(Washington, DC) – Un programa del gobierno de Estados Unidos expone a los niños, así como a sus padres, en busca de asilo a un grave riesgo de asalto, maltrato y trauma mientras esperan a que sus solicitudes sean procesadas, dijo Human Rights Watch hoy en un informe de investigación conjunto.
Human Rights Watch, junto con el Programa de Derechos Humanos y Trauma de Salud Mental de la Universidad de Stanford y la Clínica de Defensa Familiar e Infantil de la Universidad de Willamette, descubrieron que el programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) de EE.UU., también conocido como “Permanecer en México” (Remain in Mexico), obligó a las familias con niños a esperar en ambientes inseguros en México durante muchos meses. Los padres dijeron que los largos procedimientos en los tribunales de inmigración, el miedo a ser encarcelados y la incertidumbre pasaron factura a la salud, la seguridad y el bienestar de sus familias. Muchos describieron cambios en el comportamiento de sus hijos que, según sus padres, se mostraron más ansiosos o deprimidos después de que las autoridades estadounidenses los enviaran a México a esperar su audiencia.
“Las condiciones, las amenazas a la seguridad y la sensación de incertidumbre que enfrentan los solicitantes de asilo mientras esperan en México provoca estrés psicológico crónico y severo para los menores y las familias”, dijo Ryan Matlow, profesor asistente clínico en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. “Sabemos que estas formas de trauma complejo, generalizado y sin resolver pueden tener secuelas negativas graves a largo plazo para el desarrollo infantil y el funcionamiento familiar”.
Human Rights Watch y otros investigadores entrevistaron a padres e hijos de 60 familias que solicitaron asilo entre noviembre de 2019 y enero de 2020. La mayoría de las familias provenían de El Salvador, Honduras y Guatemala, y algunas de Cuba, Ecuador y Perú. Los investigadores también hablaron con abogados, médicos, proveedores de refugios, líderes religiosos y funcionarios mexicanos.
Bajo los Protocolos de Protección de Migrantes, los funcionarios de inmigración de EE.UU. exigen a la mayoría de los solicitantes de asilo de habla hispana que llegan al país a través de México que esperen en México mientras sus casos son procesados. Los padres dijeron que estando en México, ellos o sus hijos fueron golpeados, acosados, agredidos sexualmente o secuestrados. Algunos dijeron que la policía mexicana les había acosado o extorsionado. La mayoría describió que estaban permanentemente preocupados y eran blanco fácil de la violencia.
Las directrices del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. sugieren que ciertos grupos particularmente vulnerables no sean incluidos en el programa, pero la recomendación es poco precisa y los agentes de inmigración la interpretan de manera variable. Los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. devuelven regularmente a México familias con bebés y niños pequeños; familias indígenas y brasileños cuyo idioma materno no es el español; así como menores y adultos con problemas graves de salud.
Las audiencias de asilo bajo los Protocolos de Protección de Migrantes plantean varias preocupaciones sobre el debido proceso, dijo Human Rights Watch. Para llegar a las audiencias judiciales en EE.UU., las familias deben presentarse en un punto de cruce fronterizo designado, lo que a veces requiere que lleguen a las 3 a.m. a lugares poco seguros. Los enviados a Mexicali o Piedras Negras deben realizar recorridos de 160 a 550 kilómetros para llegar a su punto de cruce fronterizo designado.
Todos los miembros de la familia, incluidos niños pequeños, deben comparecer y asistir en silencio a cada audiencia en la corte. Las familias entrevistadas dijeron que con frecuencia tuvieron que esperar horas para una breve audiencia, y algunos agentes les dijeron a los padres que corrían el riesgo de ser devueltos a México sin ver a un juez si sus hijos hacían ruido o no se estaban quietos.
