Skip to main content
Done ahora

El 25 de enero de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pusieron en marcha el programa “Quédate en México” o MPP (Protocolos de Protección a Migrantes). En virtud de este, los funcionarios fronterizos estadounidenses devuelven a las personas solicitantes de asilo no mexicanas y las obligan a esperar durante meses o años en lugares peligrosos de México mientras se resuelven sus solicitudes en los tribunales de inmigración estadounidenses. Desde enero de 2019 hasta enero de 2021, el gobierno de Trump envió bajo el programa a más de 71.000 solicitantes de asilo a México, incluyendo a decenas de miles de niños, niñas y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas.

Desde la implementación de “Quédate en México”, los solicitantes de asilo devueltos a México corren el riesgo de ser secuestrados, extorsionados y violados; se les niega el acceso a servicios fundamentales como la atención médica y la educación; y se viola sistemáticamente su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos. El programa “Quédate en México” también agrava las deficiencias existentes en los tribunales de inmigración de EE.UU., como la falta de acceso a la asistencia jurídica, los obstáculos a la representación legal, la falta de transparencia en los procedimientos de inmigración y las limitadas protecciones legales para las personas que solicitan asilo. “Quédate en México” constituyó un pilar fundamental en los esfuerzos del gobierno de Trump para eviscerar el sistema de asilo de Estados Unidos, violando el derecho y las prácticas estadounidenses e internacionales sobre las personas refugiadas.

El presidente Joe Biden hizo campaña con la promesa de que su administración pondría fin a las “perjudiciales políticas de asilo” del expresidente Trump en los primeros 100 días “empezando por los Protocolos de Protección da Migrantes de Trump”. En febrero de 2021, poco después de que Biden asumiera el cargo, comenzó a permitir la entrada al país de un número limitado de personas solicitantes de asilo bajo el programa. En junio de 2021, puso fin oficialmente a “Quédate en México”. El presidente Biden calificó el programa de “peligroso” e “inhumano”, y un memorando del Departamento de Seguridad Nacional en el que se explicaba la decisión del gobierno reconocía sus “defectos endémicos” y sus “injustificables costos humanos”.

Sin embargo, en diciembre de 2021, el gobierno de Biden afirmó que se veía obligado a reiniciar el programa debido a una orden judicial federal, pero que lo haría con “mejoras”. Entre ellas, la promesa de resolver la mayoría de los casos de asilo en un plazo de seis meses, garantizar que las personas solicitantes de asilo tengan acceso a un abogado y asegurar que no se inscriban en el programa “personas especialmente vulnerables”. Tanto Estados Unidos como México se comprometieron con algunas de estas mismas promesas en la primera iteración del programa, pero no las cumplieron. El presidente López Obrador, aunque no está obligado por las decisiones de los tribunales estadounidenses, aceptó reiniciar el programa y lo ha defendido.

La gravedad de los abusos contra los derechos humanos que se han producido como consecuencia del programa “Quédate en México” ha dado lugar a importantes investigaciones, llamamientos a la acción legislativa e impugnaciones judiciales por parte de muchas organizaciones civiles y de derechos humanos de Estados Unidos, México y la región. Entre ellas cabe destacar: 

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Región / País

Las más vistas