(São Paulo) – Las instituciones democráticas de Brasil deberían proteger el derecho al voto y la libertad de expresión de cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, frente a los intentos del presidente Jair Bolsonaro de socavar el sistema electoral y debilitar el Estado de derecho y las libertades fundamentales, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2022.
En 2021, el presidente Bolsonaro siguió propagando información falsa sobre las vacunas contra el Covid-19 y su gobierno no adoptó medidas para abordar el gravísimo impacto de la pandemia en la educación. En octubre, una investigación del Senado documentó otras serias deficiencias en la respuesta del gobierno a la pandemia y aportó pruebas de corrupción en la compra de vacunas.
El gobierno de Bolsonaro también promovió políticas que violan los derechos humanos en otras áreas, como los derechos de las comunidades indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y la libertad de expresión. Los homicidios causados por policías han llegado a números sin precedentes, mientras que la deforestación de la Amazonía alcanzó el nivel más alto desde 2006.
“El presidente Bolsonaro ha intentado debilitar los pilares de la democracia atacando al poder judicial y repitiendo alegaciones infundadas de fraude electoral”, dijo Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “A medida que se acercan las elecciones de octubre, el Tribunal Supremo Federal, el Tribunal Superior Electoral, el Ministerio Público, el Congreso y otras instituciones democráticas deberían mantenerse alerta y resistir cualquier intento del presidente Bolsonaro de negar a los brasileños el derecho a elegir a sus representantes”.
En el Informe Mundial 2022 de 752 páginas, su 32º edición, Human Rights Watch analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países. El director ejecutivo Kenneth Roth desafía la noción convencional de que la autocracia está en auge en todo el mundo.
Las elecciones presidenciales y legislativas pondrán a prueba la fortaleza de la democracia brasileña ante las amenazas del presidente Bolsonaro, un ferviente defensor de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985, señaló Human Rights Watch. En septiembre, el presidente hizo su intento más reciente de intimidar al Supremo Tribunal Federal, que supervisa investigaciones penales contra él. También hizo afirmaciones falsas que parecían orientadas a generar desconfianza respecto a los resultados de elecciones democráticas. El Supremo Tribunal Federal ha rechazado enérgicamente las “amenazas a su independencia o intimidaciones”, mientras que el Tribunal Superior Electoral ha refutado las acusaciones infundadas de fraude electoral realizadas por el presidente.
El gobierno de Bolsonaro también ha promovido procesos penales contra al menos 17 personas por emitir críticas, en algunos casos mediante la Ley de Seguridad Nacional, que databa del período de la dictadura militar. Si bien muchos de los procesos se han cerrado, estas acciones transmiten el mensaje de que criticar al presidente puede ser causa de persecución. En agosto, el Congreso derogó la Ley de Seguridad Nacional, pero no ha derogado disposiciones similares del Código Penal que castigan la difamación con penas de prisión y pueden usarse para reprimir la libertad de expresión.
El presidente Bolsonaro también ha bloqueado a medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y otros usuarios en las cuentas de redes sociales que utiliza para divulgar información de interés público o tratar asuntos públicos.
Una investigación parlamentaria demostró que la desastrosa respuesta del gobierno frente a la pandemia ha puesto en riesgo la salud y la vida de los brasileños al, entre otras cosas, desestimar las medidas científicas para contener al virus y promover fármacos de eficacia no comprobada para tratarlo. Además, la investigación reveló que las autoridades no realizaron las gestiones necesarias a nivel nacional y local para evitar la escasez de oxígeno en hospitales, lo cual probablemente contribuyó a la muerte de pacientes en la ciudad de Manaus. El Ministerio Público debería analizar el informe con mucha atención y presentar cargos en los casos en que las pruebas lo ameriten, dijo Human Rights Watch.
Los homicidios causados por la policía llegaron al nivel más alto del que se tiene registro en 2020, el último año para el cual hay estadísticas. Cerca del 80 % de las víctimas eran personas negras. En Río de Janeiro, la policía hizo caso omiso a una orden del Supremo Tribunal Federal que prohibió las operaciones policiales en barrios de bajos ingresos durante la pandemia, excepto en “casos absolutamente excepcionales”. El presidente Bolsonaro ha alentado la violencia policial y ha defendido un proyecto legislativo que haría más difícil sancionar a policías por abusos.
Si bien el gobierno prometió en foros internacionales que protegería la Amazonía, ha impulsado políticas orientadas a acelerar su destrucción. El presidente Bolsonaro ha promovido proyectos legislativos para negar a numerosos pueblos indígenas el derecho a sus tierras tradicionales y para legalizar, en la práctica, las operaciones de minería ilegal que allí existen. Los datos del propio gobierno muestran que la deforestación en la Amazonía llegó al nivel más alto en los últimos 15 años.
“En respuesta a la gran indignación tanto en Brasil como a nivel internacional, el gobierno de Bolsonaro se ha comprometido a proteger los bosques, pero los datos oficiales sugieren que estas son promesas vacías”, observó Canineu. “El presidente Bolsonaro debe mostrar resultados concretos de reducción de la deforestación y poner fin a la impunidad en relación a delitos ambientales y a la violencia contra defensores del medio ambiente”.
