(Washington, DC) – Los gobiernos de Estados Unidos y México han expuesto a más de 20.000 niños y niñas al riesgo de sufrir daños graves en el marco de los Protocolos de Protección al Migrante (PPM), comúnmente conocidos como el programa “Quédate en México”, señaló hoy Human Rights Watch en base al análisis de nuevos datos.
EE.UU. envió al menos a 21.300 niños y niñas solicitantes de asilo junto con sus familias a peligrosas ciudades fronterizas mexicanas en el marco del programa “Quédate en México” durante el gobierno del ex presidente estadounidense Donald Trump, según muestran los registros recientemente disponibles. Los niños y niñas constituyeron alrededor del 30 por ciento de los solicitantes de asilo colocados en el programa, según datos de los registros entregados a la Cámara de Compensación de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) por los tribunales de inmigración de EE.UU.
“Los datos muestran la cantidad de niños y niñas que el gobierno de Trump envió indebidamente a condiciones peligrosas en México, muchos de los cuales siguen allí un año después de que el presidente Joe Biden llegara al cargo con la promesa de poner fin a este programa”, dijo Ari Sawyer, investigadora fronteriza de Estados Unidos en Human Rights Watch. “Con los esfuerzos para contabilizar y procesar a esos niños, niñas y sus familias en suspensión indefinida, el gobierno de Biden ha dejado varados y en condiciones vulnerables a los solicitantes de asilo y debería dar marcha atrás inmediatamente”.
Algunos de estos niños y niñas pudieron volver a entrar en EE.UU. entre febrero y agosto de 2021, cuando el gobierno de Biden puso fin inicialmente al programa. Pero la administración detuvo el proceso de desmantelamiento en agosto de 2021, dejando atrás al menos a 15.000 niños y niñas.
El gobierno de EE.UU. dijo que reinició el programa en diciembre para cumplir con una orden de un tribunal federal y desde entonces ha colocado a más de 330 adultos, pero ningún menor, en el programa. Sin embargo, la administración ha enviado núcleos familiares con niños a México y otros países más de 145.000 veces bajo otra medida abusiva contra el asilo, la política de expulsión fronteriza del Título 42.
De enero de 2019 a enero de 2021, más de 71.000 solicitantes de asilo fueron colocados en Quédate en México, bajo el programa bilateral de EE.UU. y México que permite a los agentes fronterizos estadounidenses enviar a solicitantes de asilo no mexicanos a México mientras sus solicitudes se juzgan en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.
Las personas solicitantes de asilo en México a menudo no pueden mantenerse a sí mismas ni acceder a servicios fundamentales como el alojamiento, la comida, el agua, el transporte seguro o la atención sanitaria, y no tienen ningún recurso ante los abusos de los cárteles criminales o de las autoridades mexicanas.
Human Rights Watch habló con varias familias con hijos que han sido secuestrados mientras se encontraban bajo el programa Quédate en México. Una mujer resultó gravemente herida después de que ella y su hijo pequeño fueran secuestrados, y relató que fue violada por varios hombres delante de su hijo.
Las políticas estadounidenses de expulsión o devolución de familias, incluida la de Quédate en México, han llevado a los padres que llegan a la frontera con niños a tomar la dolorosa decisión de enviar a sus hijos solos a Estados Unidos mientras ellos permanecen en el lado mexicano de la frontera porque es probablemente la mejor oportunidad que tiene el niño de encontrar protección. En algunos casos, sus padres desaparecieron en México, dejando a los niños sin compañía cuando llegan a EE.UU.
En el estado mexicano de Tamaulipas, donde el gobierno de EE.UU. comenzó nuevamente a enviar a solicitantes de asilo recientemente, los migrantes son sistemáticamente objeto de secuestro, extorsión, violación y otros actos de violencia, tanto por parte de funcionarios del gobierno como de delincuentes.
Además, no existe un proceso legal significativo para las personas sometidas a Quédate en México. El programa ha agravado las deficiencias existentes en el sistema judicial de inmigración de EE.UU., que ahora acumula su mayor retraso de la historia, incluida la falta de acceso a un abogado, barreras a la representación legal, la falta de transparencia y limitadas protecciones legales. Cuatro de cada cinco niñas y niños acogidos al programa no tenían abogado, según los datos del TRAC.
El presidente Biden hizo campaña con la promesa de crear políticas fronterizas humanas y poner fin al programa Quédate en México. En febrero de 2021, su administración inició un proceso con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para identificar y dejar en libertad condicional en EE.UU. a las personas solicitantes de asilo colocadas en el programa durante el gobierno de Trump.
Ese proceso incluía a personas con casos activos y algunas con casos cerrados, aunque no a todas. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, describió el proceso como una respuesta a las “fallas endémicas” del programa que tuvo “costos humanos injustificables” y como el fracaso a la hora de “proporcionar un proceso justo y las protecciones humanitarias que los individuos merecen bajo la ley”.
