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Nicaragua

Eventos de 2020

Una mujer sostiene una pancarta que dice “Amor en tiempos del Covid-19” en una marcha patrocinada por el gobierno en Managua, Nicaragua, el 14 de marzo 2020.

© 2020 REUTERS/Oswaldo Rivas

Desde que asumió en 2007, el gobierno del Presidente Daniel Ortega ha desmantelado prácticamente todos los controles institucionales sobre el poder presidencial. El Consejo Supremo Electoral, compuesto por miembros leales a Ortega, ha excluido a partidos políticos opositores y destituido a legisladores de la oposición. La Corte Suprema de Justicia ha confirmado decisiones del Consejo Supremo Electoral que socavan derechos políticos y que permitieron a Ortega ignorar una prohibición constitucional a su reelección y postularse a un segundo mandato.

En octubre, el Congreso sancionó dos leyes promovidas por el Presidente Ortega que podrían vulnerar gravemente la libertad de asociación y de expresión.

La respuesta del gobierno al Covid-19 se caracterizó por negar el impacto de la pandemia y contradecir las recomendaciones de los expertos mundiales en salud. El gobierno fomentó, en un principio, los eventos multitudinarios, y nunca dispuso el cierre de escuelas ni medidas de confinamiento o de distanciamiento social. En abril, Ortega manifestó estar en contra de las campañas públicas que instaban a las personas a quedarse en casa.

La feroz represión por agentes de la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno en 2018 dejó un saldo de más de 300 muertos y 2.000 heridos, y cientos de personas detenidas arbitrariamente y procesadas. El gobierno de Ortega ha seguido adelantando procesos penales contra manifestantes y críticos. Asimismo, continúan impunes violaciones de derechos humanos cometidas por policías.

Otros problemas que persisten en Nicaragua son las severas restricciones a la libertad de expresión y de asociación, la discriminación política contra funcionarios de la administración pública que apoyan a la oposición y las restrictivas leyes sobre aborto que dejan sin opciones a las víctimas de violación sexual.

Respuesta al Covid-19

El gobierno de Ortega ha respondido a la pandemia con negacionismo, inacción y falta de transparencia. No adoptó medidas de emergencia y ha mantenido las escuelas abiertas. En un principio, la vicepresidenta Rosario Murillo fomentó los eventos multitudinarios, incluyendo la convocatoria a una marcha nacional organizada por el gobierno en el mes de abril en Managua.

Si bien el gobierno reportó hasta septiembre más de 5.000 casos de contagios y más de 140 muertos, la organización no gubernamental Observatorio Ciudadano Covid-19 registró el doble de posibles casos y 2.700 muertes —casi 20 veces más que lo informado oficialmente—. Según informes de prensa, las autoridades han encubierto presuntos fallecimientos por Covid-19, informando que la causa de muerte es una “neumonía atípica” y enviando a funcionarios y policías a realizar “entierros exprés”.

El gobierno se ha negado a brindar información sobre la cantidad de pruebas de Covid-19 realizadas.

Hasta agosto de 2020, el gobierno había despedido a por lo menos 31 profesionales de la salud que trabajan en hospitales públicos, al parecer en represalia por haber criticado el manejo de la pandemia por el gobierno. Durante la represión de las protestas en 2018, el gobierno despidió a por lo menos 405 médicos, profesionales de enfermería y otros trabajadores de la salud, al parecer por haber atendido a víctimas de la represión.

Represión del disenso

En abril de 2018, se iniciaron en todo el país protestas multitudinarias contra el gobierno. Miembros de la Policía Nacional, en coordinación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimieron brutalmente a los manifestantes, dejando un saldo de 328 muertos, casi 2.000 heridos y cientos de detenidos. Al intensificarse la represión, algunas personas respondieron con violencia. Las autoridades reportaron que 21 policías murieron en el contexto de manifestaciones entre abril y septiembre de 2018.

Cientos de manifestantes fueron interceptados y detenidos de forma arbitraria, muchos de ellos durante varios meses. Muchas de estas personas fueron sometidas a torturas y otros maltratos, como descargas eléctricas, golpizas violentas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual. La persecución penal a las personas detenidas estuvo marcada por graves violaciones de las garantías de debido proceso y de otros derechos fundamentales.

Los abusos policiales continuaron en 2020. En marzo, miembros de la policía atacaron y detuvieron a manifestantes que demandaban la liberación de presos políticos, según se informó en los medios, y policías y agresores no identificados atacaron a periodistas.