Las familias dijeron que después de cada audiencia, les encerraban en celdas de detención de inmigrantes, a menudo superpobladas y donde hacía mucho frío, con hombres y adolescentes detenidos por separado, a veces durante una noche o más tiempo, antes de que los funcionarios estadounidenses los devolviesen a México. Algunos dijeron que estaban considerando abandonar sus solicitudes de asilo porque sus hijos tenían miedo de volver a ser detenidos.
Una mujer de 27 años de Honduras describió haber sido detenida con su hija en una celda en El Paso. “Pedí una manta para la niña. Me respondieron que no”, dijo ella y añadió que el guardia no le dio una razón.
Los guardias separan a los niños mayores de menos de 18 años de sus madres y hermanos menores y los colocan con adultos con los que no tienen ninguna relación. Una mujer de Cuba dijo que la separación de su hijo de 13 años “tuvo un efecto traumático en él”. Otro entrevistado describió el efecto que la separación familiar tuvo en los niños que vio en su celda después de su audiencia: “Es totalmente inhumano. Los guardias no tratan a estos menores como niños, los tratan como adultos. No es lógico”.
“Encerrar a las familias en celdas heladas y superpobladas y separar a los niños y las niñas de sus madres es traumático”, dijo Michael García Bochenek, asesor jurídico principal de la división de derechos del niño de Human Rights Watch. “El gobierno de EE.UU. nunca debería infligir crueldad a los niños, especialmente no como el precio a pagar por conseguir una audiencia en la corte”.
Todos los gobiernos están obligados a respetar el principio del derecho internacional consuetudinario de la no-devolución: la prohibición de devolver a una persona a un país donde corra el riesgo de persecución, tortura u otros tratos crueles o inhumanos. Los gobiernos también están obligados a brindar protecciones específicas a los menores, independientemente de si viajan solos o con familia, incluso dándoles consideración principal a sus mejores intereses.
El gobierno de EE.UU. debería cesar inmediatamente el programa MPP y suspender todas las devoluciones de solicitantes de asilo no mexicanos a México. En cambio, debería volver a la norma global de permitir que los solicitantes de asilo permanezcan en el país donde se evalúan sus solicitudes. El gobierno debe garantizar el derecho de los solicitantes de asilo a una audiencia justa y oportuna mediante el establecimiento de un sistema de tribunales de inmigración independiente y con recursos adecuados con representación legal designada por el tribunal para los solicitantes de asilo que pertenecen a grupos particularmente vulnerables.
“‘Permanecer en México’ está poniendo en riesgo a familias que ya afrontan situaciones desesperadas”, dijo Nancy Wang, profesora de medicina de urgencias en el Centro Médico de la Universidad de Stanford. “Es imperdonable que el gobierno de EE.UU. someta a los niños y las familias a condiciones de hacinamiento, insalubridad e inseguridad con una protección inadecuada contra enfermedades infecciosas, ya sea en centros de detención de inmigrantes en EE.UU. o en refugios desbordados en México”.
Programa de Protocolos de Protección de Migrantes
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) comenzó a implementar el programa Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), también conocido como “Permanencia en México” (Remain in Mexico), el 29 de enero de 2019. Bajo esta política, los agentes de inmigración de EE.UU. envían a la mayoría de las personas en busca de asilo que han ingresado a EE.UU. por tierra desde México a ciudades fronterizas mexicanas para que aguarden allí mientras se procesan sus casos en los tribunales de inmigración de EE.UU. Hasta diciembre, los funcionarios estadounidenses habían enviado de vuelta a México a más de 59.000 personas bajo el programa, incluidos al menos 16.000 menores.
