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Sara, de 26 años, y Hassan, de 24, ambos de Siria, están sentados en el suelo en el bosque de Lewosze, Polonia, tras cruzar la frontera desde Belarús, el 29 de octubre de 2021. © 2021 REUTERS/Kacper Pempel

(Bruselas) – El apoyo de la Unión Europea a gobiernos abusivos para mantener alejados a los inmigrantes y solicitantes de asilo durante 2021 puso de relieve la enorme brecha entre la retórica del bloque acerca de los derechos humanos y su práctica real, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2022. Los principales ejemplos son la militarización y la emergencia humanitaria en la frontera entre Belarús y Polonia, y las devoluciones en otras fronteras exteriores de la UE.

“A menudo vemos que el compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos flaquea cuando las cosas se ponen difíciles”, dijo Benjamin Ward, subdirector para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “En un momento en que la gente está sufriendo y sus derechos están amenazados dentro y fuera de las fronteras de la Unión Europea, necesitamos una UE dispuesta a defenderlos”.

En la 32ª edición del Informe Mundial 2022, de 752 páginas, Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. Su director ejecutivo, Kenneth Roth, cuestiona la idea convencional de que la autocracia está en auge. En un país tras otro, un gran número de personas han salido recientemente a las calles, incluso a riesgo de ser detenidas o heridas por disparos, lo que demuestra que el atractivo de la democracia sigue siendo fuerte. Mientras tanto, a los autócratas les resulta cada vez más difícil manipular las elecciones a su favor. Sin embargo, Roth afirma que los líderes democráticos deben desempeñar un mejor trabajo a la hora de hacer frente a los desafíos nacionales y globales; para asegurarse de que la democracia cumple con los beneficios prometidos.

Human Rights Watch destacó las preocupaciones de toda la Unión en materia de inmigración y asilo, discriminación e intolerancia, pobreza y desigualdad, Estado de derecho y política exterior del bloque. El Informe Mundial incluye capítulos sobre Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Polonia y España, y sobre países de la región no pertenecientes a la UE, como Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo y el Reino Unido.

El respeto al Estado de Derecho se erosionó en varios países de la UE a lo largo del año. Polonia y Hungría fueron objeto de un continuo escrutinio por los ataques contra los derechos de las personas LGBT, la independencia judicial y la libertad de los medios de comunicación, los derechos de las mujeres y los grupos de la sociedad civil, incluidos los defensores de los derechos de las mujeres. Hubo algunos indicios de una respuesta más enérgica por parte de algunas instituciones de la UE a la situación de Hungría y Polonia, incluidas las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

Pero aunque los Estados miembros de la UE utilizaron una retórica más fuerte para criticar los ataques al Estado de derecho y a las instituciones democráticas dentro de la UE, no llegaron a tomar medidas decisivas en virtud del procedimiento del artículo 7 previsto en los tratados de la UE ni a impulsar plenamente los sistemas para condicionar la financiación al cumplimiento de los principios de la UE.

Los países de la UE apenas avanzaron en el desarrollo de políticas migratorias respetuosas con los derechos o en el reparto equitativo de la responsabilidad sobre los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, y solo mostraron consenso en el sellado de las fronteras y en la externalización de la responsabilidad a expensas de los derechos humanos. Aunque los países de la UE evacuaron a miles de afganos de Kabul en agosto, sus promesas de reasentamiento se quedaron cortas, y siguieron cooperando con países como Libia, a pesar de las pruebas de los graves abusos cometidos contra migrantes y refugiados. La agencia fronteriza de la UE, Frontex, se resiste a las peticiones de rendición de cuentas frente a los crecientes indicios de responsabilidad en los abusos y la falta de investigación.

Croacia, Chipre, Grecia, Hungría, Eslovenia, España, Lituania, Letonia y Polonia participaron en devoluciones de inmigrantes, y los tres últimos modificaron su legislación nacional para dar cobertura legal a estas prácticas ilegales. Dinamarca aprobó una ley que le permite enviar a solicitantes de asilo a otro país para el examen de sus solicitudes y sentó un precedente peligroso al eliminar el estatuto de “protección temporal” de las personas procedentes de Damasco o sus alrededores. Las autoridades francesas infligieron un trato degradante a inmigrantes en la frontera entre Reino Unido y Francia, en una política errónea para disuadir a quienes llegan al norte del país. Los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes y los refugiados en Grecia, Italia y Chipre, entre otros países, se enfrentaron a un entorno hostil, incluido el procesamiento. 

Las respuestas estatales al racismo, la violencia y la discriminación, que afectaban a mujeres, minorías étnicas y religiosas, personas LGBT y personas con discapacidad, fueron a menudo inadecuadas y en algunos casos exacerbaron el abuso de los derechos. La pandemia de Covid-19 fomentó la discriminación y los delitos de odio, incluida la incitación al odio por Internet dirigida a determinados grupos sociales. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE y el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa afirmaron que los países de la UE debían abordar la discriminación estructural, incluida la elaboración de perfiles étnicos por parte de la policía. En un avance positivo, la Comisión Europea adoptó una estrategia para los derechos de las personas con discapacidad hasta 2030.

La pandemia de Covid-19 aumentó la profunda desigualdad y la pobreza en la Unión Europea, a pesar de un importante presupuesto de recuperación con fondos dedicados a abordar la exclusión social y las medidas de mitigación de cada país. Las estimaciones oficiales sugerían que aproximadamente una quinta parte de la población de la UE estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. El uso de los bancos de alimentos y la pobreza infantil aumentaron, las medidas para compensar la subida de los costes energéticos parecían insuficientes, y la población gitana seguía corriendo un riesgo desproporcionado de vivir en la pobreza y la exclusión social.

La UE obstaculizó la adopción de medidas fundamentales para poner fin a la pandemia de Covid-19 al oponerse a las propuestas de exención temporal de las normas comerciales y de propiedad intelectual que podrían facilitar la producción y disponibilidad mundial de las pruebas, tratamientos y vacunas contra el Covid-19.

La Comisión Europea adoptó en julio propuestas legislativas para lograr la neutralidad climática en 2050, incluyendo un objetivo de reducción de las emisiones del 55% para 2030, pero el Parlamento Europeo votó a favor de prolongar las subvenciones al gas hasta 2027, socavando estos esfuerzos. Los 27 miembros de la UE se encuentran colectivamente entre los 10 principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo, contribuyendo a la crisis climática en todo el planeta.

La UE y varios Estados siguieron desempeñando un papel destacado en las iniciativas de la ONU relacionadas con los derechos humanos en países como Afganistán, Belarús, Sudán, Etiopía, Siria, Sri Lanka, Myanmar, Nicaragua y Corea del Norte, así como con el cambio climático. Pero la regla de la unanimidad de la UE en política exterior impidió a menudo una acción decisiva para abordar, o incluso denunciar, graves abusos a los derechos humanos, sobre todo en países como Egipto, Israel, los países del Golfo y la India.

Las expresiones de preocupación a menudo solo se han formulado durante los diálogos bilaterales sobre derechos humanos, cuyo impacto en el fomento de un cambio positivo sigue siendo muy cuestionable. Impulsada por el Parlamento Europeo, la UE está trabajando para adoptar una legislación histórica sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente obligatoria para las empresas. La UE también está reformando su sistema de preferencias generalizadas (SPG), que concede a terceros países un acceso preferente al mercado de la UE vinculado a diversas formas de condicionalidad en materia de derechos humanos.

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