(Washington D.C.) – Texas ha detenido a más de 1500 migrantes desde marzo de 2021 en el marco de un operativo discriminatorio y abusivo dirigido a arrestar, procesar y encarcelar a presuntos migrantes por infracciones estatales de baja gravedad, señaló hoy Human Rights Watch. El Departamento de Justicia de Estados Unidos debería actuar con rapidez para poner fin a este programa.
El operativo Lone Star, que puso en marcha el gobernador Greg Abbott, se basa en un discurso xenófobo que asocia a los migrantes con la delincuencia y la inseguridad. Tiene por objeto “afrontar... la crisis en la frontera sur” relacionada con la migración. Se ha movilizado a miles de miembros de la Guardia Nacional de Texas, que integra la reserva militar de EE. UU., y policías estatales de Texas con el fin de disuadir y detener a migrantes a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México.
“El operativo Lone Star ha dado lugar a graves abusos del debido proceso y de los derechos civiles, ha ridiculizado al sistema judicial de Texas y ha fomentado una xenofobia peligrosa”, explicó Nicole Austin-Hillery, directora ejecutiva del Programa sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “El Departamento de Justicia debería investigar con urgencia estos abusos y adoptar todas las medidas a su alcance para que cesen, además de asegurar que haya rendición de cuentas en las instancias en las que se violen los derechos de los migrantes”.
La política ha permitido que funcionarios de aplicación de la ley de Texas detengan a migrantes por señalamientos falsos de ingreso irregular en propiedad privada, o incluso induzcan a los migrantes a ingresar en propiedad privada para luego detenerlos. Las personas detenidas han sido encarceladas durante semanas o meses, en varios casos en condiciones abusivas, sin que se presenten cargos o sin acceso a abogados. La gran mayoría de los cargos al final fueron retirados o desestimados. El operativo ha generado un aumento en el número de personas en prisión preventiva en el estado, y ha atentado así contra los objetivos de las reformas al sistema de justicia penal.
El uso de cerca de 2.500 miembros de la Guardia Nacional de Texas para llevar a cabo detenciones, en lo que representa una respuesta sumamente militarizada por parte de una fuerza que no está capacitada para intervenir en acciones de aplicación de la ley penal, resulta muy preocupante desde el punto de vista de los derechos humanos, explicó Human Rights Watch. Ni los miembros de la Guardia Nacional ni los policías del estado se encuentran autorizados por la ley federal ni han recibido capacitación para hacer cumplir las leyes federales sobre inmigración, y aplicar las leyes sobre ingreso indebido en propiedad privada contra quienes cruzan la frontera parece ser un intento mal disimulado de extralimitarse en esta facultad federal por parte de Texas.
Muchos de los más de 1500 migrantes que han sido arrestados son solicitantes de asilo que creyeron que finalmente habían llegado a un lugar seguro. A menudo, durante las detenciones se produjeron violaciones de los derechos de debido proceso. Apenas el 3 % de los acusados han recibido condena, y en todos esos casos la persona se había declarado culpable.
En los medios de comunicación se ha indicado que algunas de las detenciones ocurridas como parte del operativo eran cuestionables, y que esto hizo que los cargos contra los migrantes se retiraran o desestimaran. Por ejemplo, con la colaboración de agentes de la Patrulla Fronteriza, la policía habría obligado a un grupo de 11 migrantes a ingresar marchando en propiedad privada y luego habría detenido a esas personas por ingreso no autorizado. En otro caso, según lo informó un fiscal, las grabaciones efectuadas por cámaras corporales muestran que policías del estado ubicados frente al ingreso a una propiedad privada se hicieron a un costado para permitir que los migrantes pasaran, e inmediatamente después los arrestaron por violación de domicilio una vez que habían cruzado el límite de la propiedad.
“La operación Lone Star parece haber sido pensada para seguir criminalizando a las comunidades de personas latinas, negras y otras comunidades interceptando y deteniendo a sus miembros sobre la base de cargos inventados que, a menudo, no resisten ningún análisis de legalidad”, exclamó Carolina Canizales, del Immigrant Legal Resource Center. “La operación ha facilitado acciones ilegítimas por parte de agentes gubernamentales y de aplicación de la ley de manera sistémica. El Departamento de Justicia debería actuar de inmediato para bloquear esta política”.