También en marzo, Melvin Alberto Urbina Saavedra murió luego de que policías le dieran una golpiza mientras se encontraba detenido, según informó su familia a la ONG Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH). En abril, miembros de la policía arrestaron a por lo menos cinco manifestantes e hirieron a dos durante un evento en el cual se conmemoraban las manifestaciones de 2018 en Esquipulas, Moyogalpa. En agosto, miembros de la policía citaron a Francisco Aguirre Sacasa, crítico del gobierno y ex ministro de Relaciones Exteriores, para que compareciera ante una dependencia policial. Al llegar, la policía lo arrestó sin informarle los cargos en su contra ni permitirle comunicarse con un abogado. Sacasa luego fue llevado ante los medios rodeado de policías fuertemente armados, y liberado algunas horas más tarde. No obstante, sigue sujeto a un proceso penal por la supuesta compra de artículos robados para su colección de antigüedades.

En 2019, el gobierno de Ortega liberó a 492 personas detenidas en el contexto de las protestas. En la mayoría de los casos, quedaron sujetas a algún tipo de restricción, como el arresto domiciliario. A mediados de junio de 2019, entró en vigor una amplia amnistía que terminó con muchas de estas restricciones, según indicó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). A septiembre de 2020, la ACNUDH estimaba que 94 personas percibidas como opositoras del gobierno continuaban encarceladas.

Debido en parte a la amnistía, al momento de la redacción de este informe, no se conocían investigaciones ni procesos penales para identificar y condenar a los responsables por las violaciones de derechos humanos relacionadas con la represión de 2018. En 2019, el Presidente Ortega ascendió a altos funcionarios implicados en abusos.

Ataques contra defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes

Defensores de derechos humanos y otros actores que son críticos del gobierno siguen siendo blancos de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación en línea, hostigamiento, vigilancia y agresiones. Algunos fueron sometidos a procesos penales arbitrarios marcados por violaciones al debido proceso. El gobierno continúa aplicando medidas innecesarias y desproporcionadas de vigilancia, acoso y ataques selectivos en contra de defensores de derechos humanos y cualquiera que se identifique con la oposición, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En octubre de 2020, el Congreso aprobó un proyecto de ley “de agentes extranjeros” promovido por Ortega, que podría ser utilizada para reprimir aún más el disenso. La ley exige que algunas personas físicas o jurídicas que reciban fondos desde el exterior directa o indirectamente se registren como “agentes extranjeros” y les prohíbe intervenir en cuestiones de política interna y externa. La ley podría afectar a periodistas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y opositores políticos. Asimismo, prohíbe que las personas registradas como “agentes extranjeros” se postulen a cargos públicos hasta que haya transcurrido un año desde haber dado de baja su inscripción. También en octubre, el Congreso adoptó una ley sobre ciberdelitos que penaliza la difusión de “noticias falsas” y otras expresiones en internet; por ejemplo, al establecer penas de hasta 5 años de prisión para quien “publique” o “difunda” en internet información “falsa” o “tergiversada, que produzcan alarma, temor, zozobra”.

Asimismo, Ortega manifestó en septiembre que su gobierno impulsaría una reforma constitucional con el fin de establecer penas de prisión perpetua para “crímenes de odio”. Estos proyectos de ley restringirían aún más la posibilidad de que la oposición compita de manera justa en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021.

En septiembre de 2019, el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés Castillo, acusó a varias ONGs de “golpistas”. A junio de 2020, el Congreso había cancelado la personería jurídica de 10 ONGs, obligándolas a cerrar.

El gobierno de Ortega restringe la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación a través de amenazas, insultos, agresiones físicas, detenciones, investigaciones impositivas arbitrarias y cierres forzosos.

En marzo de 2020, la policía no intervino cuando personas que gritaban consignas a favor de Ortega atacaron y robaron a por lo menos tres periodistas de medios de comunicación independientes que cubrían un funeral en Managua. Ese mismo mes, Emiliano Chamorro, director del medio digital El Portavoz Ciudadano, denunció que la policía lo vigilaba y hostigaba. En julio, Gerall Chávez, cofundador del medio digital Nicaragua Actual —exiliado desde 2018 tras recibir amenazas y ser hostigado por partidarios del gobierno— fue amenazado en Facebook, inclusive con una animación que representaba su asesinato. En agosto, tres empleadas de la alcaldía municipal de El Rama presentaron una demanda penal por calumnia contra la periodista Kalúa Salazar, de la estación de radio La Costeñísima, por denunciar actos de corrupción. Al momento de elaboración de este informe, Salazar esperaba el inicio del juicio. En octubre, un grupo oficialista atacó e hirió gravemente a la periodista Verónica Chávez, del medio 100% Noticias, en Masaya, cuando se retiraba de una reunión de la oposición.

La CIDH calcula que entre abril de 2018 y abril de 2020 más de 90 periodistas han huido de Nicaragua.

