigaciones sobre la muerte de 18 migrantes que se encontraban bajo la custodia de las autoridades inmigratorias estadounidenses respaldan una conclusión de que deficiencias en la atención médica contribuyeron al menos a siete de las muertes, dijo hoy Human Rights Watch.

La evaluación de las muertes, que se llevó a cabo desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015, revela una atención médica deficiente y violaciones de las normas de detención vigentes. Dos expertos médicos independientes consultados por Human Rights Watch concluyeron que estas fallas probablemente contribuyeron a la muerte de siete de los 18 detenidos y pusieron en peligro a muchos otros. Los documentos también muestran evidencias del uso indebido del régimen de aislamiento para personas con discapacidades mentales, evaluaciones de salud mental y tratamiento deficientes y otros problemas más generales con el cuidado médico.

Un manifestante carga un ataúd falso en representación de los migrantes que han muerto y protesta frente al Centro de detención de Inmigración y Aduanas en Eloy, Arizona.

© 2016 Associated Press

“En 2009 el gobierno de Obama prometió amplias reformas en la detención inmigratoria, como una supervisión más centralizada y una mejor atención médica”, dijo Clara Long, investigadora del programa sobre EE.UU. de Human Rights Watch. “Pero estas revisiones de las muertes muestran que sigue habiendo problemas en todo el sistema, incluida la incapacidad para prevenir o mejorar una atención médica deficiente que, literalmente, mata a personas”.

Las revisiones, divulgadas en junio de 2016 por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cubren 18 de las 31 muertes de detenidos que la agencia reconoció que ocurrieron desde mayo de 2012. El ICE no ha revelado sus exámenes de las otras 13 muertes que se produjeron en ese período.

EE.UU. conserva la capacidad de mantener en detención civil en cualquier momento dado a 34.000 no ciudadanos en una amplia red de más de 200 instalaciones, que incluyen cárceles de condado, centros privados de detención y unas cuantas prisiones federales. La mayoría de las cientos de miles de personas detenidas en este sistema cada año se ven sometidas a severas leyes de detención obligatoria, que no permiten una revisión individualizada de la decisión de detenerles durante su proceso migratorio.

La Oficina de Supervisión de Detención (ODO, por sus siglas en inglés) del ICE llevó a cabo las revisiones de las muertes e identificó las decisiones que consideró violaciones de las normas vigentes de detención, pero no aportó conclusiones sobre si las deficiencias identificadas en el cuidado contribuyeron a la muerte de los detenidos.

Human Rights Watch pidió a dos expertos independientes que examinaran las circunstancias de las muertes, detalladas en las evaluaciones de la ODO del ICE. Marc Stern es experto en salud penitenciaria y profesor asistente afiliado de salud pública de la Universidad de Washington. El doctor Stern contribuyó en calidad de experto en investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., y ejerció como director de servicios de salud para el Departamento Correccional del estado de Washington. Allen Keller es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York (NYU), profesor asociado de la Escuela Gallatin  de Estudios Individualizados de NYU, director del Programa para Sobrevivientes de Tortura de Bellevue/NYU, director del Centro de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de NYU y experto en medicina interna general, especializado en la evaluación y el tratamiento de inmigrantes, y en el acceso de los prisioneros a la atención médica.

Los especialistas identificaron evidencias de un cuidado deficiente y potencialmente peligroso en la mayoría de las revisiones, como por ejemplo la falta de seguimiento de síntomas que requerían atención, personal médico que aparentemente ejercía más allá del alcance de sus licencias y experiencia, el uso indebido del régimen de aislamiento para pacientes de salud mental y respuestas lentas a situaciones de emergencia.

En siete casos, ambos expertos médicos concordaron que las fallas en el cuidado podrían haber contribuido a la muerte de los detenidos. Los dos expresaron graves preocupaciones sobre la calidad de la atención de salud mental en tres casos adicionales de personas que cometieron suicidio. En uno de esos casos los especialistas estuvieron de acuerdo en que la atención deficiente contribuyó a la muerte del detenido.

En 16 de los exámenes los especialistas independientes estuvieron de acuerdo en que había evidencias de prácticas médicas inadecuadas que podrían presentar un riesgo para detenidos actuales y futuros en esas instalaciones, incluso en casos donde el cuidado deficiente no pareció contribuir a las muertes documentadas en los exámenes. Los expertos no encontraron pruebas de cuidados deficientes en sólo dos de los 18 casos.

