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EE. UU.: 14 recomendaciones para una verdadera reforma policial

Mejorar la seguridad pública reduciendo la actuación policial e invirtiendo en las comunidades

Police officers wait while people experiencing homelessness collect their belongings during a sweep of their encampment under a San Francisco, California freeway, March 1, 2016. © 2016 Ben Margot/AP

(Nueva York, NY) – Los gobiernos locales, estatales y federal de Estados Unidos deben realizar mucho más que cambios superficiales y repensar de manera radical la seguridad pública limitando el alcance de la actuación policial, invirtiendo en servicios comunitarios y asegurando que los agentes que cometen abusos respondan por sus acciones, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. En el informe se presenta una descripción detallada de los problemas generalizados en la actuación policial, además de “14 recomendaciones para la reforma de las fuerzas policiales”.

El informe “A Roadmap for Reimagining Public Safety in the United States: 14 Recommendations on Policing, Community Investment, and Accountability” (Hoja de ruta para repensar la seguridad pública en Estados Unidos: 14 recomendaciones sobre actuación policial, inversión comunitaria y rendición de cuentas), de 29 páginas, propone que los fondos empleados para la actuación policial se reorienten a financiar servicios sociales, soluciones habitacionales asequibles, escuelas, sistemas de atención de la salud basados en la comunidad  —en particular, los servicios de salud mental y el tratamiento voluntario por consumo de drogas— y el desarrollo económico local. Al reorientar recursos de la actuación policial a servicios que aborden con eficacia los problemas sociales y establecer un mecanismo eficaz e independiente de supervisión de la policía, se podrían limitar los perjuicios causados por esa fuerza y mejorar la seguridad pública.

“A los cuerpos policiales, cuyas funciones principales son la autoridad y la fuerza, se les asigna la tarea de responder a problemas de la sociedad para los cuales no han sido preparados, como es el caso de la situación de calle, las condiciones de salud mental o la pobreza”, apuntó John Raphling, investigador sénior del sistema penal de EE. UU. en Human Rights Watch. “Esto desafortunadamente origina encuentros violentos que podrían evitarse y perjudican la seguridad general, especialmente en las comunidades de personas negras y morenas”.

Las muertes por policías, como las de George Floyd y Breonna Taylor, son apenas los ejemplos más resonantes de violencia policial generalizada en todo Estados Unidos, explicó Human Rights Watch. La policía causa la muerte de cerca de 1.100 personas cada año —de estas, una marcada proporción son negras— y también interviene en aplicación masiva de violencia de intensidad menor, que incluye mordeduras de perros y el uso de armas “menos letales” como las pistolas paralizantes, durante acciones de acoso como detenciones y registros agresivos e innecesarios, que también tienen como objeto, en un porcentaje desproporcionado, a personas negras. Las leyes y políticas locales, estatales y federales permiten a los departamentos de policía investigar los actos de conducta indebida dentro de la misma fuerza y eliminar o limitar los mecanismos de rendición de cuentas que podrían contribuir a contrarrestar esta violencia.

Para conseguir resultados eficaces, las iniciativas de reforma policial deben abordar las desigualdades raciales y económicas y otros problemas sociales, en algunos casos provocados por la misma actuación policial. La pobreza en EE. UU., que se encuentra estratificada en función de delineamientos raciales, así como la grave desinversión en servicios sociales y desarrollo comunitario, han contribuido a la situación de calle de muchas personas, la falta de atención de la salud mental, el desempleo, la falta de escolarización de calidad y otros problemas. También han favorecido que haya índices de criminalidad más elevados en vecindarios de comunidades negras y de bajos recursos.

Especialmente desde las acciones de “tolerancia cero con la criminalidad” y la “guerra contra las drogas” que se implementaron en la década de 1970, los gobiernos en todos los niveles, durante décadas, han invertido en actuación policial, procesos judiciales y cárceles como sus principales herramientas, en vez de invertir en abordar estos problemas fundamentales para mejorar la seguridad pública y la calidad de vida. Al adoptar estos enfoques, no se han resuelto problemas sociales de fondo, y al mismo tiempo se ha creado un sistema de encarcelamiento masivo y actuación policial intensiva que ha tenido consecuencias devastadoras y desproporcionadas para las personas negras.

“La violencia policial, sobre todo aquella orientada a las personas negras, y que incluye desde muertes hasta detenciones y registros abusivos, es una de las principales manifestaciones del racismo estructural en EE. UU.”, destacó Raphling. “Hasta que los gobiernos decidan invertir en apoyar a las comunidades en vez de criminalizarlas y controlarlas, esa violencia no se detendrá”.

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