(São Paulo, 19 de agosto de 2021) – El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está bloqueando a seguidores de redes sociales que lo critican, lo cual constituye una violación de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público, señaló hoy Human Rights Watch.
Human Rights Watch constató el bloqueo de 176 cuentas, la gran mayoría de ellas en Twitter, entre las cuales había cuentas de periodistas, congresistas, influencers con más de un millón de seguidores y ciudadanos comunes con apenas unos pocos. Además, constatamos el bloqueo de cuentas de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. Es muy probable que la cantidad total sea mayor.
“El presidente Bolsonaro utiliza las redes sociales como un importante medio de comunicación e interacción con el público”, explicó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “Pero está intentando eliminar de sus cuentas en las redes sociales a las personas e instituciones que no están de acuerdo con él, y así convertir esas redes en espacios donde solamente se admiten los aplausos, como parte de una estrategia más amplia para silenciar o marginar a quienes lo critican”.
Las personas bloqueadas deben cerrar sesión en sus cuentas de redes sociales para ver las publicaciones del presidente Bolsonaro, lo cual dificulta la obtención de información gubernamental. No pueden interactuar con las publicaciones, como reenviarlas, publicar respuestas, indicar “Me gusta” o comentarlas. Esto no permite que las personas bloqueadas participen en debates públicos, viola la libertad de expresión y las discrimina a causa de sus opiniones, señaló Human Rights Watch. Los periodistas bloqueados no pueden hacer preguntas ni solicitar información, y esto configura una violación de la libertad de prensa.
Human Rights Watch presentó un pedido en base a la Ley de Acceso a la Información en el cual solicitó el número de personas bloqueadas por el presidente Bolsonaro en Twitter, Facebook e Instagram. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia se negó a proporcionar la información, bajo el argumento de que no administraba esas cuentas.
La determinación de si las cuentas de redes sociales de altos funcionarios del gobierno son privadas no debería depender de quién administra la cuenta, sino de si los funcionarios las utilizan para compartir información de interés público o para analizar asuntos públicos, manifestó Human Rights Watch.
El presidente Bolsonaro ha usado las redes sociales para hacer anuncios oficiales, como inversiones en infraestructura y un aumento del salario mínimo, para criticar a sus rivales políticos y para hacer comentarios sobre política exterior, como felicitar al primer ministro de Israel por su victoria en las elecciones. También interactúa con comentarios escritos en sus redes por ciudadanos, sobre temas que van desde las vacunas contra el Covid-19 hasta nombramientos políticos.
La cuenta de Twitter del presidente Bolsonaro tiene casi 7 millones de seguidores, su cuenta de Facebook tiene 14 millones y la de Instagram más de 18 millones.
Debido a la falta de transparencia, es imposible saber el número total de personas bloqueadas. En abril y junio, Human Rights Watch publicó mensajes en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram de Brasil, en los cuales preguntó a los usuarios si el presidente Bolsonaro los había bloqueado. Más de 400 personas respondieron afirmativamente, la mayoría de ellas en Twitter. De estas, 176 facilitaron capturas de pantalla en las cuales se veía el nombre de usuario que identificaba la cuenta y un mensaje que indicaba que había sido bloqueada por la cuenta del presidente Bolsonaro.
“HRW está investigando el bloqueo en las redes sociales. Si @jairbolsonaro u otra autoridad lo bloqueó, envíe una captura de pantalla del bloque (hecho en la PC) por aquí, DM o en brazil@hrw.org. Es importante en la imagen tener tu @. Díganos cuándo y por qué cree que sucedió esto”.
Human Rights Watch examinó cada una de esas capturas y no encontró señales de que hubieran sido alteradas de modo malicioso. Ninguna de esas cuentas estaba siguiendo la cuenta de Twitter del presidente Bolsonaro, un elemento que apunta a que efectivamente habían sido bloqueadas. La mayor parte de las personas que nos enviaron capturas de pantalla manifestó que había sido bloqueada tras publicar comentarios criticando al gobierno.
Izquierda:“Cuestione su posición sobre las incendios florestales en Pantanal”. Derecha: “Publicó que con la inauguración de un ferrocarril, habría una disminución de muchas toneladas de carbono en la atmósfera. Le pregunté si a partir de ahora creía en el calentamiento global”.
Human Rights Watch también hizo búsquedas en Twitter utilizando palabras clave para identificar otras cuentas bloqueadas. Encontró otras 38 personas con cuentas verificadas, es decir, cuentas que Twitter ha identificado como auténticas y de interés público, que habían publicado en Twitter que el presidente Bolsonaro las había bloqueado.
Human Rights Watch identificó 13 cuentas institucionales bloqueadas por el presidente Bolsonaro: las cuentas de Twitter de los medios de comunicación The Intercept Brasil, Congresso em Foco, Reporter Brasil, Aos Fatos, Diário do Centro do Mundo y O Antagonista, y dos cuentas de Instagram del portal de noticias UOL; dos cuentas de Twitter del Observatório do Clima, una coalición de organizaciones de la sociedad civil; y las cuentas de Twitter de Brasil de Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
“Descubrimos que @JairBolsonaro bloqueó a @ReporterB. El bloqueo de la prensa y periodistas se ha convertido en una práctica recurrente en este gobierno. Una actitud que condenamos y que no frenará nuestras investigaciones sobre las acciones del presidente que impactan el medio ambiente, los derechos humanos y la salud.”