Bajo el programa, las familias con hijos son enviadas a México independientemente de las edades de los menores. El DHS ha declarado que las personas “en circunstancias especiales”, incluidas aquellas con “problemas conocidos de salud física/mental” no serán colocadas en el programa, pero los agentes de inmigración de EE.UU. aplican la recomendación del DHS de manera inconsistente, con informaciones que apuntan a que personas crónicamente enfermas, embarazadas o con discapacidad han sido enviadas a México para aguardar sus audiencias de asilo. De acuerdo con las pautas del DHS, los menores no acompañados no deben ser colocados en el MPP. El programa solo afectaba a los solicitantes de asilo de países de habla hispana aparte de México, pero el DHS anunció que a partir del 29 de enero de 2020, había comenzado a exigir que los brasileños de habla portuguesa que buscan asilo permanezcan en México.
En el año que ha transcurrido desde que se lanzó el programa, los funcionarios estadounidenses han enviado a niños y niñas de familias que buscan asilo a Ciudad Juárez, Matamoros, Mexicali, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Tijuana y, desde el 2 de enero, también a Nogales.
Devueltos al peligro
Los solicitantes de asilo entrevistados dijeron que ellos o sus hijos habían sido víctimas de ataques violentos, robos a punta de cuchillo y extorsión en Ciudad Juárez, Matamoros, Mexicali, Nuevo Laredo y Tijuana al transitar por estas ciudades en dirección a la frontera donde solicitar asilo, o después de que funcionarios estadounidenses los enviaran a esas ciudades a esperar su audiencia. Tres familias dijeron que habían sido secuestradas a cambio de un rescate en Nuevo Laredo; una familia pasó ocho días recluida. Cuatro familias dijeron que sus hijos habían sido agredidos sexualmente después de que agentes estadounidenses los enviaran a México.
Dos mujeres dijeron que fueron violadas después de ser enviadas a México, incluida una que fue secuestrada y violada el día en que agentes estadounidenses la enviaron a México. Dos familias dijeron que fueron secuestradas y retenidas a cambio de un rescate casi inmediatamente después de llegar. Otra mujer describió cómo unos hombres armados la robaron cuando cruzó a México desde EE.UU.
Estos testimonios se suman a las 29 denuncias de daños a solicitantes de asilo en Ciudad Juárez documentados por Human Rights Watch en un informe de julio de 2019.
Un estudio realizado en octubre de 2019 por el Centro de Políticas de Inmigración de la Universidad de California en San Diego descubrió que una cuarta parte de más de 600 solicitantes de asilo devueltos a Mexicali y Tijuana fueron amenazados con violencia física mientras esperaban en México las audiencias en los tribunales de inmigración.
Human Rights First ha registrado más de 800 ataques violentos contra personas que buscan asilo, incluidos casos de asesinato, violación y secuestro a cambio de rescate, en el año desde que comenzó el programa. Esa cifra incluye al menos 200 casos de presunto secuestro o intento de secuestro de menores.
En la investigación actual, algunas familias describieron extorsiones y otras formas de acoso por parte de la policía mexicana. Edwin F. (todos los nombres son seudónimos), un hondureño de 28 años alojado en un refugio en Ciudad Juárez con su esposa y su hijo de 5 años, dijo en enero de 2020: “Ayer la policía detuvo a un grupo de nosotros. Nos preguntaron que de dónde éramos. Buscaron en nuestro historial telefónico como si viniéramos a causar daño en el país. Nos retuvieron cerca de media hora mientras nos registraban, incluso a nuestro hijo. Nos pidieron dinero. Yo no tenía nada”. Su esposa, Marisela, de 21 años, dijo que los agentes de policía también la registraron. “Tenía unas toallas sanitarias en una bolsa de compras. Las arrojaron al suelo. Todo lo que tenía, lo tiraron al piso”. El encuentro traumatizó a su hijo de 5 años. “Se puso muy ansioso”, dijo su padre. “Comenzó a llorar descontroladamente”.
Bajo la política del DHS, las personas que buscan asilo deben ser entrevistadas por un oficial de asilo, en lo que se conoce como una entrevista de “miedo creíble”, si alegan a los agentes de inmigración que temen sufrir daños en México. Las directrices del DHS establece que “un nacional de un tercer país no debe ser devuelto involuntariamente a México (…) si es probable que el extranjero sea perseguido (…), o si es probable que sea torturado”.
