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Brasil: Represión contra quienes critican la respuesta al Covid-19

El gobierno de Bolsonaro aplica una ley de la dictadura para intimidar y amenazar

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asiste a una ceremonia en el Palacio Presidencial en Brasilia sin mascarilla, acompañado de ministros y otras autoridades, la mayoría de los cuales están usando mascarilla, el 7 de septiembre de 2020. © Marcelo Camargo/Agência Brasil

(São Paulo) – El gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está usando una ley represiva adoptada durante la dictadura (1964-1985) para pedir penas de prisión contra quienes han criticado su desastrosa respuesta a la pandemia de Covid-19, señaló hoy Human Rights Watch.

A solicitud del gobierno, la Policía Federal ha abierto investigaciones penales basándose en la Ley de Seguridad Nacional de 1983 contra por lo menos cuatro personas por haber criticado al gobierno desde junio de 2020.

El gobierno también ha solicitado que se investigue penalmente a un magistrado del Supremo Tribunal sobre la base de esa misma ley, y a dos periodistas invocando otra ley. La Policía Federal y la Fiscalía no han indicado si han abierto investigaciones en esos tres casos.

“La Ley de Seguridad Nacional otorga protección especial a la reputación del presidente y otras altas autoridades, así como a la reputación de las Fuerzas Armadas, una protección de la cual no gozan los demás ciudadanos o instituciones brasileñas”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En un país democrático que protege la libertad de expresión, los ciudadanos deberían poder monitorear y criticar a las autoridades, y poder debatir libremente cuestiones de interés público sin temor a sufrir represalias ni castigos”.

El 15 de junio, el Ministro de Justicia, André Mendonça, dijo en Twitter que le había pedido a la Policía Federal y a la Fiscalía General que investigaran a Renato Aroeira por publicar una caricatura y al periodista Ricardo Noblat por compartirla en internet.

La caricatura muestra al presidente Bolsonaro con una brocha en la mano tras haber pintado los extremos de una cruz roja para convertirla en una esvástica mientras dice: “¿Vamos a invadir otro?”, en referencia a un video en el que exhortó a sus partidarios a invadir hospitales para ver si sus camas efectivamente estaban ocupadas por pacientes de Covid-19, un hecho que el mandatario cuestionaba.

Mendonça afirmó que la caricatura de Aroeira –y su difusión en internet por Noblat – violaba el artículo 26 de la Ley de Seguridad Nacional, que castiga con hasta cuatro años de cárcel a quien calumnie o difame a los presidentes de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados y del Tribunal Supremo.

El 7 de julio, Mendonça dijo en Twitter que le pediría a la Policía Federal que investigara al columnista Helio Schwartsman, también conforme al artículo 26, por un artículo de opinión en el que acusaba a Bolsonaro de sabotear los esfuerzos por contener el Covid-19 y decía que esperaba que muriera el presidente, a quien en ese momento le habían diagnosticado el virus, porque su muerte salvaría vidas.

La Policía Federal abrió investigaciones en los tres casos. El Tribunal Superior de Justicia suspendió temporalmente la investigación contra Schwartsman.

El 14 de julio, el Ministerio de Defensa solicitó a la Fiscalía General que investigara al magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes por criticar al Ministerio de Salud, dirigido por un general en activo, por no haber actuado para frenar la propagación del Covid-19, y por decir que “el Ejército se está implicando en un genocidio”. El Ministerio de Defensa afirmó que esa declaración violaba el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, que castiga con hasta cuatro años de prisión a quien “incite a la animosidad contra las Fuerzas Armadas o entre ellas y las clases sociales o instituciones civiles”, así como otras disposiciones establecidas en los códigos penal y militar.

La Fiscalía General no ha dicho si ha abierto una investigación en ese caso.

El 20 de julio, Mendonça envió un pedido por escrito al director de la Policía Federal para que investigara al abogado defensor penalista Marcelo Feller por violar el artículo 26 de la Ley de Seguridad Nacional. Durante un debate televisivoacerca del comentario del magistrado Mendes sobre el Ejército, Feller citó un estudio según el cual las declaraciones del presidente Bolsonaro provocaban que algunas personas no tomaran medidas adecuadas contra el Covid-19 y que, por lo tanto, el mandatario era responsable de al menos el 10 % de las muertes por Covid-19 que se habían producido en Brasil.

Ocho días después, la Policía Federal abrió una investigación contra el abogado, dirigida por su departamento de contrainteligencia. Feller dijo a Human Rights Watch que recién se enteró de la investigación el 13 de enero de 2021, cuando la Policía Federal lo llamó para declarar.

“Intentan silenciarme”, afirmó Feller.

El 21 de enero de 2021, un fiscal federal cerró la investigación policial contra Feller, manifestando que la Ley de Seguridad Nacional no puede ser utilizada “para perseguir a cualquier persona que se oponga al gobierno de manera lícita, formulando críticas u opiniones que no son favorables al gobierno, por muy duras que sean”. Dos días después, el Tribunal Superior de Justicia también suspendió la declaración de Feller ante la policía, al concluir que no había cometido delito alguno.

El 10 de enero, Mendonça publicó en Twitter que pediría a la policía que investigara a dos periodistas “por instigar a dos presidentes a cometer suicidio”. Se refería al escritor Ruy Castro, quien expresó en un artículo de opinión que si el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseaba convertirse en mártir, podría suicidarse, y que el presidente Bolsonaro podría imitarlo. El ministro también se refería al periodista Noblat, quien había compartido la columna en internet.

Mendonça acusó a ambos de violar el artículo 122 del Código Penal, que castiga a quien “induzca o instigue” un suicidio con hasta cuatro años de cárcel. Ese artículo tiene por objeto penar conductas que puedan provocar un suicidio, lo cual no es el caso en esta situación, en donde el artículo está siendo utilizado para cercenar la libertad de expresión, afirmó Human Rights Watch.

Human Rights Watch señaló que las leyes penales sobre difamación son incompatibles con la obligación de proteger la libertad de expresión, conforme a las normas internacionales de derechos humanos.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión manifestó en 2000 que la pena de prisión nunca debía aplicarse como castigo por difamación, y recomendó que los países derogaran sus leyes penales sobre difamación.

El artículo 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2000, establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

La relatora especial de la Comisión Interamericana sobre libertad de expresión ha manifestado que “el uso de mecanismos penales para castigar la expresión en cuestiones de interés público o sobre funcionarios públicos puede constituir una forma de censura indirecta debido a su efecto intimidatorio e inhibidor en el debate público”.

“El presidente Bolsonaro, un abierto defensor del gobierno militar que rigió Brasil en el pasado, está utilizando una ley represiva de la dictadura para intentar intimidar y silenciar a quienes no piensan igual que él”, afirmó Vivanco. “El Congreso debería adaptar las leyes de Brasil a los estándares internacionales de derechos humanos y revocar los artículos 23, 26 y otros de la Ley de Seguridad Nacional que violan la libertad de expresión”.

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