Chile ha dado pasos iniciales para reformar la policía nacional, conocida como Carabineros, en respuesta a las denuncias de graves abusos contra manifestantes cometidos en 2019. Todavía es necesario realizar cambios estructurales al sistema disciplinario y a los protocolos policiales.
En octubre de 2020, los chilenos votaron para establecer una convención constitucional encargada de redactar una nueva Constitución. Sus miembros comenzaron esa tarea en julio de 2021 y tienen un plazo de un año para presentar un nuevo texto, que deberá someterse a un plebiscito popular.
Chile enfrenta importantes problemas en materia de derechos humanos relacionados con las condiciones carcelarias, la justicia por abusos del pasado y la protección de migrantes, refugiados, mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).
Reforma policial
Desde 2019, se han presentado cientos de denuncias por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y malos tratos a detenidos, que han motivado iniciativas para reformar a la fuerza policial.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile denunció 460 casos de lesiones oculares presuntamente causadas por policías entre octubre de 2019 y marzo de 2020. El Hospital del Salvador de Santiago informó haber tratado 182 casos de traumatismos oculares causados por proyectiles de impacto cinético presuntamente disparados por escopetas antidisturbios de la policía entre octubre y noviembre de 2019.
En noviembre de 2019, por recomendación de Human Rights Watch, Carabineros suspendió provisoriamente el uso de escopetas antidisturbios —que utilizan municiones menos letales—, salvo cuando existiera un peligro inminente de muerte. No obstante, en julio de 2020, Carabineros actualizó su protocolo sobre estas escopetas dejando un amplio margen para que se cometan abusos. El protocolo establece que su uso deberá ser “preferentemente”, pero no exclusivamente, defensivo. También permite usar escopetas antidisturbios para defender cuarteles policiales, lo que podría incluir casos en los cuales manifestantes arrojen piedras contra un edificio policial. El protocolo no especifica qué tipo de proyectiles menos letales pueden utilizarse y, por lo tanto, permitiría el uso del mismo tipo de perdigones que causaron cientos de lesiones oculares en 2019 y 2020. Además, no determina a qué distancia mínima de los manifestantes la policía debería disparar, y en algunas circunstancias incluso le permite disparar apuntando a cualquier parte del cuerpo.
En enero de 2020, Carabineros adoptó un protocolo sobre videocámaras corporales que brinda a los policías total control para iniciar y detener las grabaciones. El protocolo les exige que comiencen a grabar justo antes de empezar a disparar con una escopeta antidisturbios, lo que implica que no quedaría grabada la situación previa, la cual podría demostrar si el uso de la fuerza estaba justificado o no. El protocolo también establece que las grabaciones son confidenciales, incluso con respecto a víctimas de uso excesivo de la fuerza policial, a menos que fiscales o jueces soliciten el acceso a las grabaciones dentro de un período de apenas 30 días. Una vez transcurrido ese plazo, la mayoría de las grabaciones se eliminarán.
El Ministerio del Interior se ha reunido con organizaciones no gubernamentales (ONG), especialistas y Carabineros para discutir reformas a protocolos policiales, incluido un protocolo de 2019 que permite a la policía añadir gases lacrimógenos a los cañones de agua sin antes haber realizado un estudio público sobre el impacto en la salud.
El gobierno también ha presentado diferentes proyectos de ley de reforma policial que aumentarían la supervisión y la transparencia pero que no reforman el régimen disciplinario de Carabineros, el cual no garantiza que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales.
La Fiscalía puso en marcha 8.581 investigaciones sobre presuntos abusos policiales cometidos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Para enero de 2021, había cerrado más del 35 % sin presentar cargos. Hasta septiembre, solamente cinco carabineros habían sido condenados, informó el INDH.
En julio, Carabineros indicó haber iniciado 1.433 investigaciones administrativas por participación “en hechos de violencia”, que resultaron en 158 sanciones disciplinarias, incluyendo la desvinculación de 22 agentes de la fuerza policial. Carabineros señaló que está analizando la posibilidad de expulsar a otros 21 policías.
Juicios por abusos del pasado
La justicia chilena sigue juzgando a expolicías y militares responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990. En enero de 2021, un tribunal condenó a cuatro exmilitares y a un expolicía a 15 años de cárcel por dos homicidios y cinco casos de tentativa de homicidio de detenidos que fueron envenenados en 1981. El tribunal consideró que estos hechos formaban parte de una política “sistemática” de represión y crímenes de lesa humanidad.