Muchas familias relataron que estas entrevistas fueron por teléfono y no cara a cara. Al evaluar estas entrevistas, escribió un ex oficial de asilo “[El proceso MPP] coloca sobre los solicitantes la mayor carga de la prueba en los procedimientos civiles en la audiencia de menor calidad disponible”.
“Si dices que tienes miedo de volver a México, te ponen en ‘la hielera’ [refiriéndose a una celda de detención de inmigrantes]”, dijo Nelly O., una hondureña de 27 años. “Esperas una llamada. A eso lo llaman una entrevista de ‘miedo creíble’. La llamada puede producirse de noche. Entonces pasas toda la noche en la hielera”.
Las familias que hablaron con el equipo de investigación dijeron que hicieron la entrevista, pero las organizaciones que trabajan en Ciudad Juárez y Tijuana señalaron a Human Rights Watch que muchos solicitantes de asilo no la habían hecho. “Ahora a la gente les están negando las entrevistas, sin ninguna razón ni documentación que lo justifique”, dijo Tania Guerrero, abogada del Proyecto de Asilo Estamos Unidos de CLINIC. Ella dijo que había oído hablar de más de 10 casos como este en El Paso en solo una semana de enero.
Todas las familias que entrevistamos dijeron que los agentes de inmigración no les preguntaron activamente si temían ser enviados a México, y las pautas del DHS no lo exige. “Realmente no nos preguntaron cuál era nuestro caso o por qué nos fuimos de nuestros países”, dijo María Q., una hondureña de 41 años, sobre su audiencia en San Diego en octubre. “Dijeron que no podían hacer nada. Simplemente nos entregaron unos papeles. No prestaban atención a lo que necesitábamos ni a lo que decíamos”.
Marisela F., una joven hondureña de 21 años, describió su audiencia en El Paso en diciembre con su esposo y su hijo de 5 años: “Los funcionarios no nos preguntaron sobre México”. A pesar de que uno de los documentos que recibieron antes de ser enviados a Ciudad Juárez decía “Adjuntamos un formulario de miedo creíble”, no recordaban haber recibido nunca ese impreso y no tenían ninguna copia de ese papel entre los documentos de sus procedimientos legales.
Del mismo modo, el Centro de Políticas de Inmigración de EE.UU. descubrió que los funcionarios de inmigración de EE.UU. no les preguntaron a más de un tercio de las personas que solicitaban asilo si temían ser enviadas a México. De las que fueron consultadas, casi 9 de cada 10 dijeron a los agentes de inmigración que temían sufrir daños si regresaban a México; a casi el 60 por ciento no se les concedió una segunda entrevista para explicar sus temores.
Las familias devueltas a México a pesar de sus temores expresos a sufrir daños dijeron que tuvieron miedo de solicitar entrevistas durante las audiencias judiciales posteriores. Dijeron que su experiencia inicial les hacía pensar que no les creerían y que solicitar otra entrevista solo significaría más tiempo en detención. Julián M., un hondureño de 28 años, dijo que la segunda vez que él y su familia acudieron a su audiencia en la corte, decidieron no pedir una llamada para explicar su temor a regresar a México. “Si lo hubiéramos hecho, tendríamos que haber esperado otra noche en la celda”, dijo.
Un calvario para llegar hasta la corte de inmigración
Los solicitantes de asilo enviados a Mexicali deben buscar transporte a Tijuana, unos 180 kilómetros al oeste, para presentarse en la frontera para las audiencias en las cortes de inmigración de San Diego. Las familias enviadas a Piedras Negras deben viajar una distancia equivalente a Laredo para las audiencias.
“Tuvimos que llegar hasta aquí [Tijuana] desde Mexicali”, dijo María Q. “Los agentes de inmigración no nos dieron indicaciones para llegar. No nos dijeron dónde había refugios”.
