© 2017 Mitch Blunt for Human Rights Watch

(Washington, DC) – Han surgidos nuevas evidencias sobre la peligrosa precariedad de la atención médica en establecimientos de detención inmigratoria en Estados Unidos, en un momento en que el gobierno de Trump intenta incrementar su uso, señalaron en un informe difundido hoy Human Rights Watch y Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (CIVIC), una organización que trabaja para que terminen las detenciones por motivos inmigratorios.
 

El informe de 104 páginas, “Systemic Indifference: Dangerous & Substandard Medical Care in Immigration Detention” [Indiferencia sistémica: atención médica peligrosa y precaria en centros de detención inmigratoria], revela fallas sistémicas, como demoras irrazonables en la atención y personal médico sin suficiente preparación, que probablemente expongan a una cantidad sin precedentes de personas a condiciones peligrosas por efecto de la intensificación de los planes de deportación y detención del presidente Donald Trump.

“Los datos revelan que hubo personas en centros de detención inmigratoria que murieron innecesariamente durante la gestión de Obama, aun cuando hubo intentos de implementar reformas”, apuntó Grace Meng, investigadora sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “El gobierno de Trump ya ha anunciado su intención de dar marcha atrás con reformas que fueron clave, y al mismo tiempo detener incluso a más inmigrantes, lo cual probablemente implicaría que más personas pudieran morir innecesariamente”.

New evidence has emerged of dangerously subpar medical care in United States immigration detention at a time when the Trump administration is seeking to increase its use.

El informe se elaboró a partir del análisis realizado por expertos médicos independientes de registros correspondientes a las investigaciones realizadas por el propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (US Immigration and Customs Enforcement) sobre 18 muertes ocurridas en situaciones de detención entre 2012 y 2015, y los registros médicos de otras 12 personas extraídos de 10 establecimientos administrados en forma privada y pública en el país. Human Rights Watch también entrevistó a más de 90 personas que están detenidas o lo estuvieron previamente, así como a familiares, abogados, defensores de temas de inmigración y expertos en salud correccional.

Los expertos médicos identificaron numerosos incidentes de atención médica precaria y peligrosa, como falta de seguimiento a síntomas que requerían atención; empleo de personal médico que posiblemente se extralimita en el ejercicio para el cual tiene experiencia y licencia; atención absolutamente inadecuada a personas con problemas de salud mental; uso indebido de la reclusión en condiciones de aislamiento para personas con problemas de salud mental; y lentitud en la respuesta a emergencias. Los expertos coincidieron en que esa atención insuficiente contribuyó a siete de 18 muertes.

Entre estas personas estaban Raúl Ernesto Morales Ramos, que murió de insuficiencia orgánica con signos de cáncer extendido en 2015, tras haber estado detenido en el Centro de Detención de Adelanto en California. Los dos expertos que analizaron los registros sobre la investigación de su muerte consideraron que hubo síntomas de cáncer generalizado dos años antes, pero que estos básicamente no se abordaron hasta un mes antes de que muriera. Durante este lapso, Morales-Ramos suplicó reiteradamente que le brindaran atención.

Tiombe Carlos, detenida en la Prisión del Condado de York en Pennsylvania, murió en 2013, en el segundo intento de suicidio que realizó en los dos años y medio que estuvo detenida. El personal sabía que tenía una condición de salud mental que requería atención sustancial, pero no definió un plan de tratamiento de la salud mental. Un experto describió la atención de la salud mental que había recibido como “absolutamente inadecuada”.

Diversos funcionarios del ICE en Hudson County Correctional Facility, Nueva Jersey, dijeron a Human Rights Watch que los pedidos de atención son analizados por enfermeras habilitadas y que se ve a todas las personas en un plazo de 24 horas. Pero los registros médicos de un hombre indicaban que cuando solicitó asistencia por un dolor abdominal tan agudo que, según escribió, “no podía caminar del dolor”, recién fue atendido un mes después.

Los expertos destacaron que, en varias instancias, hubo evidencias de prácticas médicas de calidad inferior a la correspondiente, que podían exponer a personas de todo un establecimiento al riesgo de daños graves, aun si esto no contribuía a su muerte. En el caso de un hombre que falleció en 2014, la investigación del ICE determinó que una enfermera profesional estaba intentando registrar signos vitales “de memoria” cuatro semanas después del hecho.