Derechos de refugiados y migrantes
En abril de 2021, el Congreso Nacional aprobó una nueva ley de migración que permite a las autoridades emitir órdenes de expulsión sin antes escuchar a los migrantes ni darles la posibilidad de presentar pruebas. Si bien la ley despenaliza el ingreso irregular al país, permite la expulsión inmediata de los migrantes que hayan cruzado o intentado cruzar la frontera, lo cual genera preocupaciones respecto al debido proceso. Algunas de las disposiciones de la ley ya están en vigencia, mientras que otras están sujetas a la adopción de un reglamento por el Ministerio del Interior.
Desde enero hasta abril, el gobierno había expulsado a 294 personas; en la mayoría de los casos, sin ningún control judicial. Anunció que tenía previsto expulsar a un total de 1.500 personas para fin de año.
La Corte Suprema y tribunales de apelaciones de Chile han ordenado en una serie de pronunciamientos que las autoridades frenen cientos de expulsiones. Las sentencias pusieron de manifiesto violaciones al debido proceso ocurridas en las expulsiones.
La mayoría de las personas expulsadas en 2021, hasta octubre, eran de nacionalidad venezolana. Se estima que más de 457.000 venezolanos viven actualmente en Chile, la mayoría de ellos de forma regular. No obstante, las políticas migratorias implementadas desde 2019 han hecho que sea cada vez más difícil para los venezolanos obtener visas o refugio. Chile solamente otorgó el estatus de refugiadas a 3 personas venezolanas de un total de 325 solicitudes presentadas por personas de esa nacionalidad en 2020, y a 4 de un total de 987 de enero a septiembre de 2021. La cantidad relativamente baja de solicitudes parece deberse a los obstáculos para presentarlas, así como al cierre de fronteras.
Desde enero hasta el 10 de noviembre, 20 migrantes fallecieron cruzando el altiplano en la frontera entre Bolivia y Chile.
En septiembre, Carabineros expulsó a personas venezolanas de una plaza en la ciudad de Iquique, en el norte del país. Durante este operativo policial se produjeron algunos actos de violencia. Al día siguiente, personas que manifestaban en contra de los migrantes quemaron las pertenencias de venezolanos que vivían en las calles.
Derechos de mujeres y niñas
La prohibición absoluta del aborto en Chile concluyó en 2017, luego de 28 años, cuando el Tribunal Constitucional ratificó una ley que despenaliza el aborto si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la mujer embarazada está en peligro o si el feto es inviable.
No obstante, las personas que intentan acceder a abortos seguros y legales siguen enfrentando múltiples obstáculos. Los últimos datos disponibles aportados por el gobierno, correspondientes al año 2019, muestran que el 18 % de los obstetras de hospitales públicos se niega a practicar abortos cuando la vida de una mujer se encuentra en riesgo, el 25 % cuando el feto es inviable y casi el 50 % en casos de violación.
En noviembre de 2021, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta la semana 14 de embarazo.
Según la coalición de organizaciones no gubernamentales Mesa de Acción por el Aborto, el sistema de salud pública restringió el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva como papanicolaous, mamografías y atención médica para infecciones de transmisión sexual durante algunos períodos de la pandemia, pero reanudó estos procedimientos a principios de 2021.
De acuerdo con datos aportados por la ONG Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, 33 mujeres y niñas fueron víctimas de femicidios entre enero y mediados de septiembre de 2021. A través de legislación aprobada en 2020, se amplió la definición de femicidio, que ahora se considera el asesinato cometido “por causa de género”, sin necesidad de que exista una relación entre el autor y la víctima, como ocurría anteriormente.
Derechos indígenas
En mayo de 2021, 1,2 millones de votantes pertenecientes a pueblos indígenas eligieron representantes para 17 escaños reservados para ellos en la Convención Constitucional.
En julio, la Convención Constitucional eligió como presidenta a Elisa Loncón, perteneciente al pueblo mapuche, el más numeroso de Chile con más de un millón de personas.
Los movimientos indígenas buscan que la nueva constitución reconozca a los pueblos indígenas como naciones dentro de un Chile plurinacional, así como sus derechos a la tierra y a los recursos.
El prolongado conflicto entre el gobierno y algunos activistas mapuches por el derecho a la tierra continúa. En octubre, un excoronel de Carabineros fue declarado culpable por el homicidio de un joven mapuche de 17 años, casi veinte años después del asesinato.
En octubre, el presidente Sebastián Piñera declaró un estado de excepción en cuatro provincias del sur, y señaló como causas para esta decisión el aumento de violencia vinculada con el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. El gobierno envió más de 2.000 militares en apoyo a procedimientos policiales.