Los solicitantes de asilo incluidos en el proceso completaron sus trámites de inmigración mientras estaban en EE.UU.
Sin embargo, en agosto, después de que el gobierno detuviera abruptamente este proceso, los solicitantes de asilo restantes quedaron varados en México o en otros lugares. El presidente Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abrieron entonces una nueva versión ampliada del programa a partir del 6 de diciembre. Ahora incluye a cualquier solicitante de asilo en el hemisferio occidental, hasta personas que no hablan español y que se enfrentan a barreras adicionales para obtener servicios básicos. El programa anterior solo se aplicaba a los solicitantes de asilo de ciertos países hispanohablantes y de Brasil.
Aunque el gobierno de Biden dijo que se vio obligado a reiniciar el programa por orden del tribunal, los solicitantes de asilo inicialmente colocados en Quédate en México cuyos casos están ahora cerrados ya no están en el programa. Los abogados del Southern Poverty Law Center, Innovation Law Lab, National Immigration Project of the National Lawyers Guild, Arnold & Palmer, y Center for Gender and Refugee Studies argumentan que la orden judicial de reimplantar Quédate en México no afecta a esas personas.
El gobierno debería reanudar los esfuerzos para poner en libertad condicional a estos solicitantes de asilo en EE.UU. lo antes posible, señaló Human Rights Watch.
La orden judicial tampoco obligó a Biden a ampliar la política, y el tribunal estadounidense no tiene jurisdicción en México por lo que no podría obligar al presidente López Obrador a reiniciar el abusivo programa.
Mientras que el gobierno de Biden solo ha incluido a los solicitantes de asilo adultos individuales en la nueva iteración del programa, las niñas y niños que viajan con familias están incluidos en la nueva política. Y en una reunión con agentes de la Patrulla Fronteriza el 26 de enero, Mayorkas indicó que planeaba aumentar el número de personas enviadas a México bajo el programa.
La gran mayoría de los niños colocados en Quédate en México procedían de países del Triángulo Norte. Entre los hondureños y guatemaltecos, las nacionalidades más representadas bajo la administración de Trump, casi el 40 por ciento eran niños y niñas. Los menores constituían uno de cada tres salvadoreños colocados en el programa.
De todos los niños y niñas en el programa desde 2019, solo 136, o apenas el 0,6 por ciento, han recibido asilo o alguna otra protección o alivio de la deportación, según datos oficiales. Al menos 9.900 menores en el programa han recibido una orden de deportación.
Un gran número de órdenes de deportación (o “expulsión”) se emitieron en ausencia, o cuando los solicitantes de asilo no acudieron a sus audiencias en el tribunal de inmigración, por ejemplo, porque fueron secuestrados, se escondieron después de sufrir un secuestro u otro tipo de violencia, no pudieron acceder a un transporte seguro hasta un puerto de entrada a EE.UU., o fueron rechazados indebidamente por los funcionarios fronterizos estadounidenses. De todos los casos completados, al menos el 44% terminaron con una orden de expulsión en ausencia, según el Departamento de Seguridad Nacional, aproximadamente el doble de la tasa de inmigrantes en procedimientos de expulsión no detenidos en EE.UU.
Aunque el desmantelamiento de Quédate en México -ahora detenido- no cubría a todos los solicitantes de asilo injustamente deportados bajo el programa, incluía una vía para que aquellos con órdenes de deportación in absentia pudieran reabrir dichos casos.
Una familia venezolana, que incluía a un padre, una madre y su hijo de 14 meses, dijo a Human Rights Watch que habían pasado parcialmente por ese proceso y que su caso de inmigración en EE.UU. había sido reabierto y transferido a otro tribunal de inmigración cuando se enteraron de que Biden había puesto fin a la reducción del programa.
La madre dijo que tuvo que dejar su trabajo hace seis meses después de que unos hombres le robaran en su trabajo a punta de pistola dos veces y amenazaran con secuestrar a su hijo, que estaba allí con ella. Dice que se ha estado escondiendo en su casa, cerca de donde se produjeron los robos. Con el cierre reciente del lugar de trabajo de su marido, la familia no puede comprar comida ni pagar el alquiler.
“El problema es que uno no puede tener una vida normal o digna como migrante aquí [en México]”, dijo. “Más que nada, es muy peligroso”.
Todos los solicitantes de asilo colocados en el programa Quédate en México, ya sea por la administración de Trump o de Biden, incluidos aquellos cuyos casos están cerrados, deben ser autorizados a reingresar a EE.UU. mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, dijo Human Rights Watch.
“El gobierno de Biden está dejando a sabiendas a los niños en peligro”, dijo Sawyer. “La administración debería reanudar inmediatamente el desmantelamiento del programa Quédate en México y brindar a todos una oportunidad justa de solicitar asilo en las fronteras de Estados Unidos”.