La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, en portugués) ha compilado una lista de 135 periodistas bloqueados por altos funcionarios gubernamentales. La mayoría de ellos fue bloqueada por el presidente Bolsonaro. Es posible que algunos de ellos también figuren en la lista elaborada por Human Rights Watch.
Human Rights Watch también presentó pedidos de acceso a la información en los cuales solicitó el número de personas bloqueadas por los miembros del gabinete del presidente. El ministro de ciudadanía y quien fue ministro de presidencia de Bolsonaro hasta julio de 2021 respondieron que no habían bloqueado a nadie, mientras que el vicepresidente, Hamilton Mourão, señaló que había bloqueado a 28 personas solamente en Twitter. Los demás ministros se negaron a proporcionar la información, diciendo que no tenían cuentas o bien que se trataba de cuentas privadas.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia y los ministerios señalaron que habían bloqueado a un total de 182 personas en sus cuentas institucionales. Los Ministerios de Educación y Justicia representan el 85 % de ese total.
El Congreso de Brasil está analizando un proyecto de ley que prohibiría que altos funcionarios, tanto aquellos electos por los ciudadanos como ministros y otros que ejercen altos cargos, bloqueen seguidores en las cuentas de redes sociales que, según ellos, representan “oficialmente” sus cargos. Sin embargo, esa medida no les impediría bloquear a seguidores en otras cuentas que igualmente podrían utilizar para tratar de asuntos públicos, aunque no las designen como “oficiales.”
Hay al menos seis casos en trámite ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil que abordan la legalidad del bloqueo en redes sociales por parte del presidente Bolsonaro. Al menos dos magistrados de un total de once se pronunciaron en dos de los casos, y determinaron que la práctica era discriminatoria y violaba los derechos a la información y a la libre expresión. Las decisiones del tribunal en pleno están pendientes.
Tribunales de otros países han determinado que los funcionarios públicos no pueden bloquear a seguidores de cuentas de redes sociales que son utilizadas para actividades oficiales por el solo motivo de que esos seguidores expresan opiniones con las cuales los funcionarios están en desacuerdo. En Estados Unidos, un tribunal de apelaciones resolvió en 2019, en un caso que involucraba al entonces Presidente Donald Trump, que la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que consagra el derecho a la libre expresión, “no permite que un funcionario público que utiliza una cuenta en redes sociales para todo tipo de fines públicos excluya a personas de un diálogo en línea que, de otro modo, sería abierto, debido a que esas personas expresaron opiniones con las cuales el funcionario está en desacuerdo”
En un caso presentado por un periodista, la Suprema Corte de México resolvió en 2019 que el fiscal general del estado de Veracruz estaba usando su cuenta de Twitter para informar sobre sus actividades como servidor público y que, por tanto, la cuenta debería ser accesible “para todos los gobernados”, particularmente para los periodistas, quienes deberían contar con “garantías reforzadas” para la obtención de información de interés para la sociedad.
En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, los gobiernos están obligados a proteger la libertad de expresión, que incluye el derecho a procurar, recibir y publicar información de todo tipo, tanto en internet como por otros medios, y el derecho de las personas a participar en debates sobre cuestiones de interés público.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y otros tratados internacionales permiten que se establezcan restricciones a la libertad de expresión únicamente si esas restricciones están previstas en la ley y son estrictamente necesarias y proporcionales para conseguir un fin legítimo, lo cual incluye la protección de los derechos y la reputación de otras personas o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral públicas. Adicionalmente, las restricciones no deben tener carácter discriminatorio. El PIDCP y la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíben la discriminación por opiniones políticas o de otra índole. Tanto la Asamblea General de la ONU como el Consejo de Derechos Humanos han manifestado que los mismos derechos que las personas tienen fuera de internet, particularmente la libertad de expresión, deben protegerse en internet.
Además, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2000, establece que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad”.
En función de estos estándares, los altos funcionarios públicos como el presidente Bolsonaro y los miembros de su gabinete solo deberían bloquear o eliminar los comentarios de seguidores de redes sociales en circunstancias muy limitadas y estrictamente definidas, las cuales deberían estar contempladas en la legislación. Esas circunstancias incluirían situaciones en las cuales las restricciones resulten necesarias para proteger los derechos de una persona a la no discriminación o a la seguridad personal; como, por ejemplo, cuando el contenido o comportamiento constituya acoso sexual o incitación a la violencia, o cuando los usuarios publiquen, con intenciones maliciosas, información privada y que identifica a una persona.
Al mismo tiempo que ha bloqueado de sus cuentas a medios de comunicación y a quienes le critican, el presidente Bolsonaro se ha quejado de que las plataformas de redes sociales han retirado publicaciones suyas o de sus seguidores, y ha afirmado que él y sus seguidores están “sufriendo restricciones” en las redes sociales. En un discurso en mayo, anunció que dictaría un decreto para abordar la situación. Un borrador reveló que ese decreto restringiría gravemente la capacidad de las plataformas de redes sociales para moderar contenidos, por ejemplo, eliminando información incorrecta y perjudicial. El 9 de agosto, el presidente Bolsonaro dijo que presentaría un proyecto de ley, en lugar de un decreto, para prohibir que las plataformas retiren contenido sin una orden judicial.
“El presidente Bolsonaro sostiene que su libertad de expresión y la de sus seguidores está siendo cercenada porque las plataformas han eliminado información falsa y perniciosa, así como cuentas falsas. No obstante, no se lo piensa dos veces antes de él mismo violar el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión de las personas que están en desacuerdo con él”, manifestó Canineu.
