(Bruselas) – Durante 2024, las políticas migratorias y de asilo de la Unión Europea (UE) se enfocaron cada vez más en la disuasión, lo que debilitó los derechos de las personas tanto en sus fronteras como más allá de ellas, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2025. Estas políticas provocaron un aumento de muertes en el mar, expulsiones ilegales en las fronteras y la devolución de solicitantes de asilo a países donde enfrentan graves abusos.
En la 35.º edición, el informe mundial de 546 páginas de Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. La directora ejecutiva Tirana Hassan señala en su ensayo introductorio que, en gran parte del mundo, los gobiernos reprimieron y arrestaron y encarcelaron injustamente a opositores políticos, activistas y periodistas. Tanto grupos armados como fuerzas gubernamentales mataron en forma ilegítima a civiles, obligaron a muchos a abandonar sus hogares y bloquearon el acceso a la ayuda humanitaria. En muchas de las 70 elecciones nacionales que tuvieron lugar en 2024, los líderes autoritarios ganaron terreno empleando su retórica y políticas discriminatorias.
“Los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados enfrentan violencia, expulsiones ilegales e incluso la muerte como resultado del enfoque de la UE en políticas de disuasión y externalización”, afirmó Benjamin Ward, subdirector para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Los líderes de la UE deben abandonar estas estrategias dañinas, cesar su complicidad en los abusos contra las personas migrantes más allá de sus fronteras y, en su lugar, establecer rutas seguras y legales para quienes buscan asilo y protección”.
Entre los principales hallazgos del informe se destacan:
- El Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, adoptado en mayo de 2024, incluye disposiciones que restringen gravemente los derechos de las personas migrantes. Estas medidas dificultan la solicitud de asilo, incrementan la detención en las fronteras y permiten a los Estados miembros suspender el acceso al asilo o denegarlo en situaciones definidas de manera ambigua.
- En 2024, la UE anunció nuevos acuerdos de cooperación migratoria con Egipto y Mauritania, además de incrementar la financiación para la gestión fronteriza en estos países y en el Líbano. Esto se suma al acuerdo firmado en 2023 con Túnez y al continuo apoyo a las autoridades de Libia y Marruecos para el control migratorio, todo ello sin garantías efectivas de respeto a los derechos humanos.
- Italia y Malta, con el respaldo de los aviones de Frontex, continuaron facilitando la interceptación de embarcaciones de migrantes y refugiados por parte de las fuerzas libias, devolviéndolos a un entorno donde enfrentan graves violaciones de derechos humanos.
- Varios países de la UE manifestaron interés o apoyaron medidas para trasladar a otros países la responsabilidad y la gestión de las solicitudes de asilo. En octubre y noviembre de 2024, Italia transfirió a los primeros grupos de solicitantes a Albania en el marco de un acuerdo que contemplaba el procesamiento de las solicitudes de asilo de hombres de determinadas nacionalidades rescatados o interceptados por Italia en el mar. Sin embargo, tras la intervención de jueces italianos, ambos grupos fueron finalmente devueltos a Italia.
Además de las políticas migratorias, la UE y sus Estados miembros enfrentaron otros desafíos importantes en 2024. Human Rights Watch destacó problemas persistentes como la discriminación, la intolerancia, la pobreza, la desigualdad y el debilitamiento del Estado de derecho. Aunque algunas instituciones y gobiernos europeos han reconocido estas cuestiones y, en ciertos casos, se han comprometido a abordarlas, las medidas concretas han sido lentas e insuficientes.
El Informe Mundial 2025 incluye capítulos dedicados a países como Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, y España, así como análisis de países no pertenecientes a la UE, como el Reino Unido.
“En un momento en el que gran parte del mundo enfrenta profundas crisis, Europa necesita, más que nunca, un liderazgo basado en principios y derechos humanos”, señaló Ward. “Esto requiere que las instituciones europeas, incluida la nueva Comisión Europea, actúen conforme a la legislación de la UE y los derechos humanos, y que exijan a los Estados miembros que hagan lo mismo”.