(San Pedro Sula) – Los controles fronterizos de vía rápida implementados por el gobierno de Estados Unidos para hacer frente a la migración no autorizada están originando que centroamericanos sean devueltos a sus países de origen, donde su vida corre serio peligro, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 44 páginas, “‘Aquí no tiene derechos’: Los controles fronterizos en EE.UU. y las devoluciones de centroamericanos al riesgo de sufrir graves daños” (“‘You Don’t Have Rights Here’: US Border Screening and Returns of Central Americans to Risk of Serious Harm”), detalla las políticas y prácticas fronterizas de EE.UU. que ponen a los inmigrantes en peligro de sufrir graves daños en sus países de origen. El informe está basado en los testimonios de personas deportadas a Honduras y personas detenidas, así como en un análisis de datos sobre deportaciones obtenidos mediante la Ley de Libre Acceso a la Información. Hondureños que habían huido de la extorsión y las amenazas de pandillas brutales afrontaron procedimientos de control inmigratorio de vía rápida en EE.UU., que dieron lugar a su deportación sin una oportunidad genuina de solicitar asilo. Varias de las personas devueltas aseguraron a Human Rights Watch que luego de su regreso, tenían miedo de salir de sus casas ya que temían por sus vidas.
“Los controles inmigratorios por la vía rápida del gobierno de Estados Unidos están ignorando los temores reales de las personas que llegan a la frontera”, dijo Clara Long, investigadora de EE.UU. de Human Rights Watch y autora del informe. “En su frenesí por detener la ola de inmigrantes procedentes de América Central, EE.UU. está enviando a solicitantes de asilo de vuelta a la amenaza de convertirse en víctimas de asesinato, violación y otros actos de violencia”.
Human Rights Watch entrevistó a 35 inmigrantes, incluidos 25 que fueron recientemente deportados a Honduras, y 10 centroamericanos en centros de detención inmigratoria en Artesia, Nuevo México, y en Karnes, Texas.
En los últimos años, las autoridades estadounidenses han arrestado un número creciente de centroamericanos que cruzan la frontera entre México y EE.UU. sin autorización. Los migrantes están huyendo por muchas razones, entre ellas el aumento de los índices de violencia alimentada por las pandillas y el narcotráfico en Guatemala, El Salvador y Honduras.
La gran mayoría de estos migrantes son detenidos y encarcelados. A continuación, son sometidos a una apresurada evaluación en dos partes por funcionarios estadounidenses. No tienen derecho a comparecer ante un juez de inmigración ni funcionario de asilo, a menos que sean identificados por los agentes de la Patrulla Fronteriza u otros agentes de inmigración que estuvieron a cargo de su detención como migrantes que temen regresar a su país. Los agentes de la Patrulla Fronteriza, encargados del control inicial de los migrantes, están fallando en su misión de identificar a los solicitantes de asilo para que puedan pasar por el proceso, señaló Human Rights Watch.
“Alicia R.”, una hondureña que presenció el asesinato de su madre por una pandilla y fue deportada con sus dos hijos, de 3 y 10 años, en agosto de 2014, dijo que su caso nunca pasó de la Patrulla Fronteriza en EE.UU.: “Les supliqué, llorando, que no podía volver a mi país… pero nos deportaron igualmente”.
Los datos para 2011 y 2012 que Human Rights Watch obtuvo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., bajo la Ley de Libre Acceso a la Información, muestran que muy pocos migrantes centroamericanos son identificados por la Patrulla Fronteriza como personas que teman regresar a su país. Las cifras revelan que la gran mayoría de los hondureños que llegaron durante ese período, al menos el 80 por ciento, fueron colocados en los procesos de expulsión sumaria, y que sólo un 1,9 por ciento fueron identificados como posibles solicitantes de asilo por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los porcentajes de personas de México, El Salvador y Guatemala son similares, variando de 0,1 a 5,5 por ciento. En comparación, la Patrulla Fronteriza identificó a un 21 por ciento de los migrantes de otros países para evaluaciones secundarias en mayor profundidad.
Los métodos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para entrevistar a los migrantes en el proceso de deportación expedita tenían serias fallas, dijo Human Rights Watch. Los agentes uniformados de la Patrulla Fronteriza están generalmente armados cuando detienen a los migrantes; cuando entrevistan a los migrantes unas pocas horas o días después, sus fundas están vacías pero visibles; y las entrevistas se realizan a menudo en espacios muy concurridos y sin confidencialidad. Estos factores parecen obstaculizar la capacidad de los oficiales para identificar a aquellos que necesitan una evaluación más profunda. Numerosos migrantes dijeron a Human Rights Watch que los agentes de la Patrulla Fronteriza parecían mayoritariamente centrados en deportarlos, lo que les impedía expresar sus temores.
“Mateo S.”, un migrante deportado en septiembre de 2014, dijo que cuando le contó a un oficial de la Patrulla Fronteriza el peligro que corría su vida en Honduras, “me dijo que no había nada que pudiera hacer y que no tenía un caso, así que no había razón alguna para poner en duda mi deportación (...) Le dije que estaba violando mi derecho a la vida y él contestó: ‘Usted no tiene derechos aquí’”.
El derecho internacional vinculante en los Estados Unidos prohíbe la devolución de una persona a un país donde su vida o seguridad enfrenten graves riesgos. El derecho internacional también se opone a la detención de los solicitantes de asilo y prohíbe la detención de niños migrantes. Los migrantes que vayan a ser deportados tienen derecho a acceder a un abogado.
El gobierno de Obama y el Congreso de Estados Unidos deberían dejar de acelerar sus procesos de deportación para migrantes centroamericanos y brindarles una oportunidad verdadera para presentar una solicitud de asilo, dijo Human Rights Watch. El gobierno debería revertir su decisión de ampliar la detención de familias migrantes, que ha quedado evidenciada con la próxima construcción en junio de dos nuevos centros de detención de familias y los planes anunciados en septiembre para construir una instalación de 2.400 camas en Dilley, Texas. El gobierno también debería aumentar el acceso de los migrantes a la asistencia jurídica, lo que mejoraría la gestión de las solicitudes de asilo y ayudaría a asegurar que EE.UU. no devuelve a personas a países donde pueden convertirse en víctimas de represión o tortura.
“El gobierno de Obama tiene que reducir inmediatamente su dramática expansión de detenciones familiares”, dijo Long. “Solicitar asilo en un idioma y país extranjero ya es lo suficientemente difícil como para tener que hacerlo en condiciones de detención, mientras se cuida de niños asustados y ansiosos y sin un abogado”.
