Mario Aguilar shows photos of his four sons as he waits for work outside the Casa del Migrante shelter for migrants in Tijuana, Mexico. Aguilar, a Mexican citizen, had been living in the United States for 28 years before he was deported.

© 2007 David Maung

(Nueva York) – El gobierno de Estados Unidos está deportando sumariamente a los padres de niños con nacionalidad estadounidense, que han sido detenidos en la frontera a pesar de los estrechos vínculos que los atan al país. La prometida acción ejecutiva en materia de inmigración del presidente Barack Obama debería aliviar la situación de los familiares indocumentados en la frontera.

Usualmente, los inmigrantes detenidos en la frontera son deportados vía procesos expeditos que nos les brindan ninguna oportunidad para demostrar los lazos que los unen a Estados Unidos, como el hecho de que tengan niños nacidos en el país. Según un nuevo análisis de Human Rights Watch de datos del gobierno estadounidense, aproximadamente unos 50.000 inmigrantes detenidos en la frontera y deportados cada año del país tienen hijos de nacionalidad estadounidense.

“Cada año, EE.UU. deporta sumariamente a decenas de miles de migrantes que cruzan la frontera para estar con sus hijos nacidos en EE.UU.”, dijo Antonio Ginatta, director de incidencia del Programa sobre EE.UU. de Human Rights Watch. “Si el presidente Obama habla en serio sobre la necesidad de proteger a los familiares que viven temiendo la deportación, su acción ejecutiva debería acabar con la deportación sumaria y las sanciones para los indocumentados que tienen familias en EE.UU. y cruzan la frontera”.

El presidente Obama está considerando la posibilidad de conceder para finales de 2014 el estatus legal de manera temporal a millones de inmigrantes no autorizados en EE.UU. que tengan hijos con la ciudadanía estadounidense, permiso de residencia o cualquier otro tipo de autorización, según fuentes de información. Obama también debería reformar las políticas de control fronterizo para reflejar que muchas personas que ahora son deportadas sumariamente como inmigrantes ilegales tienen profundas raíces en el país.

Justo después de ser deportado a Honduras en septiembre de 2014, “Jesús R.” contó a Human Rights Watch que había vivido un total de veinte años en EE.UU. y que tenía cinco hijos de nacionalidad estadounidense. Dijo que era la cuarta vez que lo deportaban y que había sido condenado por reingreso ilegal, pero que igualmente iba a tratar de cruzar de nuevo a EE.UU. “Tengo que estar con mis hijos”, dijo. “Ha nacido mi hijo menor y no lo conozco”.

El análisis de Human Rights Watch de datos del gobierno recibido a través de la Ley de Libertad de Información encontró que en 2011 y 2012, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) procesó la deportación de aproximadamente 100.000 padres de niños ciudadanos estadounidenses, lo que representa alrededor del 15 por ciento de las personas detenidas por la agencia. De esos padres, se estima que el 40 por ciento había sido deportado anteriormente.

El análisis de Human Rights Watch también encontró que alrededor del 20 por ciento de los remitidos para su enjuiciamiento por entrada o reingreso ilegal a EE.UU. por la CBP en 2011 y 2012 tenía hijos estadounidenses. De hecho, los procesados por los delitos de entrada y reingreso ilegal eran más propensos a tener hijos de nacionalidad estadounidense que aquellos que fueron detenidos por la CBP pero contra los que no se presentaron cargos por estos delitos.

Los procesos federales por entrada o reingreso ilegal aprisionan regularmente a personas que entran a EE.UU. –a menudo varias veces— para tratar de reunirse con sus familias. La entrada ilegal –entrar al país sin autorización— es un delito menor. El reingreso ilegal –volver a entrar tras haber sido deportado— es un delito grave. El gobierno enjuicia a estos inmigrantes además de deportarlos. Los procedimientos legales por las entradas ilegales han dado un salto de un 1.400 por ciento y los de por reingreso ilegal, de un 300 por ciento a lo largo de los últimos 10 años y ahora, en conjunto, superan en número a los enjuiciamientos para el resto de los delitos federales. Un gran número de personas procesadas acaban en costosas y abarrotadas cárceles federales, algunas durante meses o incluso años, antes de ser deportadas.

La orden ejecutiva de Obama debería acabar con las deportaciones sumarias de personas con lazos profundos con EE.UU. y, en su lugar, concederles una audiencia en una corte de inmigración, dijo Human Rights Watch. La orden también debería suspender la detención de estos inmigrantes, así como la Operación Streamline y programas similares que promueven su enjuiciamiento por entrada o reingreso ilegal, y promulgar directrices nacionales con recomendaciones contra el procesamiento de la entrada y el reingreso ilegal si un inmigrante tiene estrechos lazos familiares en EE.UU. o teme la violencia y la persecución en el extranjero.

“Las personas que tratan de reencontrarse con sus familias cruzando la frontera parecen ser precisamente las personas a las que el presidente Obama dice que espera poder proteger”, dijo Ginatta. “Incluso si la acción ejecutiva del presidente no puede reunir a todas las familias separadas por las duras políticas de control migratorio, su orden debería poner fin a los procesamientos y a las deportaciones sumarias de personas que vuelven para estar con sus hijos estadounidenses”.