(Nueva York) – América Latina está enfrentando algunos de los desafíos más graves en materia de derechos humanos en décadas, señaló hoy Human Rights Watch al presentar su Informe Mundial 2022.
“El alarmante retroceso de las libertades fundamentales en América Latina nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. “Incluso líderes que llegaron al poder mediante elecciones democráticas han atacado a la sociedad civil independiente, la libertad de prensa y la independencia judicial. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y países, y la pandemia ha tenido un impacto económico y social devastador”.
En el Informe Mundial 2022 de 752 páginas, su 32º edición, Human Rights Watch analiza las condiciones de derechos humanos en casi 100 países. El director ejecutivo Kenneth Roth desafía la noción convencional de que la autocracia está en auge en todo el mundo.
El gobierno cubano llevó a cabo abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos, en respuesta a protestas mayormente pacíficas en contra del gobierno.
Las elecciones de noviembre en Nicaragua se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas. De cara a los comicios, el gobierno de Daniel Ortega detuvo y procesó arbitrariamente a críticos y opositores, incluyendo a siete candidatos presidenciales, y mantuvo a muchos de ellos incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses. Estas detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen encarceladas arbitrariamente en el contexto de la crisis de derechos humanos que inició en 2018.
En noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la gestión de Nicolás Maduro. Expertos independientes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU concluyeron que las autoridades judiciales habían sido cómplices de abusos aberrantes. La misión electoral independiente de la Unión Europea, que observó las elecciones regionales de noviembre, informó que algunos opositores políticos seguían inhabilitados de forma arbitraria para postularse a cargos públicos, que hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, y que la falta de independencia judicial y de respeto al Estado de derecho habían afectado la transparencia e imparcialidad de las elecciones. Human Rights Watch ha denunciado la arremetida contra opositores y la desigualdad de condiciones para competir en elecciones, lo cual dificultó que todos los votantes pudieran ejercer sus derechos libremente.
También hubo intentos reiterados de debilitar el Estado de derecho por parte de líderes con tendencias autoritarias que fueron electos democráticamente.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro, un defensor de la dictadura militar (1964-1985), intentó intimidar al Tribunal Supremo por medio de insultos y amenazas e hizo alegaciones infundadas de fraude electoral.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por cooptar el sistema judicial para perseguir a enemigos políticos. En noviembre, decretó que los proyectos prioritarios de su gobierno reciban permisos automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos, y que sean exentos de las reglas de transparencia.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele y sus aliados en la legislatura reemplazaron sumariamente a los magistrados de la Corte Suprema con quienes diferían y promulgaron leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores. Los nuevos magistrados designados a la Corte Suprema resolvieron que Bukele podía postularse a la reelección consecutiva, a pesar de una disposición constitucional que lo prohíbe. El gobierno también propuso una ley de “agentes extranjeros” que, de ser aprobada, podría limitar gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil.
Por su parte, en Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, diversos esfuerzos orientados a debilitar la independencia judicial o a utilizar el sistema de justicia con fines políticos han amenazado el sistema democrático de pesos y contrapesos.
En Colombia, miembros de la Policía Nacional respondieron a protestas mayormente pacíficas dispersando de manera arbitraria a manifestantes y recurriendo a un uso excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de municiones letales. La violencia y los abusos por parte de grupos armados, que incluyen asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, se agudizaron en zonas remotas donde la presencia de instituciones públicas civiles y las oportunidades económicas son escasas. Según la ONU, más de 450 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos.
Colombia —al igual que Chile, Ecuador y Perú, donde las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra manifestantes en los últimos años— aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial, ni un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos. En Brasil, la policía mató a 6.400 personas en 2020, la mayor cifra registrada a la fecha. Cerca del 80 % de las víctimas fueron personas negras.
Algunos gobiernos han usado la pandemia de Covid-19 como pretexto para violar derechos. El gobierno guatemalteco arremetió contra los medios de comunicación e impuso restricciones al acceso a la información sobre la pandemia. En Brasil, el presidente Bolsonaro hizo caso omiso de las recomendaciones científicas, difundió información falsa y promovió tratamientos contra el virus sin eficacia comprobada.
En muchos países, niños y niñas enfrentaron obstáculos para acceder a la educación como resultado de restricciones relacionadas con la pandemia.
La emergencia humanitaria en Venezuela, que precede a la pandemia, dejó al país en una situación desastrosa para enfrentarla. Millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria, pero la respuesta internacional no ha recibido el financiamiento necesario. El Programa Mundial de Alimentos estima que uno de cada tres venezolanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria.
La pandemia y la crisis económica asociada a ella, el homicidio del presidente Jovenel Moïse y un terremoto de magnitud 7,2 exacerbaron la inestabilidad política que ya atravesaba Haití, así como la violencia que ejercen las pandillas, que muchas veces tienen nexos con actores estatales. Haití enfrenta dificultades crónicas para responder a las necesidades básicas de su población.
A pesar del cierre de fronteras, millones de personas han huido forzosamente de sus hogares. Más de seis millones de venezolanos han huido del país. Muchos de ellos tienen dificultades para obtener estatus legal en los países de acogida y enfrentan deportaciones arbitrarias, xenofobia y abusos por parte de funcionarios de migración. Más de 110.000 nicaragüenses han huido de su país desde 2018. Cientos de miles de personas huyen del triángulo norte de Centroamérica cada año. Muchos de los que huyen en busca de protección transitan por México, donde sufren violencia, discriminación y abusos por parte de grupos criminales y autoridades mexicanos.
Ha habido unos pocos acontecimientos alentadores. En diciembre de 2020, Argentina aprobó un proyecto para legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, y en 2021 cuatro estados de México despenalizaron el aborto en las primeras 12 semanas. La Corte Constitucional del Ecuador y la Suprema Corte de México dieron un paso para flexibilizar las restricciones al aborto, lo cual podría impulsar más avances.
El Senado mexicano aprobó una reforma histórica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que los albergues y Centros de Justicia para las Mujeres sean accesibles para las mujeres con discapacidad. El Congreso de Chile aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer las identidades de género no binarias en los documentos de identidad oficiales.
El Tribunal Supremo de Brasil ha bloqueado algunas de las políticas más perniciosas del presidente Bolsonaro y ha defendido los derechos humanos. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala ha seguido alertando sobre los intentos para cercenar derechos fundamentales en el país, a pesar de enfrentar varios esfuerzos del Congreso para remover al procurador de su cargo y una posible investigación penal por promover los derechos de las personas LGBT y los derechos sexuales y reproductivos.
“Muchos periodistas, defensores de derechos humanos y jueces valientes en la región han desempeñado un papel extraordinario al exponer abusos y actuar como frenos al poder ejecutivo”, expresó Taraciuk Broner. “Es fundamental que se sigan apoyando los esfuerzos cruciales que realizan estas personas para proteger el Estado de derecho, las libertades fundamentales y las instituciones democráticas en un período de graves riesgos para la región”.
