Detención y deportación de padres californianos
En la mañana del 28 febrero de 2017, Rómulo Avelica-González condujo hasta Academia Avance, una pequeña escuela autónoma en Highland Park, CA, para dejar allí a dos de sus hijas. Tras dejar a una de ellas, Rómulo fue obligado a detenerse por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) que no sabían que Fátima, de 13 años, estaba en el asiento trasero. Sollozando desconsoladamente, Fátima filmó la detención de su padre con su celular.
Avelica-González había recibido cargos por conducir bajo la influencia de sustancias ocho años antes, y una vez había sido acusado de conducir sin licencia. También, 20 años antes, había comprado un automóvil usado, sin saber que tenía una pegatina de matrícula que había sido robada de otro automóvil, según informó The Intercept[1]. Ha vivido en Estados Unidos 25 años, y es padre de cuatro hijos estadounidenses.
Él es uno de los miles de padres californianos de ciudadanos estadounidenses que ahora son mucho más vulnerables a ser detenidos y deportados, a causa de la expansión sustancial de las “prioridades” de deportación establecidas por el presidente Trump. Esas prioridades podrían hacer que casi la totalidad de los 11 millones de inmigrantes indocumentados sean objetivos “prioritarios” de deportación, y posibilitarían las condiciones para que queden afectadas millones de personas a nivel nacional[2].
La legislatura de California actualmente está tratando varias iniciativas que podrían contribuir a mitigar los efectos perniciosos de las detenciones inmigratorias y proteger a las familias californianas. Estas iniciativas procurarían que las condiciones de detención sean más humanas y asegurarían que los inmigrantes detenidos reciban asistencia por parte de abogados designados por el estado. Algunos legisladores están intentando limitar dicha asistencia legal, sobre la base de presunciones respecto de quiénes serían esos inmigrantes detenidos, en particular aquellos que tienen algún tipo de antecedentes penales.
El propósito del análisis expuesto en este documento es brindar información más detallada sobre las detenciones inmigratorias en el estado, con el fin de facilitar mejores reformas que estén más enfocadas en el respeto de los derechos. Una conclusión central es nuestra estimación de que, cada año, más de 10.000 padres de ciudadanos estadounidenses son detenidos en California. Otra es que casi la mitad de los detenidos no tenían antecedentes penales y que, de aquellos con prontuarios, los condenados por delitos no violentos de gravedad relativamente menor (como infracciones inmigratorias, consumo o tenencia de drogas, o conducir bajo la influencia de sustancias) superaban a los condenados por delitos violentos en una proporción de casi tres contra uno.
El análisis presentado en este documento se realizó a partir de datos sobre personas detenidas por motivos inmigratorios que fueron confinadas en California durante el período de cuatro años y medio entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2015 (no había datos equivalentes sobre períodos más recientes al momento de la evaluación), con un análisis particularmente detenido de los datos correspondientes al lapso transcurrido entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de junio de 2015, el único período sobre el cual los registros en general incluían información con respecto a si los detenidos tenían hijos con ciudadanía estadounidense. Nuestro análisis revela que el sistema expansivo de California alojó al 15% de los inmigrantes detenidos en todo el país durante ese período y, como se señaló antes, sugiere que decenas de miles de los detenidos en los últimos años eran padres de hijos con ciudadanía estadounidense y que la mayoría de los detenidos con antecedentes penales habían sido condenados por delitos relativamente menores. Considerando la intención manifestada por el gobierno de Trump de intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley, estos datos ofrecen un panorama inicial poco auspicioso, y demuestran la urgencia de acciones para asegurar procedimientos de deportación justos y condiciones humanas y dignas para las personas que están en detención inmigratoria en California[3].
“Se supone que no deberíamos ser separados de nuestros padres”, dijo Brenda Avelica, la hija de 24 años de Rémulo Avelica-González, a The Intercept. “Y ahora, me pregunto ¿dónde estás? Aún te necesito”[4].
Las autoridades inmigratorias detienen a personas que no son ciudadanas estadounidenses en 10 centros principales de detención inmigratoria de California que, según datos gubernamentales hasta el 5 de diciembre de 2015, alojaban a una población diaria promedio de 4.594. Además de estos establecimientos principales, por órdenes del ICE los detenidos podrían ser retenidos en otros centros antes de ser trasladados al establecimiento de detención inmigratoria principal. Entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de junio de 2015, las personas detenidas por el ICE fueron alojadas, al menos en forma provisoria, en más de 50 establecimientos en distintos puntos del estado.
¿Quiénes están siendo detenidos?
Entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2015, ingresaron 292.221 adultos a establecimientos de detención del ICE en California, lo que equivale a un promedio de cerca de 65.000 por año. Esto representa aproximadamente el 15% de la cantidad de personas detenidas por el ICE a nivel nacional durante ese período[5]. En noviembre del año pasado, diversos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional indicaron que, en ese momento, había más de 41.000 personas en establecimientos de detención inmigratoria en todo el país, lo que supone una cifra sin precedentes[6]. No hay datos públicamente disponibles sobre la población a nivel nacional o en el estado.
La mayoría de las personas en nuestro conjunto de datos quedaron detenidas en las áreas de San Diego y Los Ángeles. Cerca del 40% quedaron detenidas en San Diego o en la localidad próxima de El Centro, lo cual sugiere que muchos están siendo detenidos luego de cruzar la frontera. Otro 20% queda detenido en Los Ángeles. Otros centros de detención en el Sur de California, como por ejemplo en San Bernardino o Santa Ana, también son, en muchos casos, el primer establecimiento donde se detiene a personas.Los inmigrantes detenidos en California son personas que, en su mayoría, son arrestadas dentro del estado o aprehendidas en la frontera[7]. Con independencia de dónde alguien es arrestado, esa persona podría tener vínculos de larga data con el estado o estar expuesta a persecución en su país de origen, y las normas internacionales estipulan que esto debe ser considerado cautelosamente antes de una deportación[8].
La mayoría (el 55%) de las detenciones realizadas por el ICE en California durante el período cubierto por nuestros conjuntos de datos terminaron en deportación[9]. Otro 7% deja el país a través de una “devolución o partida voluntaria”[10]. Un estudio reciente concluyó que el 68% de los inmigrantes detenidos en California no tienen suficiente representación letrada y que los inmigrantes detenidos que sí tenían asesoramiento legal suficiente conseguían una resolución favorable de sus casos en una proporción cinco veces superior a la de sus pares sin representación[11].
El tiempo que estas personas pasaron detenidas varías sustancialmente. Mientras que el 84% de las personas en nuestro conjunto de datos estuvieron menos de un mes detenidas, 8.298 lo estuvieron más de 6 meses y 1.787 más de un año. La mayoría —el 64%— de las personas que son detenidas por menos de un mes son liberadas o deportadas en el lapso de un día. Únicamente uno de cada diez detenidos en nuestros conjuntos de datos pagó una fianza para salir de la detención. Aunque nuestros datos no muestran quiénes tienen o no representación legal, un estudio reciente sobre las audiencias en California en las cuales se evalúa la posibilidad de conceder la libertad bajo fianza en casos inmigratorios concluyó que las probabilidades de ser liberado bajo fianza son más de 3,5 veces mayores para los detenidos que están representados por abogados que para quienes se representan por sí solos, excluidos otros factores relevantes[12].
Para estimar si los detenidos por motivos inmigratorios en California tenían hijos que fueran ciudadanos estadounidenses, Human Rights Watch analizó los datos correspondientes a todos los detenidos por motivos inmigratorios que estuvieron retenidos en California entre el 1 de octubre de 2014 y 30 de junio de 2015, que es la única parte del período en cuestión respecto del cual los registros, en general, incluían tal información. Cuando no se incluía información sobre hijos con ciudadanía estadounidense, usamos métodos estadísticos para cubrir estos datos faltantes[13]. En total, estimamos que poco menos de la mitad (el 42%) de todas las personas que no eran ciudadanas estadounidenses y fueron detenidas por el ICE durante ese período en el estado tenían al menos un hijo con ciudadanía estadounidense. En los nueve meses analizados, esto equivale a más de 8.600 padres de hijos con ciudadanía estadounidense detenidos en California. Con esta proporción, y suponiendo que los detenidos en ese período fueron similares a los confinados durante cualquier otro período, es probable que más de 10.000 padres de ciudadanos estadounidenses sean detenidos en California cada año.
Nuestro análisis también muestra que los padres de hijos con ciudadanía estadounidense tenían más probabilidades que otros de ser deportados desde la detención. Calculamos que casi el 47% de los detenidos en California que fueron expulsados del país tenían un hijo con ciudadanía estadounidense, mientras que apenas el 35% de las personas que fueron puestas en libertad, en vez de expulsadas, tenían hijos que eran ciudadanos estadounidenses[14].
