El 6 de junio, los peruanos eligieron a Pedro Castillo como presidente en elecciones que observadores internacionales describieron como libres y justas. La contrincante de Castillo, Keiko Fujimori, realizó señalamientos infundados de fraude electoral y recurrió a la justicia y a presiones políticas para intentar que se anularan las elecciones. Los pedidos de Fujimori se desestimaron, y el 19 de julio las autoridades electorales peruanas proclamaron a Castillo presidente.
Los avances en las investigaciones penales sobre graves abusos cometidos durante los 20 años del conflicto armado interno, que concluyó en el año 2000, siguen siendo lentos y limitados. Persisten graves preocupaciones como la violencia contra las mujeres, los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y las amenazas a la libertad de expresión.
El Covid-19 y las medidas impuestas para prevenir su propagación han tenido un impacto devastador en la pobreza y la desigualdad, con graves efectos para los derechos sociales y económicos.
Derecho a votar y a postularse a cargos públicos
Observadores internacionales, incluyendo de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, describieron las elecciones presidenciales de Perú que se celebraron el 6 de junio como libres y justas.
Cuando los resultados del escrutinio rápido indicaron que Castillo había ganado, Fujimori afirmó que hubo fraude y presentó cientos de demandas infundadas para intentar anular cientos de miles de votos emitidos por votantes de Castillo, en su mayoría de zonas de bajos recursos y rurales. Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, no presentaron evidencias creíbles para fundamentar sus denuncias.
Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y otras autoridades han enfrentado en reiteradas oportunidades acciones de intimidación durante las campañas electorales y el proceso de conteo de votos. En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor del presidente del JNE Jorge Luis Salas Arenas y del fiscal José Domingo Pérez, que supervisa causas de corrupción de alto perfil, incluyendo contra Keiko Fujimori.
Mientras se contaban los votos, varios partidos políticos, incluyendo el partido Fuerza Popular de Fujimori, aceleraron un proceso para designar a seis jueces en el Tribunal Constitucional al margen de la sesión ordinaria del Congreso y sin observar los estándares legales. Muchos consideraron que esta maniobra era un intento de cambiar la composición de este tribunal para luego pedir la anulación judicial de las elecciones, entre otros objetivos. En julio, un tribunal concedió una medida provisional que ordenaba al Congreso suspender la selección de magistrados. Muchos legisladores anunciaron que no acatarían la resolución, pero no pudieron obtener la mayoría necesaria para designar a nuevos jueces.
Juicios por abusos del pasado
Los esfuerzos por juzgar graves abusos cometidos durante el conflicto armado han tenido resultados mixtos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú estima que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas por parte de Sendero Luminoso, otros grupos armados o agentes del Estado durante el conflicto armado que se desarrolló en el país entre 1980 y 2000. La gran mayoría de las personas asesinadas eran campesinos de bajos ingresos que, en general, hablaban lenguas indígenas.
Las autoridades han avanzado lentamente en el juzgamiento de abusos perpetrados por agentes de la fuerza pública durante el conflicto. Hasta septiembre de 2021, la justicia había emitido 48 condenas en 90 casos, según organizaciones peruanas de derechos humanos.
En 2009, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad relacionados con secuestros y dos masacres, así como por varios delitos de corrupción.
En marzo de 2021, la Fiscalía acusó a Fujimori y a tres exministros de salud por cargos relacionados con la esterilización forzada de mujeres, mayormente de comunidades indígenas de bajos recursos, ocurrida durante su presidencia. La causa aún se encuentra pendiente. Según el Ministerio de la Mujer, hasta junio de 2021, se habían registrado 6.103 personas como víctimas de estas esterilizaciones forzadas.
Al momento de la elaboración de este informe, el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) seguía siendo investigado por su presunto rol en asesinatos y otras atrocidades cometidos en 1992 y por el encubrimiento de esos hechos.
En 2018, el entonces presidente Martín Vizcarra creó un banco de datos genéticos para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado. La implementación ha sido lenta.
Abusos por parte de grupos armados
Un grupo que surgió de Sendero Luminoso conocido como el Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) continúa operando en los valles de Apurímac, Ene y Mantaro, en alianza con cárteles de narcotráfico. El 23 de mayo, el Estado Mayor Conjunto de Perú informó que el MPCP había perpetrado una masacre en San Miguel del Ene, en la cual murieron 16 civiles, incluidos cuatro niños.