“Tan solo la cantidad y frecuencia de casos de atención médica inadecuada sugieren la existencia de una crisis que amerita medidas inmediatas”, sostuvo Christina Fialho, abogada y codirectora ejecutiva de CIVIC. “Los análisis de los expertos médicos confirman lo que durante años hemos escuchado de inmigrantes detenidos. Es tiempo de poner fin a las prácticas médicas precarias que cada año perjudican a tantas personas detenidas por motivos inmigratorios”.

Human Rights Watch y CIVIC concluyeron que el gobierno estadounidense no cuenta con medios efectivos para monitorear y corregir estos problemas en establecimientos bajo su control. Una auditoría realizada al Eloy Detention Center, en Arizona, por Operaciones de Control y Expulsión (Enforcement and Removal Operations) del ICE antes de que se produjeran una serie de suicidios indicó que había políticas y procedimientos adecuados para la intervención en materia de suicidios. No obstante, en investigaciones posteriores sobre las muertes, realizadas por la Oficina de Supervisión de Detenciones del ICE luego de los suicidios, se identificó que no había un plan de prevención de suicidios.

A su vez, en su informe anual al Congreso, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, un órgano con funciones de supervisión, envió al ICE 49 recomendaciones para mejorar las condiciones en un establecimiento que, si bien no se identifica por el nombre, es claramente Eloy. El ICE tardó dos años en contestar, y la oficina de derechos civiles concluyó que no había respondido adecuadamente a 30 de las recomendaciones. El Dr. Marc Stern, un especialista en salud correccional que analizó todos los documentos de este informe, concluyó que “a partir de las evidencias a las que tuve acceso en los casos que analicé, estamos ante un sistema fallido de atención de la salud de las personas detenidas, y sumar más detenidos a ese sistema no haría más que agravar la situación”.

Otros expertos que analizaron los registros de Human Rights Watch son el Dr. Allan Keller, especialista en el acceso de internos a la atención de la salud, y la Dra. Palav Babaria, directora administrativa de servicios ambulatorios de Alameda Health System en Oakland, California.
 

Una verdadera reforma para proteger los derechos de los hombres, las mujeres y los niños detenidos por motivos inmigratorios debería incluir una revisión profunda de las normas que, a menudo, obligan a detener a personas sin que haya motivos válidos

Grace Meng

investigadora sénior sobre EE. UU.

Actualmente, EE. UU. detiene a cerca de 40.000 personas por día, o más de 400.000 por año, lo que supone un costo anual de USD 2.000 millones. A muchas personas detenidas, la legislación estadounidense no les permite tener una audiencia de fijación de fianza para determinar si su detención es necesaria. El pedido reciente del gobierno de Trump de que se asignen fondos adicionales había incluido una solicitud de USD 1.200 millones para ampliar la capacidad de detención de 34.000 plazas a un número sin precedentes de 45.700. Es probable que parte de los USD 1.500 millones destinados a seguridad fronteriza en el acuerdo de asignaciones informado se usen para incrementar las deportaciones y las detenciones, y que se soliciten fondos adicionales para el presupuesto definitivo correspondiente al año fiscal 2018.

En California, el estado donde hay más detenciones de migrantes después de Texas, se está analizando un proyecto legislativo que podría mejorar las condiciones. El Proyecto del Senado 29, denominado “Dignidad, y no detención” [Dignity Not Detention], exigiría que las localidades que tienen detenidos a inmigrantes en nombre del gobierno federal adopten los Estándares Nacionales de Detención basados en el Desempeño de 2011 (2011 Performance-Based National Detention Standards) y dispongan la exigibilidad de esos estándares por la Fiscalía General de California y por abogados de distrito locales y municipales.

“El sistema de detención estaba sobrepasado y exacerbado, y los mecanismos de supervisión no tenían ninguna efectividad incluso antes de que resultara electo el presidente Trump”, observó Meng. “Una verdadera reforma para proteger los derechos de los hombres, las mujeres y los niños detenidos por motivos inmigratorios debería incluir una revisión profunda de las normas que, a menudo, obligan a detener a personas sin que haya motivos válidos”.