Solicitantes de asilo nicaragüenses

Según la CIDH, hasta abril de 2020, más de 103.000 ciudadanos habían huido de Nicaragua desde abril de 2018. En marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados denunció que había alrededor de 77.000 refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica.

Aunque la mayoría de los nicaragüenses se han ido a Costa Rica, miles se han dirigido a México, Panamá y Estados Unidos.

Derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas

Desde 2006, Nicaragua prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando un embarazo suponga un riesgo para la vida o sea el resultado de violación o incesto. Las mujeres y niñas que abortan enfrentan penas de hasta dos años de cárcel. Las penas para los profesionales médicos que realicen abortos van de uno a seis años de cárcel. Debido a la prohibición del aborto, mujeres y niñas con embarazos no deseados se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos e inseguros, que ponen en riesgo su salud y su vida.

Actores internacionales clave

La persistencia de violaciones de derechos humanos ha generado un fuerte repudio regional e internacional.

En junio, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con apoyo interregional, renovó y fortaleció el mandato de la Oficina del ACNUDH para continuar evaluando la situación en Nicaragua. El Consejo condenó los abusos y exhortó al gobierno a reanudar la colaboración con las organizaciones internacionales de derechos humanos.

En septiembre de 2019, la Oficina del ACNUDH publicó un informe detallado sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua entre agosto de 2018 y julio de 2019, en el cual exhortó al gobierno a garantizar las libertades de la sociedad civil; restablecer la personería de las ONGs; impulsar investigaciones y juzgar a las personas acusadas de violaciones de derechos en el marco de las protestas; y poner fin a las detenciones arbitrarias, entre otras medidas.

A septiembre de 2020, según la ACNUDH, la mayoría de las recomendaciones previas no habían sido implementadas, contribuyendo a que ocurrieran nuevas violaciones y a que continuara la impunidad. La ACNUDH señaló que seguían las restricciones al espacio cívico, incluyendo la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos. También manifestó que la Ley de Amnistía de 2019 había agravado la impunidad ante violaciones graves de derechos humanos.

En 2018, el régimen expulsó al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la CIDH y a la ACNUDH. La CIDH ha continuado dando seguimiento a la situación en Nicaragua, incluso denunciando restricciones a las protestas sociales, ataques a la libertad de expresión, falta de información confiable sobre los efectos de la pandemia, y estigmatización y persecución de periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros temas. Desde las expulsiones de 2018, no se ha admitido a otros organismos internacionales para que monitoreen la situación en el terreno.

En junio de 2019, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que hace posible una evaluación sobre el cumplimiento de Nicaragua con la Carta Democrática Interamericana adoptada en 2001. La carta habilita al Secretario General de la OEA o a cualquier otro país miembro a convocar una sesión del Consejo Permanente para que analice situaciones en las cuales haya existido una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”. La resolución de 2019 instó al gobierno a adoptar medidas para retomar las negociaciones con la oposición y restablecer el acceso a los mecanismos internacionales de monitoreo. También instruyó la designación de una comisión encargada de realizar gestiones diplomáticas para superar la crisis. En septiembre de 2020, el gobierno le prohibió a la comisión el ingreso a Nicaragua.

A septiembre de 2020, el Departamento del Tesoro de EE. UU. había impuesto sanciones a 17 funcionarios nicaragüenses responsables de abusos o corrupción. De esos 17 funcionarios, 14 fueron sancionados conforme al Decreto Ejecutivo 13851 y tres conforme a la Ley Magnitsky Global de 2016, que permite aplicar sanciones a responsables de violaciones de derechos humanos. A cinco de esas 14 personas también se les aplicaron sanciones de conformidad con la Ley sobre Derechos Humanos y Corrupción en Nicaragua, de diciembre de 2018.

En junio de 2019, Canadá implementó sanciones contra nueve altos funcionarios nicaragüenses implicados en violaciones de derechos humanos.

En octubre, la Unión Europea y el Reino Unido adoptaron sanciones, incluyendo prohibiciones de viajes e inmovilización de activos, contra seis altos funcionarios del gobierno de Ortega responsables de abusos. En junio, Suiza también impuso sanciones financieras y relativas a viajes contra seis altos funcionarios nicaragüenses. En octubre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución mediante la cual condenó el deterioro de la situación de los derechos humanos e instó a la UE a establecer medidas concretas ante la falta de avances. Los Estados miembros de la UE prorrogaron las sanciones contra el régimen hasta octubre de 2021.

En octubre de 2020, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución en la cual se dispuso que el gobierno de Ortega tendría plazo hasta mayo de 2021 para implementar las reformas electorales necesarias a fin de garantizar elecciones libres, justas y transparentes en noviembre de 2021.