Abusos policiales
La policía empleó un uso excesivo de la fuerza en Lima contra manifestantes mayormente pacíficos que protestaban por la destitución del Presidente Vizcarra en noviembre de 2020. Más de 200 personas resultaron heridas y dos manifestantes murieron en las protestas.
Agentes de las fuerzas de seguridad también han recurrido a un uso excesivo de la fuerza al responder a protestas mayormente pacíficas, que en algunas ocasiones se han tornad0 violentas, relacionadas con la minería y otros proyectos de desarrollo a gran escala. Según la Defensoría del Pueblo, 17 manifestantes o transeúntes murieron en el contexto de manifestaciones entre junio de 2020 y junio de 2021.
La Ley 30151 promulgada en 2014, que prevé la inimputabilidad de los policías que causen muertes “en el cumplimiento de su deber”, podría impedir que los agentes rindan cuentas ante la justicia cuando causen muertes por ejercer la fuerza de manera excesiva, a pesar de que el Decreto 1186 dictado en 2015 estableció limitaciones al uso de la fuerza por parte de la policía.
Asimismo, en marzo de 2020, el Congreso aprobó la llamada “Ley de Protección Policial”, que revoca una disposición del Decreto 1186 que requería que todo uso de la fuerza sea proporcional a la gravedad de la amenaza.
En noviembre de 2021, el gobierno desplegó soldados a Lima y Callao para apoyar las tareas de la policía contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Libertad de expresión
Las amenazas a la libertad de expresión persisten en Perú, y algunos periodistas enfrentan procesos judiciales a causa de su trabajo bajo las normas de difamación existentes en el país.
Desde fines de 2018, los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas han sido acusados en reiteradas oportunidades de difamación en relación con sus reportajes sobre escándalos de abuso sexual por parte de miembros de una organización católica laica. Actualmente, Ugaz enfrenta cuatro demandas aparentemente infundadas, las cuales estaban en trámite al momento de la redacción de este informe.
En mayo, algunos informes reflejaron que la productora del popular programa de noticias “Cuarto Poder”, que se emite los domingos, había sido despedida por haberse rehusado a tomar partido durante la cobertura de las elecciones. Ante esto, periodistas que trabajaban con ella enviaron una carta de protesta a la junta directiva del canal de televisión. Poco después, dos productores fueron despedidos y siete periodistas renunciaron en señal de protesta. Los periodistas denunciaron que habían sido presionados para realizar una cobertura favorable a la candidata presidencial Keiko Fujimori.
En agosto, el bloque del gobierno de Castillo en el Congreso presentó un proyecto legislativo que declara de “necesidad pública” la “justa y equitativa distribución del espectro electromagnético”. El proyecto permitiría que el gobierno dicte “medidas temporales” indefinidas en casos de emergencia (como la pandemia de Covid-19), incluido el control de los servicios de telecomunicaciones, “con carácter excepcional y transitorio”.
Derechos de mujeres y niñas
La violencia de género es un problema extendido en Perú. El Ministerio de la Mujer informó 131 “feminicidios” (que se define como el asesinato de una mujer en determinados contextos, incluidos los de violencia doméstica) durante 2020, y 73 casos entre enero y junio de 2021.
El acceso al aborto legal en Perú sigue siendo muy limitado. Las mujeres y niñas solamente pueden acceder a abortos en casos de riesgo para su salud o su vida. En 2014, el Ministerio de Salud adoptó una guía técnica nacional para los abortos terapéuticos lícitos, pero muchos proveedores de servicios de salud no la han implementado, lo cual genera obstáculos para el acceso al aborto legal. La guía ha sido objetada en dos acciones judiciales distintas por parte de organizaciones antiaborto. Aunque ambas causas fueron desestimadas, había apelaciones en trámite al momento de preparación de este informe.
El 18 de abril de 2021, Promsex, una organización que defiende los derechos sexuales, presentó un recurso ante la justicia para que esta deje sin efecto una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2009, que había prohibido la distribución gratuita de pastillas anticonceptivas de emergencia. La causa seguía en trámite a la fecha de redacción de este informe.
Derechos de las personas con discapacidad
Perú cuenta con un marco legal que reconoce plena capacidad legal a las personas con discapacidades, pero el registro civil no ha adoptado medidas para incluir en el padrón electoral a las personas con discapacidades que previamente estuvieron bajo tutela, lo que las priva del derecho a votar. Al momento de la preparación de este informe, el poder ejecutivo peruano no había dictado legislación para implementar plenamente la capacidad legal de las personas con discapacidad.