Los niños y las familias enviadas a Nogales deben ir hasta Ciudad Juárez, un viaje de 550 kilómetros, unas siete horas y media por la ruta más directa a través de México, para las audiencias.
Si los menores y las familias no pueden o no hacen el largo y potencialmente peligroso viaje, un juez de inmigración puede rechazar su solicitud de asilo y, en su ausencia, ordenar su deportación.
Las familias contaron que los agentes de inmigración les dijeron que tenían que llegar a los cruces fronterizos entre las 3 a.m. y las 4 a.m. para las audiencias que se celebraban a partir de las 8 a.m.
Las familias en Tijuana dijeron que debido a la dificultad y el peligro de viajar desde sus refugios en mitad de la noche, especialmente con menores, se quedaban en habitaciones de hotel si podían permitírselo. Muchas personas, incluidas mujeres jóvenes con niños pequeños, dijeron que no tenían dinero y que por eso pasaron la noche en la calle delante del cruce fronterizo. Algunas familias describieron su angustia por ser acosados o identificados como blanco fácil mientras buscaban hoteles o esperaban en la calle ,y su temor a ser extorsionados o secuestrados.
Una vez que se les permite ingresar al territorio de EE.UU., las familias son sometidas a exámenes de salud, incluidos controles de piojos, y luego son transportadas a la corte de inmigración. Si algún miembro de la familia no pasa el examen de salud, incluido el control de piojos, la familia se reprograma para otra audiencia, a menudo un mes o más después.
“Esperamos en un pasillo, sentados en sillas”, dijo Nuria J. “Los niños están allí con nosotros. No hay otro lugar para ellos. No pueden jugar. Los guardias no les permiten moverse. Te regañan si los niños se levantan de las sillas. Te pasas el día sentado. Es mucho tiempo”. Otra mujer dijo: “Si tienes un bebé y necesitas cambiarle el pañal, te dan un pañal. Pero no hay donde ir. Tienes que cambiar a tu bebé en el piso, en medio del pasillo”.
Blanca M., de 31 años, asistió a su primera audiencia en la corte de inmigración en agosto con su esposo y sus tres hijas, todas menores de 5 años. “No comimos nada desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m.”, dijo. “Los funcionarios querían que mantuviéramos a las niñas calladas. Realmente estuve a punto de rendirme”. Su esposo agregó: “Un guardia seguía diciendo: ‘Aquellos de ustedes con hijos, contrólelos. Si sus hijos siguen fastidiando, puedo cancelar su audiencia en la corte’. Pero es casi imposible lograr que un niño de un año permanezca sentado en una silla”. Dijeron que lo mismo sucedió dentro de la sala del tribunal.
Algunas familias dijeron que estaban pensando en abandonar sus solicitudes de asilo porque el proceso fue muy traumático para sus hijos.
Un proceso abrumador y poco acceso a asesoramiento
Las familias entrevistadas en Ciudad Juárez y Tijuana describieron un proceso caótico y confuso para ver al juez de inmigración.
La mayoría esperaba poder explicar su situación a un juez de inmediato, pero la primera audiencia, conocida como audiencia de “calendario maestro”, es una breve sesión para abordar asuntos preliminares y fijar una fecha para una audiencia individual más larga. Los solicitantes de asilo que necesitan más tiempo para prepararse o buscar representación legal a menudo son reprogramados para una audiencia adicional de calendario maestro. Algunas familias dijeron que tuvieron hasta tres breves audiencias de calendario maestro. La mayoría de las personas con las que hablamos dijeron que fueron enviadas a México después de cada audiencia sin entender muy bien lo que había sucedido y lo que tenían que hacer para proseguir sus solicitudes.
La mayoría de los papeles que recibieron estaban en inglés. Deben presentar sus solicitudes de asilo en inglés, con toda la documentación de respaldo traducida al inglés.