Orientación sexual e identidad de género
En diciembre de 2021, el Congreso aprobó un proyecto de ley, priorizado por el presidente Piñera, que legaliza el matrimonio entre parejas del mismo sexo y les reconoce derechos que hasta entonces solo tenían las parejas heterosexuales, como la adopción.
En agosto, entró en vigencia una ley que elimina la “conducta homosexual” como causal de divorcio.
Derechos de niños y niñas
En agosto de 2021, una jueza presentó, ante la comisión del Senado encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, niñas y adolescentes, denuncias de explotación sexual y violaciones de derechos humanos ocurridas en una residencia para menores que han sido separados de sus familias adscrita al Servicio Nacional de Menores (SENAME).
En octubre, un nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia tomó a su cargo los programas de protección infantil del SENAME. También se encuentra en trámite un proyecto de ley que propone crear un organismo orientado a la atención de niños y niñas en conflicto con la ley, que reemplazaría al SENAME. Las organizaciones de derechos humanos han planteado que, a pesar de los cambios institucionales, hacen falta reformas sustanciales para mejorar la atención que reciben los niños y niñas.
Covid-19
Más del 80 % de los chilenos tenían el esquema completo de vacunación contra el Covid-19 al 8 de noviembre de 2021, una de las tasas de población vacunada más altas del mundo.
En marzo de 2020, las escuelas cerraron para contener la propagación del virus, lo cual afectó a 3,5 millones de estudiantes. El Ministerio de Educación brindó contenidos educativos a través de una plataforma en línea, pero reconoció que solamente el 27 % de los estudiantes de bajos ingresos tenían acceso a recursos de educación virtual. La educación presencial se reanudó en julio de 2021. No obstante, hasta octubre, la asistencia no era obligatoria y seguía siendo baja.
Derechos de las personas con discapacidad
El Código Civil de Chile utiliza lenguaje peyorativo en referencia a las personas con discapacidad y, en muchos casos, las priva de su capacidad legal, incluso estableciendo su curaduría plena.
El gobierno no actualiza los datos sobre la cantidad de personas con discapacidad desde 2015.
Condiciones en centros de detención y prisión preventiva
La sobrepoblación en algunos centros de detención y la violencia en las prisiones pusieron en peligro a una población carcelaria que, al 31 de octubre de 2021, era de cerca de 39.000 reclusos. Los homicidios en las cárceles aumentaron un 75 % de 2017 a 2020, informó la Fiscalía en septiembre de 2021.
En mayo, el gobierno informó que se había concedido el arresto domiciliario a alrededor de 1.800 reclusos pertenecientes a grupos especialmente vulnerables al Covid-19, en el marco de una ley de abril de 2020.
La cantidad de personas en prisión preventiva ha aumentado aproximadamente un tercio desde 2012. Hasta el mes de agosto, 37 % de los detenidos se encontraba a la espera de un juicio. El Código Procesal Penal de Chile prevé la prisión preventiva en circunstancias amplias y no establece un período máximo de detención.
En diciembre de 2020, el ministro de Justicia reconoció el uso excesivo de la prisión preventiva. Señaló que cerca de 40 % de las personas en prisión preventiva son posteriormente declaradas inocentes o reciben condenas incompatibles con la prisión preventiva.
Libertad de expresión
En noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que buscaba penalizar las expresiones de quien “justificare”, “aprobare” o “negare” las violaciones de derechos humanos cometidas durante el período de la dictadura, por considerar que violaba la libertad de emitir opinión sin censura previa. Como consecuencia de la decisión, el Senado tuvo que abandonar el proyecto de ley.
Actores internacionales clave
En abril de 2021, el Comité de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares expresó su preocupación por la expulsión masiva de migrantes que Chile llevó a cabo en febrero, sin haber realizado un análisis individual de cada caso y de un modo que hacía que, en la práctica, los migrantes no pudieran apelar estas decisiones.
Chile emitió fuertes críticas contra los abusos cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y, junto con otros miembros del Grupo de Lima, un conjunto de países latinoamericanos que reclaman el restablecimiento de la democracia en Venezuela, se negó a reconocer las elecciones legislativas fraudulentas de diciembre de 2020.
Chile denunció la detención arbitraria de candidatos presidenciales, estudiantes y miembros de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, y pidió que se llevaran a cabo elecciones libres y justas en ese país.
El presidente Piñera se comprometió, en agosto, a recibir a 10 mujeres afganas y sus familias en el contexto de la crisis en Afganistán. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la prensa que estaba trabajando para recibir a un total de hasta 300 personas afganas.