Orientación sexual e identidad de género
El presidente Castillo se opone a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En un discurso pronunciado durante su campaña, manifestó que el reconocimiento de las personas trans era una “idiosincrasia” que “tenemos que echar a la basura”. También se ha expresado en contra de incluir una perspectiva de género en los planes de estudio, la cual fomentaría la tolerancia hacia la diversidad sexual y de género.
En julio, el presidente Castillo designó a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Los medios han informado sobre un extenso repertorio de declaraciones misóginas, homofóbicas y transfóbicas por parte de Bellido, que dieron lugar a llamamientos para que fuese reemplazado. En octubre, Castillo obligó a Bellido a renunciar como parte de una reestructuración de gabinete.
En Perú no se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles. Algunos tribunales han comenzado a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos por ciudadanos peruanos en el extranjero. En noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional denegó el reconocimiento a un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero.
En agosto de 2020, un juez ordenó al registro civil que permitiera que las personas transgénero peruanas cambiaran su nombre e identificación sexual en el documento nacional de identidad. Una apelación a esta medida por parte del registro civil seguía en trámite cuando se preparó este informe.
Defensores de derechos humanos y líderes comunitarios
Defensores de derechos humanos, activistas ambientales y líderes comunitarios han sido amenazados y asesinados en los últimos años. En 2019, el Ministerio de Justicia estableció un mecanismo interinstitucional para la protección de defensores de derechos humanos.
En febrero, Herasmo García y Yenes Ríos Bonsano, dos ambientalistas indígenas de la comunidad cacataibo que participaban en esfuerzos de sus comunidades para repeler la tala ilegal, fueron asesinados en la región amazónica de Ucayali. En marzo, Estela Casanto, líder indígena y ambientalista de la comunidad asháninka, fue asesinada en la región central de Junín; el territorio de su comunidad estaría sufriendo invasiones de tierras, a las que Casanto oponía resistencia. En julio, el ambientalista asháninka Mario Marcos López, que estaba al frente de una organización local que administra un área protegida, fue herido por un arma de fuego en una zona de la Amazonía en la región de Pasco, y más tarde murió a causa de la herida. Cuando se preparó este documento, nadie había sido imputado en relación con este delito.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
Más de 496.000 venezolanos habían solicitado asilo en Perú al momento de la preparación de este informe.
En su discurso de asunción, el presidente Castillo dio un “ultimátum de 72 horas” a los “delincuentes extranjeros” para que abandonaran el país. La xenofobia continúa siendo un problema extendido, en especial contra las personas de nacionalidad venezolana, que en ocasiones han sido víctimas de ataques violentos.
En julio, el gobierno restableció los permisos de residencia temporales en un intento por regularizar la situación de los migrantes indocumentados, después de haberlos eliminado en 2019. Le otorgó 180 días a los migrantes indocumentados para solicitar un permiso que les permitiera, durante un año, realizar “actividades,” las cuales no están definidas en la legislación.
Derechos económicos y sociales
La pandemia de Covid-19 y las medidas implementadas para contenerla han tenido un impacto devastador en la pobreza y la desigualdad en Perú. En mayo, autoridades públicas informaron que la pobreza había aumentado 9,9 % en 2020, a pesar de algunas medidas adoptadas por el Estado para mitigarla.
Al momento de la elaboración de este informe, muchas escuelas en Perú permanecían cerradas desde marzo de 2020 como medida contra la pandemia de Covid-19. Si bien las autoridades han adoptado algunas medidas para asegurar la enseñanza remota, muchos estudiantes no han podido acceder a ella. El Ministerio de Educación señaló en septiembre de 2020 que 230.000 estudiantes habían abandonado la escuela y que otros 200.000 no asistían a clases, a pesar de estar inscritos. El ministerio había anunciado que la reapertura de las escuelas comenzaría en 2021, pero la implementación ha sido lenta.
Actores internacionales clave
En marzo, Perú ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y se convirtió en el octavo Estado miembro de este tratado.
En agosto, Perú anunció que se retiraría del Grupo de Lima, una coalición de Estados que procura abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela. Perú expresó, en cambio, su intención de promover las iniciativas del Grupo de Contacto auspiciado por la Unión Europea.