Muchas de las personas detenidas han estado privadas de la libertad por semanas o meses sin que se presentaran cargos en su contra y sin que se les concediera la posibilidad de fianza, audiencias judiciales o acceso a asesoramiento letrado. Diversos abogados indicaron a Human Rights Watch que han tenido que presentar recursos de habeas corpus para que los funcionarios de Texas cumplieran con lo que establece la ley y dispusieran su liberación. A su vez, las autoridades de Texas han implementado una práctica discriminatoria que consiste en detener a los migrantes en cárceles estatales, en vez de en centros de detención locales donde habitualmente se aloja a personas acusadas de algún delito antes de que se dicte condena.
Varios abogados que representan a migrantes detenidos manifestaron conocer al menos seis casos de niños y niñas que actualmente están encarcelados debido a esta política. Si bien las leyes de Texas permiten juzgar como adultos a quienes tengan 17 años, el derecho federal establece protecciones especiales importantes que deberían aplicarse a los niños y niñas que están en situación de migrantes no acompañados.
Los abogados también indicaron que sus clientes enfrentaban condiciones de detención inhumanas, que incluían alimentos contaminados con heces o insectos, espaciamiento excesivo de las comidas al punto de perder peso, y negación del acceso a tiempo de esparcimiento al aire libre por períodos de varios días seguidos. Durante la detención, algunos se han visto obligados a firmar documentos oficiales en inglés, que no entendían, en los cuales a veces se indicaba falsamente que los migrantes habían renunciado a su derecho a un abogado , según lo informó un grupo de incidencia de Texas.
El gobernador Abbott y su vicegobernador han usado mensajes xenófobos alarmistas para justificar el operativo, incluido el uso de retórica que asocia a los migrantes con actividades delictivas y con inseguridad, así como señalamientos de “invasión”. En un discurso pronunciado en junio, Abbott dejó en claro que el objetivo de la política es “iniciar el… proceso de detención de personas que llegan cruzando la frontera” y que el gobierno del estado pretende que “[a los migrantes] se los procese penalmente, se los encarcele, permanezcan en prisión y se genere un entorno en el cual las personas prefieran no desear atravesar la frontera hacia el estado de Texas… pues no existe la alfombra roja que el gobierno federal pretende implantar”.
Parte de esta retórica parece haber atraído a milicias, es decir, civiles armados que intentan realizar acciones de aplicación de la ley sin ningún tipo de supervisión, rendición de cuentas ni entrenamiento. Las organizaciones de derechos de inmigrantes en Texas han manifestado profunda consternación por la posibilidad de que se produzcan incidentes de violencia relacionados con el supremacismo blanco. En 2019, tras el incidente armado en el Walmart de El Paso, cuando un hombre que afirmó querer “detener la invasión hispana de Texas” mató a 23 personas, casi todas de ascendencia mexicana, el gobernador Abbott instó a hacer frente al “surgimiento de grupos extremistas e ideologías de odio”. Sin embargo, la retórica y las acciones de su administración siguen atizando la histeria contra los inmigrantes.
“Texas tiene un historial de explotar la inmigración para atacar a migrantes”, expresó Claudia Muñoz, codirectora ejecutiva de Grassroots Leadership, con sede en Austin, Texas. “El operativo Lone Star, una política que responde a criterios racistas, es el intento más reciente de apelar al extremismo antiinmigratorio, que pone en riesgo a las personas que cruzan la frontera y a las comunidades en zonas fronterizas”.
Algunos funcionarios del condado de Kinney, uno de los dos condados que hasta ahora han llevado a cabo detenciones en el marco de este operativo, parecen avalar la presencia de estas milicias antiinmigratorias en sus condados, como “Patriots for America”, según surge de informes periodísticos que se citan en una solicitud de información pública que presentaron American Civil Liberties Union-Texas y Texas Civil Rights Project.
El líder de “Patriots for America” ha manifestado estar actuando en coordinación con autoridades de aplicación de la ley. El Departamento de Seguridad Pública de Texas advirtió posteriormente que quitaría recursos al condado de Kinney si permitía que operen allí las milicias, y destacó que las detenciones de migrantes por ciudadanos particulares podían constituir secuestros.
Desde hace décadas, las comunidades en la frontera han sido objeto de acciones abusivas basadas en criterios raciales. El operativo Lone Star otorga a la policía y a los reservistas militares del estado más incentivos y oportunidades para actuar de esa forma, apuntó Human Rights Watch.
“El Departamento de Justicia asume una defensa admirable de la libertad reproductiva y los derechos de voto en Texas, pero muestra una inacción alarmante en lo que respecta a estos abusos del estado contra los migrantes”, opinó Austin-Hillery. “El trato abusivo de Texas hacia los migrantes y los solicitantes de asilo requiere de una intervención federal urgente”.
