(Washington, DC) – La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos debería rechazar un peligroso proyecto inmigratorio que profundizaría aspectos abusivos del sistema inmigratorio estadounidense y quebrantaría la seguridad pública, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto legislativo, básicamente, criminalizaría la presencia de los 11 millones de inmigrantes no autorizados en EE. UU.
La “Ley Michael Davis, Jr. y Danny Oliver en honor a las autoridades estatales y locales de aplicación de la ley” [Michael Davis, Jr. and Danny Oliver in Honor of State and Local Law Enforcement Act], HR2431, patrocinada por el representante Raúl Labrador, de Idaho, está siendo tratada en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. El proyecto autorizaría a las autoridades locales de aplicación de la ley a actuar como funcionarios de inmigración, criminalizaría la inmigración no autorizada y ampliaría la definición federal de “delito agravado”, de modo de incluir más contravenciones de gravedad leve reguladas por los estados. En 2013 y 2015 se presentaron leyes muy similares, que no fueron finalmente sancionadas.
“Este proyecto no aporta nuevas ideas para abordar un sistema inmigratorio desvirtuado, sino que, en vez de ello, vuelve a proponer un repertorio de ideas inviables e injustas que ya han sido rechazadas antes”, dijo Grace Meng, investigadora sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “Este proyecto sumaría nuevos padecimientos inútiles a los inmigrantes y a sus familiares estadounidenses y comunidades, durante una gestión cuyas perniciosas políticas inmigratorias ya han llegado a puntos extremos”.
El proyecto HR 2431 concedería a los funcionarios de aplicación de la ley estatales y locales la facultad de investigar, identificar, interceptar, arrestar, detener o transferir bajo custodia federal a inmigrantes no autorizados a efectos de hacer cumplir las leyes federales inmigratorias. Human Rights Watch ha documentado los perjuicios significativos que sufren las comunidades cuando las autoridades de orden público locales están obligadas a hacer cumplir las leyes federales sobre inmigración, en vez de centrarse en delitos estatales y locales. Conceder esa facultad a las autoridades locales de aplicación de la ley también podría propiciar que estas actúen sobre la base de perfiles raciales.
El proyecto convertiría la presencia ilegal en Estados Unidos en un delito federal pasible de pena de seis meses de prisión, lo cual implica que todas las personas que hayan excedido el lapso de una visa de turista por un día estarían incurriendo en un delito federal. El proyecto también incrementaría las sanciones ya severas que se prevén para el reingreso ilegal, a pesar de que no hay ningún tipo de evidencias de que estos procesos efectivamente disuadan a las personas de intentar ingresar nuevamente en EE. UU. luego de una deportación. Este es particularmente el caso de la personas motivadas por el deseo de reunirse con sus familias o escapar de contextos de violencia y persecución.
El proyecto desborda aún más el sistema de justicia inmigratoria que ya está sobreexigido, al cambiar normas sobre prueba que están vigentes desde hace mucho tiempo. Asimismo, el proyecto HR2431 ampliaría la definición de delito agravado, y transformaría más contravenciones estatales en delitos que podrían conllevar la deportación automática y la separación familiar, incluso para quienes tengan tarjetas de residencia (green card). El cambio tendría efectos retroactivos, es decir, incluso delitos cometidos décadas antes podrían propiciar la deportación. La definición excesivamente amplia de “delito agravado” en la legislación inmigratoria federal ha llevado a la separación de innumerables familias, sin que se tomara debidamente en cuenta el tiempo que un inmigrante había estado en EE. UU., o sus vínculos familiares, servicio militar y otros factores. Un estudiante universitario detenido cuando llevaba siete comprimidos de Éxtasis, por ejemplo, está en la misma categoría que un narcotraficante.
“Este proyecto agravaría una situación que ya es terrible”, dijo Meng. “Los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes que forman parte de sus familias y comunidades merecen un sistema de inmigración justo y que funcione adecuadamente, algo que han reclamado durante décadas. El Congreso debería oír sus reclamos y darles respuesta”.