Detenidos por motivos inmigratorios y delitos
Los sondeos indican que una amplia mayoría de estadounidenses —el 90% según una encuesta reciente de CNN— están de acuerdo con legalizar y ofrecer una vía para que los migrantes no autorizados en Estados Unidos accedan a la ciudadanía[15]. La retórica de deportación planteada por el presidente elude lo que opina esa parte de la población, al prometer deportar a migrantes “que sean delincuentes y tengan antecedentes delictivos, miembros de pandillas y narcotraficantes”, algo a lo cual son pocos los que se oponen[16]. Sin embargo, los datos indican que solamente una pequeña minoría de los “delincuentes” a quienes ha detenido y deportado EE. UU. fueron condenados por delitos graves; la mayoría de los deportados con antecedentes penales habían sido acusados o condenados por delitos de gravedad relativamente menor, como infracciones vinculadas con inmigración, consumo o tenencia de drogas o conducir bajo la influencia de sustancias. En vez de enfocarse en delincuentes violentos, la política inmigratoria de EE. UU. ha desintegrado a familias y comunidades estadounidenses mediante la deportación de gran cantidad de residentes legales e inmigrantes indocumentados con prontuarios por delitos de gravedad menor. Los perfiles de las personas deportadas desde California son un reflejo de estas tendencias a nivel nacional.
Los inmigrantes, en particular aquellos con condenas penales, a menudo tienen familiares que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Estos familiares pueden quedar devastados por la detención y separación de sus seres queridos[17]. Las personas con antecedentes penales en los centros de detención inmigratoria de California con frecuencia tienen antecedentes por ilícitos no violentos o historias poco claras, que solamente pueden ser entendidas con la ayuda de un abogado. Asimismo, muchas de esas personas son californianos con una larga historia de presencia en el estado, y tienen estrechos vínculos con familias y comunidades de California y familiares con ciudadanía estadounidense. A medida que se afianzan los lazos de un inmigrante con el estado, estas personas también tienden a asemejarse cada vez más a otros californianos, incluidos los numerosos residentes de California que son ciudadanos estadounidenses y tienen antecedentes penales.
En los datos con los que contamos, se incluía información sobre antecedentes penales de las personas detenidas entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de junio de 2015. Casi la mitad —el 47%— de las personas detenidas durante este período no tenían antecedentes penales. En función de las clasificaciones generales brindadas por el ICE, pudimos estimar que el 9% de los detenidos podían ser identificados como personas que fueron condenadas por un delito violento, según la definición del derecho californiano[18]. La mayoría de los demás —el 27%— tenían antecedentes penales relativamente menores, relacionados con cuestiones inmigratorias, consumo o tenencia de drogas o conducir bajo los efectos de sustancias como delito más grave. (El 17% restante tenía antecedentes penales poco claros). Los condenados por delitos relativamente menores superaban a los condenados por delitos graves en una proporción de casi tres a uno.
A su vez, la mayoría de las personas con antecedentes penales no habían cometido delitos en los últimos años. En promedio, la condena más reciente había ocurrido casi siete años antes de ser detenidas por las autoridades de inmigración. La condena penal más reciente para más de la mitad (el 51%) de todos los detenidos con antecedentes penales había sido más de cinco años antes. Casi un cuarto (el 24%) de los detenidos con antecedentes penales tenían condenas dictadas hacía más de 10 años.
En los datos de California para el período 2011-2015 sobre personas detenidas por motivos inmigratorios, tener antecedentes penales también guardaba una correlación con tener hijos con ciudadanía estadounidense, lo cual posiblemente es un reflejo del tiempo durante el cual las personas habían vivido en EE. UU.: cuanto más viven en el país, mayores son las probabilidades de que se conviertan en padres de hijos que sean ciudadanos estadounidenses y tengan algún tipo de antecedente penal, por menor que sea. De hecho, el 11% de las personas que no presentaban antecedentes penales en nuestros datos tenían un hijo con ciudadanía estadounidense, mientras que el 77% de aquellos con condenas penales tenían un hijo con ciudadanía estadounidense.
Si bien estos datos sugieren que hay mayores probabilidades de que las personas detenidas por motivos inmigratorios que han estado más tiempo en EE. UU. tengan antecedentes penales, es importante advertir que múltiples estudios han concluido que los inmigrantes en Estados Unidos son menos propensos a cometer delitos que las personas nacidas allí[19]. Las personas con condenas penales en detención inmigratoria han cumplido sus condenas y pagado su deuda con la sociedad. También es probable que sean personas que llegaron al país durante la infancia, o que han vivido en el estado muchos años. Suelen ser las personas que tienen los vínculos más sólidos con comunidades y familias de California, y las más propensas estar sumamente consternadas por los perjuicios que ellas y sus seres queridos podrían sufrir a causa de la detención inmigratoria y la deportación.
