(Washington, DC) – Las dos medidas ejecutivas, sobre inmigración y política fronteriza, que el presidente de  Estados Unidos Donald Trump firmó el 25 de enero de 2017 perjudicarán sensiblemente a millones de inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, señaló hoy Human Rights Watch.

Un niño sostiene unas banderas americanas,  mientras líderes comunitarios y en favor de los inmigrantes, se manifestaban frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, al conmemorarse el primer aniversario de las órdenes ejecutivas de inmigración del presidente Barack Obama el 20 de noviembre del 2015.

© 2015 Reuters

Estas órdenes definen las prioridades en materia de control inmigratorio de manera tan amplia que se aplicarán a millones de inmigrantes no autorizados, incluidos aquellos que no tengan antecedentes penales. Las órdenes pretenden penalizar a los llamados estados y “ciudades santuario”, ampliar los procedimientos abusivos de deportación por vía rápida y aumentar la detención de inmigrantes por períodos prolongados. Las órdenes también aprobarán rigurosas políticas fronterizas que probablemente impidan el ingreso de solicitantes de asilo, y es posible que provoquen que sean enviados de regreso a contextos donde podrían sufrir daños, lo cual resultaría violatorio del derecho internacional sobre refugiados que ha sido vinculante para Estados Unidos desde la presidencia de Lyndon B. Johnson.

 
“Con una única medida indiscriminada, el Presidente Trump podría enviar a millones de personas con antecedentes penales de gravedad mínima, o directamente sin prontuario delictivo, a situaciones donde correrían graves peligros, y devastaría así a familias estadounidenses”, explicó Alison Parker, codirectora del programa sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “Esta medida prepara el terreno para acciones de control indiscriminadas y excesivamente abarcativas que perjudicarán a personas que tienen lazos afianzados con Estados Unidos, y resultarían aterradoras para las comunidades”.

La decisión de Trump de dar prioridad a la expulsión de cualquier persona que haya “cometido actos que constituyan un delito pasible de acción penal” es sumamente preocupante en términos de derechos humanos.

Como se analiza en mayor detalle en un informe reciente de Human Rights Watch, esta política de Trump podría aplicarse indiscriminadamente a cientos de miles de personas, incluidos residentes legales, individuos que no han sido condenados por delitos o personas cuyo delito más grave fue una infracción inmigratoria. En la práctica, esto hará que las autoridades inmigratorias den prioridad a la deportación de cualquier persona que haya ingresado ilegalmente al país, incluida más de la mitad de los 11 millones de personas que están en EE. UU. sin autorización.

La medida de Trump también procura ampliar drásticamente el uso abusivo del sistema federal de detención inmigratoria, y da instrucciones a los organismos federales para que incrementen a la brevedad la capacidad de detención y detengan a prácticamente todas las personas que no sean ciudadanas extranjeras mientras se encuentren en curso sus procedimientos de deportación. Human Rights Watch ha documentado evidencias de cómo el uso excesivo de la detención por motivos inmigratorios expone a las personas a peligrosas condiciones de custodia, y afecta de manera negativa su derecho a una audiencia de deportación justa. 

 

Líderes comunitarios en favor de los inmigrantes, durante una manifestación frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, en el primer aniversario de las órdenes ejecutivas de inmigración del presidente Barack Obama, el 20 de noviembre del 2015.

© 2015 Reuters

En otra medida ejecutiva, Trump anunció políticas sobre control fronterizo que menoscabarían los derechos de personas que solicitan asilo. Estas políticas generalizan el uso de un procedimiento de deportación por vía rápida, conocido como expulsión acelerada, y fomentan la persecución penal de personas que ingresen ilegalmente en EE. UU. La expulsión acelerada y los procesos por ingreso ilegal ya han comenzado a tener un impacto pernicioso en los derechos de solicitantes de asilo y personas que residen desde hace tiempo en EE. UU., muchas de las cuales tienen familias cuyos miembros son ciudadanos estadounidenses, así como para personas, incluidos menores, que huyen de situaciones de persecución y violencia y que intentan obtener protección conforme a las garantías que históricamente han sido reconocidas por el derecho estadounidense y el derecho internacional.

La medida de Trump también da instrucciones al gobierno de usar su autoridad para enviar de regreso a México a las personas que ingresen desde allí sin visas. Dejar a los solicitantes de asilo fuera de Estados Unidos podría menoscabar su posibilidad de que su pedido sea evaluado de manera exhaustiva y justa.

Trump también anunció que su gobierno alcanzaría acuerdos con las fuerzas de policía locales con el fin de transferirles la facultad de aplicar las leyes inmigratorias. Su política pretende no entregar fondos federales a ciudades y estados que el gobierno considere que tengan políticas “santuario”, que apuntan a limitar la intervención de las autoridades de seguridad pública locales en los controles inmigratorios federales.

La afirmación de Trump de que estas medidas llevarán mayor seguridad a las comunidades confunde a la inmigración con un delito, y esto constituye una aseveración tanto falsa como peligrosa, subrayó Human Rights Watch. Numerosos estudios han refutado el mito de que una mayor inmigración conlleva un aumento de la criminalidad.

Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch demuestran que, en algunas comunidades, la intervención de la policía local en el control inmigratorio ha redundado en que víctimas de delitos, incluidos delitos violentos como violación sexual, tengan temor de denunciar estos hechos a la policía. Numerosos organismos locales de aplicación de la ley han apoyado las políticas criticadas por Trump, para favorecer que los miembros de las comunidades —con independencia de cuál sea su situación migratoria— denuncien delitos, en tanto consideran que es la manera más efectiva de proteger la seguridad de todos. Las políticas y la retórica política que equiparan a la inmigración con la delincuencia también pueden favorecer la violencia xenófoba y otros delitos.

“El presidente Trump sostiene que estas medidas son necesarias para poner a los estadounidenses en primer lugar, pero, en vez de esto, perjudicarán el interés de los ciudadanos estadounidenses de mantener unidas a las familias y preservar la seguridad pública”, apuntó Parker. “El Congreso y la justicia, y también el público, deberían poner freno a estas acciones y defender los derechos de todos”.