Reporteros de Associated Press que visitaron tribunales de inmigración en 11 ciudades, entre ellas El Paso y San Diego, describieron lo que vieron como “un caos enorme”: salas de audiencia abarrotadas, archivos de papel fuera de lugar y una frecuente ausencia de intérpretes, entre otras deficiencias.
Las personas que buscan asilo en EE.UU. no tienen garantizada la representación legal. En su lugar, la ley estadounidense establece que tienen el “privilegio de estar representados (sin costo para el gobierno)”. La representación legal pro bono o de bajo costo es difícil de encontrar incluso para aquellos dentro del país. Para las decenas de miles de familias enviadas a México, obtener asesoramiento legal es casi imposible, ya que no hay suficientes abogados pro bono para satisfacer la demanda. Solo 14 de los 1.155 casos decididos en los primeros cinco meses del programa (1,2%) contaron con representación legal.
Los agentes de inmigración proporcionaron a una mujer que asistió a una audiencia en Laredo una lista de proveedores de servicios legales con abogados en Dallas, a 700 kilómetros de distancia.
Algunos solicitantes de asilo alegaron que los abusos cometidos por agentes de inmigración estadounidenses afectaron directamente su capacidad para presentar sus solicitudes. Nicola A. dijo que un agente fronterizo estadounidense uniformado rompió los documentos que corroboraban su testimonio de persecución en su país de origen. Ahora teme no tener pruebas suficientes para respaldar su solicitud de asilo.
Detención en celdas de inmigración heladas en EE.UU.
La mayoría de las familias entrevistadas dijeron que después de sus audiencias en la corte tuvieron que pasar al menos una noche, y a veces más, en las celdas de detención de inmigrantes conocidas como “las hieleras”.
Estas celdas de retención son extremadamente frías, con temperaturas que alcanzan los 15 grados. Las personas detenidas en estas celdas con frecuencia fueron sometidas a condiciones precarias y trato abusivo, como han documentado repetidamente Human Rights Watch y otros grupos.
“Cuando entramos, los guardias encendieron el aire acondicionado”, dijo María Q. “Nos quitaron los suéteres y dijeron que los lavarían, pero nunca nos los devolvieron”.
Wendy G., una hondureña de 32 años, estuvo detenida en “la hielera” con su hija de 12 años y sus hijos de 10 y 8 años en agosto y nuevamente en septiembre después de cada una de sus audiencias en la corte. “Las dos veces pasamos mucho frío”, dijo. “Algunos de los guardias nos gritaban (...) Nos daban comida que aún estaba congelada. Nos dijeron que nos arriesgábamos a estar encerrados más días si nos portábamos mal”.
Las familias dijeron que las celdas de detención de inmigrantes estaban a veces superpobladas, lo que coincide con informes de junio de abogados y de la Oficina del Inspector General del DHS. Edwin F. dijo que después de la audiencia en la corte de su familia en diciembre “nos detuvieron en las celdas [del puesto fronterizo] (…) Mi esposa fue detenida con nuestro hijo, yo estaba en otra celda. Éramos 17 en un espacio pequeño. Era difícil tumbarse”. Debido a que su cita en la corte era el 23 de diciembre, tuvieron que quedarse en las celdas de detención durante cuatro días y fueron devueltos a Ciudad Juárez el 27 de diciembre.
Julián M. dijo que después de que él y su familia tuvieron una audiencia en la corte en octubre, fueron retenidos en una celda de detención de inmigrantes en El Paso:
La celda en la que estaba tenía una capacidad para 38. Había una señal. Estaba en inglés, pero entendí la palabra “capacidad”, y justo al lado estaba el número 38. Nos contamos. Éramos 112 en esa celda. Al principio había 99. Luego los guardias trajeron a 13 más. Los 13 no cabían. Todos estábamos durmiendo en el piso. Un funcionario nos dijo que nos pusiéramos de pie para que todos pudiésemos entrar en la celda. Tenía una pistola paralizante. Nos amenazó con ella, diciendo: “Si no os levantáis, os dispararé con la pistola eléctrica”. Por supuesto, todos nos levantamos de inmediato. Nadie durmió esa noche.
