(San Francisco) – Nuevos análisis de datos revelan que, muy probablemente, más de 10.000 padres de niños que tienen ciudadanía estadounidense son detenidos cada año en California por las autoridades de inmigración, señaló hoy Human Rights Watch. Ante las nuevas políticas del gobierno de Trump que posiblemente incrementen la cantidad de detenciones y deportaciones, el estado de California debería tomar medidas para garantizar que los migrantes detenidos estén en condiciones dignas y humanas y tengan acceso a abogados.
El informe de Human Rights Watch, “‘Aún te necesito’: Detención y deportación de padres californianos”, se preparó a partir de datos obtenidos mediante una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), que se presentó a las autoridades inmigratorias federales. Los datos abarcan casi 300.000 casos de detenciones federales de inmigrantes en establecimientos en California, a lo largo de un período de cuatro años y medio. En ese lapso, se detuvo en California a un promedio de 65.000 inmigrantes por año en 15 establecimientos. Muchos eran padres de niños que tienen ciudadanía estadounidense. Si bien los registros de gran parte del período no especifican si los detenidos tenían hijos que fueran ciudadanos estadounidenses, este dato en general sí consta en los registros correspondientes a un lapso de nueve meses (octubre de 2014 a junio de 2015), y es posible deducir la información faltante aplicando métodos estadísticos. A partir de un análisis de los registros sobre ese período de nueve meses, Human Rights Watch concluyó que casi la mitad de los detenidos —el 42%— tenían hijos con ciudadanía estadounidense.
“Los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, incluidos aquellos que son padres de ciudadanos estadounidenses, nunca estuvieron tan amenazados, pero sobre todo, los derechos de las personas confinadas en el sistema de detención inmigratoria”, señaló Clara Long, investigadora del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Dado que el 15% de todos los detenidos por motivos inmigratorios en Estados Unidos están en California, es crucial que ese estado adopte leyes para hacer cumplir los estándares sobre la detención de personas en condiciones humanas y para subsanar las fallas en materia de debido proceso”.
La necesidad de garantías de derechos humanos para los inmigrantes detenidos es acuciante, sostuvo Human Rights Watch. El gobierno de Trump ha indicado su intención de que más personas queden alcanzadas por un sistema de detención que se distingue por sus condiciones punitivas y a menudo inhumanas, incluida atención médica de calidad inferior a la aceptable, lo cual ha contribuido a muertes de personas bajo custodia que podrían haber sido evitadas. En el contexto de la crisis actual de debido proceso en las decisiones judiciales sobre inmigración, el gobierno también ha anunciado que prevé ampliar los procedimientos de deportación por vía rápida, que se ha demostrado que menoscabaron la posibilidad de solicitantes de asilo y otras personas de acceder a audiencias justas.
Dos medidas que están siendo analizadas por la legislatura del estado de California abordarían las violaciones de derechos humanos en el contexto de las detenciones inmigratorias. Actualmente, la asamblea legislativa está considerando una revisión presupuestaria, presentada el 11 de mayo de 2017 por el gobernador Jerry Brown, que destinaría fondos estatales por USD 15 millones para asignar abogados a personas detenidas por motivos inmigratorios en California. Un estudio reciente concluyó que el 68% de los inmigrantes detenidos en California no cuentan con representación legal, y que los inmigrantes detenidos que tuvieron el apoyo de asesores legales en sus casos consiguieron una resolución favorable, y se les permitió quedarse en el país en una proporción cinco veces superior a la registrada entre quienes no tuvieron esta asistencia.
“Todas las personas deberían tener derecho a una resolución justa de los procedimientos de deportación”, destacó Long. “Las autoridades del estado deberían intentar resolver la fallas en el debido proceso para todas las personas detenidas por motivos inmigratorios, con independencia de cuál sea su situación o su historia”.
Otra medida, el Proyecto del Senado (Senate Bill) 29, exigiría que las cárceles de California cumplan ciertos estándares específicos sobre detención civil al confinar a inmigrantes, incluido el acceso a servicios legales, atención médica, protección frente a daños u hostigamiento, y privacidad. También prohibiría que un establecimiento de detención inmigratoria asigne involuntariamente a un detenido a unidades de confinamiento segregado en función de su género real o percibido, identidad de género, expresión de género u orientación sexual. El proyecto prohibiría que las ciudades y los condados de California renueven o celebren nuevos contratos con empresas penitenciarias con fines de lucro. Si bien Human Rights Watch no tiene ninguna posición con respecto al uso de establecimientos con fines de lucro, las demás disposiciones del proyecto serían herramientas sumamente importantes para prevenir los abusos en situaciones de detención.
“La consecuencia de que las autoridades inmigratorias no hagan cumplir los estándares aplicables puede ser literalmente la muerte”, apuntó Long. “California debería aprovechar esta oportunidad para garantizar que ningún inmigrante sea retenido dentro de sus fronteras en condiciones indignas, que no cumplan con los estándares correspondientes”.
Las autoridades inmigratorias detienen a personas que no son ciudadanas estadounidenses en 10 centros principales de detención inmigratoria de California que, según datos gubernamentales hasta el 5 de diciembre de 2015, alojaban a una población diaria promedio de 4.594. Además de estos establecimientos principales, por órdenes del ICE los detenidos podrían ser retenidos en otros centros antes de ser trasladados al establecimiento de detención inmigratoria principal. Entre el 1 de octubre de 2014 y el 30 de junio de 2015, las personas detenidas por el ICE fueron alojadas, al menos en forma provisoria, en más de 50 establecimientos en distintos puntos del estado.
