El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirán en Alaska el 15 de agosto, supuestamente para discutir el fin de la guerra de Rusia en Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no estará presente en las conversaciones. Y según la agenda disponible públicamente, tampoco se tratará el tema de la protección de la población civil.
Desde que la administración Trump inició las conversaciones sobre Ucrania a principios de este año, los activistas de derechos humanos han instado a las partes interesadas a dar prioridad a la liberación de los civiles ucranianos detenidos ilegalmente por Rusia y a que ambas partes se comprometan a repatriar a todos los prisioneros de guerra (PG) una vez finalizados los combates.
Este mensaje ha ganado fuerza. Los dirigentes ucranianos, los EE. UU. y muchos actores europeos se han pronunciado públicamente sobre la necesidad de liberar a los civiles detenidos. El portavoz del Kremlin ha hecho referencia a la prioridad de la "perspectiva humanitaria".
Las conversaciones celebradas hasta ahora han dado lugar al intercambio de prisioneros de guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, Rusia mantiene a miles de civiles más, a los que las autoridades torturan sistemáticamente, lo que un organismo de las Naciones Unidas ha calificado de crimen contra la humanidad.
El presidente Trump ha dicho que el "intercambio de territorios" figura en la agenda de Alaska, pero no ha mencionado ninguna violación, incluidos los crímenes de guerra u otros delitos graves contra el derecho internacional que las fuerzas rusas están cometiendo en los territorios ucranianos que ocupan, ni cómo se protegerá a los civiles mientras Rusia siga siendo la potencia ocupante.
Las autoridades de ocupación rusas están imponiendo la ciudadanía rusa, trasladando por la fuerza a civiles a otras zonas, coaccionando a los residentes para que sirvan en el ejército ruso, imponiendo el plan de estudios estatal ruso en las escuelas y adoctrinando políticamente a los escolares para negarles el derecho a conocer y expresar su identidad ucraniana.
Es una afrenta para las víctimas y los supervivientes que Putin, a quien, junto con otros cinco funcionarios rusos, busca la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos internacionales graves en Ucrania, sea bienvenido en territorio estadounidense. Pero no es ninguna sorpresa. La Administración Trump ha sancionado a funcionarios clave de la CPI y ha retirado la financiación a programas que apoyaban las investigaciones sobre los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Los autores de delitos graves, como los bombardeos y los ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras civiles, la tortura y los malos tratos en las zonas ocupadas y en las prisiones rusas, y la tortura y las ejecuciones de prisioneros de guerra, deben rendir cuentas. Como mínimo, Trump debería actuar para garantizar la liberación de los civiles ucranianos que sufren a diario torturas bajo custodia rusa.
