En 2015, el hijo de 16 años de Adriana Pérez da Silva y cuatro de sus amigos volvían a casa después de un día en el parque cuando la policía disparó contra su auto, asesinándolos. Pérez da Silva cree que fueron atacados porque eran negros. Como investigador de abusos policiales en América Latina en Human Rights Watch, he entrevistado a muchos sobrevivientes y familiares de víctimas. Pero su entrevista se me quedó grabada.
Los brasileños negros son casi tres veces más propensos a morir a manos de la policía que los brasileños blancos. El año pasado, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, la policía mató a 6416 personas en todo el país. En el estado de Río de Janeiro, uno de los más violentos de Brasil, 1245 murieron a manos de la policía.
La violencia policial en Brasil es tan grave que fue señalada en un reciente informe de las Naciones Unidas que exhortaba a los países a tomar medidas para erradicar el racismo sistémico contra los afrodescendientes. El informe pedía a los países que garanticen que los agentes que cometan abusos sean sancionados.
En Brasil, eso significa que los fiscales deben investigar las muertes causadas por la policía en lugar de que lo haga la propia policía, como es la práctica habitual. En específico, el gobierno del estado de Río de Janeiro debería crear un plan integral con medidas que castiguen a policías por comportamientos abusivos y que fije metas para reducir el uso excesivo de la fuerza. El Supremo Tribunal Federal de Brasil está considerando ordenar al gobierno estatal la aprobación de reformas. Si no se toman medidas contundentes para acabar con la impunidad de los abusos policiales en todo el país, la brutalidad policial seguirá afectando de forma desproporcionada a los brasileños afrodescendientes.
El asesinato de esos cinco jóvenes en Río es emblemático de un país aquejado de violencia policial, racismo sistémico e impunidad. Lo inusual del caso es que la atención que recibió condujo al enjuiciamiento y al encarcelamiento de los agentes acusados de violar la ley, lo cual dista mucho de ser lo común.
Las cosas no han hecho más que empeorar desde entonces. Llevo unos siete años documentando casos en Río de Janeiro. En la práctica, existen dos reglas para el uso de la fuerza letal por parte de la policía: una aplicada en los barrios de clase media y alta que consiste en disparar solo en defensa propia y la otra usada en los barrios pobres que es disparar primero y preguntar después. Muchos agentes lo hacen sin temor a las repercusiones.
Lo vimos cuando la policía irrumpió en Jacarezinho, una favela de Río de Janeiro, en una redada que dejó 28 muertos el pasado 6 de mayo. Alrededor de 200 agentes llegaron con apoyo de vehículos blindados y un helicóptero a ese extenso barrio en busca de presuntos narcotraficantes. Esa mañana un agente fue asesinado a tiros. La violencia subsiguiente fue un aparente acto de represalia. La mayoría de las víctimas eran negras, según los registros policiales.
Los agentes no debían haber irrumpido en Jacarezinho ese día. Una sentencia del Supremo Tribunal del año pasado prohibió las redadas en los barrios de bajos ingresos de Río de Janeiro durante la pandemia de COVID-19, salvo en casos “absolutamente excepcionales”. El objetivo declarado de la operación, que consistía en detener a 21 pandilleros de bajo nivel por presunto tráfico de drogas, distaba de ser excepcional. Las fuerzas policiales tienen un largo historial de justificar redadas brutales como esfuerzos para combatir el narcotráfico y la delincuencia. La operación policial del 6 de mayo fue la más sangrienta de la historia de Río de Janeiro.
No tiene por qué ser así. La delincuencia en las favelas de Río creció durante décadas de abandono del gobierno. El Estado no brindaba servicios sociales básicos ni proporcionaba presencia policial diaria. Para entrar a las favelas, las fuerzas del orden recurrían a redadas que a menudo se volvían violentas. Los residentes no solo resentían la brutalidad de la policía, sino también el abandono del Estado.
En 2008, el estado de Río intentó expulsar a las pandillas con la creación de “Unidades de Policía Pacificadora” (UPP). Como parte de este ambicioso programa desplegó de forma permanente a agentes en los barrios pobres controlados por las pandillas con el objetivo de restablecer la seguridad pública y acabar con la cultura de violencia y desconfianza entre los residentes y la policía. El estado también invirtió en infraestructura pública como clínicas de salud y servicio de recolección de basura.
Unos años tras el inicio del programa, las muertes causadas por la policía se habían reducido un 86 por ciento en favelas donde había UPP. La presencia policial aumentó la asistencia a las escuelas y mejoró la calidad de vida. Sin embargo, las deficiencias de la iniciativa socavaron sus logros. Los residentes se sintieron frustrados cuando el gobierno de Río pareció haber abandonado sus esfuerzos por prestar servicios públicos. Los policías se quejaban de las difíciles condiciones laborales. A medida que la confianza se erosionaba, la delincuencia se disparaba y el viejo sistema de actuación por la fuerza por parte de la policía comenzó a regresar.
Para 2013, las tensiones derivaron en protestas por la desaparición de Amarildo de Souza, un trabajador negro de la construcción en la favela Rocinha. La noticia coincidió con una ola de protestas en todo el país que exigían reformas gubernamentales para hacer frente a una larga lista de agravios, que incluía la corrupción y la brutalidad policial. Bajo la presión de las protestas y la atención de los medios de comunicación, la policía civil y la fiscalía investigaron la desaparición de Souza. Al igual que en el caso de los cinco jóvenes, es posible que no lo hubieran hecho sin ese apremio.
Los investigadores descubrieron que la policía había arrestado y torturado a Souza durante un interrogatorio sobre las actividades pandilleras en el barrio. El cuerpo de Souza nunca fue encontrado. Tres años después, Edson dos Santos, mayor de la policía, y otros 11 agentes fueron condenados por torturar a Souza hasta la muerte, entre otros delitos. Santos fue declarado culpable de orquestar el crimen, pero nunca fue despedido y siguió recibiendo su salario en prisión. Se reincorporó como agente de policía a principios de este año, tras salir en libertad condicional en 2019.
No es de extrañar que la población desconfíe de la policía, sabiendo que la mayoría de las muertes causadas por agentes en Río queda impune. Según una investigación oficial realizada en 2016, el 98 por ciento de las investigaciones de años anteriores se cerraron sin presentar cargos.
La impunidad, la corrupción y los asesinatos hicieron imposible que las UPP generaran confianza entre los residentes. A pesar de ello, la visión del programa —un cuerpo policial al servicio de la comunidad— es a lo que debería aspirar todo el país, empezando por investigaciones independientes dirigidas por fiscales sobre todas las muertes causadas por la policía. La fiscalía debe garantizar que las investigaciones se lleven a cabo de acuerdo con las normas internacionales y con el apoyo de peritos forenses independientes. Además, el mando de la policía de Río debe proporcionar una mejor capacitación sobre el uso de la fuerza y mejores servicios psicológicos para los agentes.
Una reforma a fondo de la policía es imposible si los agentes siguen tratando a los brasileños afrodescendientes como sospechosos y a los barrios pobres como territorio hostil. El ciclo de violencia no terminará si los mandos policiales siguen contratando a torturadores como comandantes y las muertes a manos de la policía quedan impunes.
La versión original de este artículo se publicó en el New York Times en Español.