La mayoría de las familias entrevistadas dijeron que estuvieron detenidas uno o dos días después de sus audiencias, aunque algunas describieron períodos que duraron tres, cuatro o más días. Nuria J. describió su detención en “la hielera” con su hijo y su hija: “Había un hombre, quizás de unos 35 años, que dijo que llevaba siete días encerrado después de su audiencia en la corte”.
Las familias en las celdas de detención de inmigrantes no pueden bañarse. Muchos describieron las celdas como “sucias” y “asquerosas”.
Algunos describieron problemas de salud significativos en las celdas de detención. Nicola A., capacitada en salud pública, contó lo que vio mientras ella y su familia estaban en celdas de detención de inmigrantes: “Noté que había muchas personas que tenían piojos, así como otras que mostraban signos y síntomas de varicela. Sin embargo, nos tenían a todos juntos en las mismas celdas; estas condiciones eran extremadamente insalubres”.
Los informes e inspecciones anteriores de las celdas de detención de inmigrantes por parte de inspectores gubernamentales, Human Rights Watch y otros también encontraron condiciones insalubres y en general deficientes, como casos de gripe, piojos, sarna, herpes zóster y transmisión de la varicela, hacinamiento y provisión inadecuada de alimentos. Un grupo de médicos, enfermeras y trabajadores sociales voluntarios en San Antonio, Sueños Sin Fronteras, encontró que estaban apareciendo nuevas enfermedades en las celdas de detención de inmigrantes, como “muchos forúnculos y erupciones cutáneas, atribuibles a la falta de higiene; estreñimiento severo, atribuible a la deshidratación y a la mala ingesta de alimentos” y quejas casi universales de “síntomas de gripe o problemas respiratorios, o ambos”.
Consecuencias adversas para la salud mental
El trauma combinado de las huidas de las familias de la persecución, con los peligros que enfrentaron en sus travesías a EE.UU. y que ahora afrontan en México, ha tenido serios efectos negativos en su salud mental.
Las familias entrevistadas describieron su desesperación, desesperanza, ansiedad y el deterioro de las relaciones familiares. “Las familias están haciendo todo lo posible para sobrevivir y adaptarse a las circunstancias en las que se encuentran, pero la sensación de que están permanentemente bajo amenaza y peligro provoca experiencias a largo plazo de ansiedad, desconfianza, hipervigilancia, reactividad conductual, retraimiento y fatiga”, explicó Matlow. Dijo que los niños eran especialmente susceptibles al trauma, lo que se asocia con dificultades de aprendizaje, problemas de comportamiento, problemas de salud y una esperanza de vida acortada.
Estamos constantemente estresados por nuestra incapacidad para solicitar asilo y encontrar refugio en un lugar seguro. Pasamos miedo y ansiedad en México, dado que nuestros secuestradores todavía nos persiguen. Tenemos miedo de ser separados y detenidos nuevamente en las horrendas condiciones de detención de inmigrantes (...) Experimentamos estos temores todos los días. Tenemos preocupaciones de salud continuas y nos estamos quedando sin dinero para pagar los medicamentos y el tratamiento (...) Toda esta experiencia ha tenido un efecto negativo en nuestra familia.
Nuestro hijo parece traumatizado y está más callado, deprimido y retraído que nunca. Mi esposo y yo estamos constantemente ansiosos e irritables debido al estrés permanente. Estamos desesperados y estamos perdiendo la esperanza de poder encontrar seguridad y refugio de la persecución y la victimización que hemos sufrido. Estamos empezando a creer que no hay un lugar seguro al que podamos ir y ser aceptados.