Una de las personas que los médicos identificaron como víctima de un cuidado deficiente es Manuel Cota-Domingo, quien en diciembre de 2012 murió con 34 años como consecuencia de una dolencia cardiaca, una diabetes sin tratar y una neumonía en el Hospital y Centro Médico St. Joseph poco después de haber sido transferido desde el Centro de Detención Eloy, una instalación privada administrada por Corrections Corporation of America (CCA, por sus siglas en inglés).

El examen del caso contiene pruebas convincentes de que los funcionarios penitenciarios no respondieron a las solicitudes de auxilio durante aproximadamente tres horas mientras Cota-Domingo tenía problemas para respirar. Cuando los agentes finalmente avisaron al personal médico sobre su condición, retrasaron su evaluación y finalmente lo enviaron al hospital en una camioneta en lugar de una ambulancia. Ambos expertos médicos concluyeron que la combinación de estas demoras probablemente contribuyó a que una condición potencialmente tratable acabara siendo mortal.

Las otras muertes que, según las conclusiones de los expertos médicos, se debieron probablemente a prácticas médicas precarias fueron las de Raúl Ernesto Morales, Santiago Sierra Sánchez, Peter George Carlysle Rockwell, Lelis Rodríguez, Marjorie Annmarie Bell, y Tiombe Kimana Carlos. En los casos de Tiombe Kimana Carlos, Clemente Mponda, y José de Jesús Deniz Sahagún, quienes se suicidaron tras demostrar signos de graves enfermedades mentales, los expertos concluyeron que la atención médica deficiente o el uso indebido del régimen de aislamiento podrían haber exacerbado significativamente sus problemas de salud mental.

En la gran mayoría de los 18 casos, las revisiones revelaron pruebas de prácticas médicas deficientes que podrían haber puesto a los detenidos en las instalaciones evaluadas en riesgo de graves daños.

Con todo, los 18 casos representan una pequeña fracción de los cientos de miles de inmigrantes detenidos durante el período en cuestión y no reflejan directamente las condiciones en la mayoría de las más de 200 instalaciones que utiliza el ICE para albergar a los detenidos. Sin embargo, los exámenes plantean graves preocupaciones sobre la capacidad del ICE para detectar, responder adecuadamente y corregir las graves fallas en la atención médica que puedan surgir en estas instalaciones, incluso en casos en los que la agencia ha llevado a cabo detalladas investigaciones sobre la muerte de los detenidos.

Un informe anterior de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Detention Watch Network (DWN) y el Centro de Justicia Nacional para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) determinó que las violaciones de las normas de atención médica jugaron un papel importante en otras ocho muertes que se produjeron cuando los presos estaban en manos de autoridades de EE.UU. entre 2010 y 2012, y que los mecanismos de inspección y supervisión del ICE no lograron identificar ni abordar los problemas que contribuyeron a las muertes.

“Las trágicas muertes descritas en estas investigaciones recién publicadas son alarmantemente similares a las muertes de 2010-2012 descritas en nuestro informe Negligencia Mortal, dijo Jennifer Chan, coautora del informe de ACLU/DWN/NIJC y directora asociada de política del NIJC.

Los exámenes de las muertes de estos 18 detenidos demuestran que el gobierno de EE.UU. sigue sin garantizar que todos los centros de detención provean atención sanitaria adecuada a los inmigrantes detenidos. Este hecho es todavía más atroz si se tiene en cuenta que muchas de las personas atrapadas en detención migratoria ni siquiera deberían estar allí. El gobierno de EE.UU. hace un uso indefendiblemente amplio de la detención migratoria, que debería estar limitada a situaciones en las que una revisión individualizada determina que intereses gubernamentales legítimos no pueden ser alcanzados con otras medidas menos restrictivas.

El gobierno de Obama debería tomar medidas inmediatas para mejorar los mecanismos de supervisión y debería dejar de usar las instalaciones de detención incapaces o renuentes a proveer una atención médica adecuada, recomendó Human Rights Watch. El gobierno de Obama también debería acabar con el uso del régimen de aislamiento para detenidos con discapacidades mentales.

“Muchas de las prácticas médicas peligrosas detectadas en estas revisiones deberían haber sido evidentes en auditorías federales rutinarias de las instalaciones de detención migratoria”, señaló Long. “Aun así, el ICE no descubrió ni abordó las deficiencias en el cuidado antes de que ocurrieran estas muertes, y las revisiones de varias muertes en un centro en particular indican que los problemas tampoco fueron abordados adecuadamente después de dichas muertes”.