La crisis de derechos humanos en Nicaragua iniciada en 2018 se ha agravado.
El 7 de noviembre, el presidente Ortega fue elegido para un cuarto mandato consecutivo en elecciones que no fueron libres, competitivas ni justas. Antes de los comicios, el gobierno detuvo y procesó arbitrariamente a decenas de críticos, incluidos siete candidatos presidenciales. La represión ha continuado y se ha consolidado un gobierno autoritario sin instituciones independientes que puedan poner freno a los abusos del ejecutivo.
La mayoría de los procesos penales contra críticos se sustentaron en acusaciones falsas violando garantías de debido proceso. Muchos estuvieron incomunicados durante semanas o meses en condiciones de detención abusivas. Otras 120 personas percibidas como opositoras siguen detenidas arbitrariamente.
Esta arremetida fue posibilitada por leyes y reformas represivas, aprobadas por legisladores afines al gobierno, que violan los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como el derecho a votar y a postularse a cargos públicos.
El gobierno también ha hostigado a la sociedad civil y los medios independientes. Graves abusos incluidos actos de tortura y asesinatos han quedado impunes.
Los esfuerzos de la comunidad internacional deben orientarse a lograr que el gobierno libere a quienes están detenidos arbitrariamente. Es fundamental la presión internacional firme y sostenida para reestablecer la independencia judicial y las libertades públicas. Instamos al Consejo de Derechos Humanos a establecer un mecanismo internacional independiente de investigación para reunir y preservar evidencia sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
