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Proteger los derechos de las personas con discapacidad ante el COVID-19

Asegurar el acceso a la información y a servicios esenciales para quienes están expuestos a mayores riesgos

A man using a wheelchair is pictured washing his hands in a public water tap in Nairobi, Kenya, as a preventive measure against COVID-19, March 22, 2020. © 2020 Dennis Sigwe/SIPA via AP Images

(Nueva York) – Los riesgos que presenta la enfermedad COVID-19 son particularmente graves para muchas personas con discapacidad en todo el mundo, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos deberían realizar esfuerzos adicionales para proteger los derechos de las personas con discapacidad en su respuesta a la pandemia.

“Las personas con discapacidad están entre las más marginadas y estigmatizadas del mundo, incluso en circunstancias normales”, manifestó Jane Buchanan, subdirectora de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch. “Si los gobiernos no toman medidas rápidas para incluir a las personas con discapacidad en su respuesta al COVID-19, seguirán expuestas a graves riesgos de contagio y muerte a medida que la pandemia se propague”.

En todo el mundo, más de 1000 millones de personas –aproximadamente, un 15 % de la población mundial– tienen algún tipo de discapacidad. Las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas o las personas con discapacidad —que, por ejemplo, afecten su capacidad respiratoria— pueden estar expuestas a un particular riesgo de enfermedad grave o muerte a causa de la infección por COVID-19.

Para otras personas, la discapacidad en sí misma no implica un mayor riesgo de contagio, pero están en peligro debido a la discriminación y a los obstáculos para el acceso a información, servicios sociales, atención médica, inclusión social y educación.

En una pandemia que evoluciona rápidamente, la información es esencial para que las personas tomen decisiones sobre cómo protegerse y cómo acceder a necesidades y servicios durante la cuarentena y el aislamiento voluntario. Los gobiernos en todos los niveles deben brindar información sobre la enfermedad, métodos de prevención y servicios en forma precisa, accesible y oportuna.

Para asegurar que las personas con discapacidad no queden sin acceso a información clave para salvar su vida, las estrategias de comunicación deberían incluir interpretación profesional con lenguaje de señas para los anuncios de televisión, sitios web accesibles para personas con diferentes discapacidades y servicios telefónicos para personas sordas o con hipoacusia. Las comunicaciones deben adoptar un lenguaje simple para asegurar la máxima comprensión.

Human Rights Watch entrevistó a Karen McCall, que tiene ceguera conforme a criterios legales y cumple cuarentena voluntaria en su vivienda en Ontario, Canadá, después de haber tenido un posible contacto con una persona que tuvo un resultado positivo en la prueba de COVID-19. Dijo que había tenido dificultades para acceder a información del Ministerio de Salud de Ontario, dado que una presentación de diapositivas que publicaron en internet sobre cómo mantenerse saludable durante el brote de COVID-19 no era compatible con la tecnología de lectura de pantalla o agrandamiento de imagen con que ella cuenta.

Los gobiernos también deberían considerar las necesidades específicas de las personas con discapacidad al desarrollar estrategias de prevención. Por ejemplo, deberían formularse pautas para el lavado de manos especiales para personas con discapacidad que no pueden lavarse las manos con frecuencia o no pueden hacerlo solas, o que no tienen acceso a suficiente agua para higienizarse.

El COVID-19 se propaga con rapidez y es especialmente peligroso para personas que viven muy cerca de otras en entornos cerrados. Millones de adultos y niños con discapacidad viven en residencias apartadas y, a menudo, atestadas, donde pueden sufrir abandono y abusos, y no recibir atención médica suficiente. Human Rights Watch ha documentado situaciones de trato abusivo y condiciones deficientes en instituciones del ámbito estatal y privado en Brasil, Croacia, Kazajistán, India, Rusia y Serbia. Decenas de miles de otras personas se encuentran encadenadas y encerradas en centros religiosos o estatales en Ghana, Indonesia, Nigeria y Somalilandia.

Los gobiernos deberían tomar medidas urgentes para trasladar a las personas con discapacidad (en los casos en que sea seguro hacerlo) fuera de las instituciones cerradas y otros centros similares, y disponer que se interrumpa el ingreso de personas nuevas. Los niños y niñas con discapacidades que se encuentran en internados deberían volver a vivir con sus familias siempre que sea posible.

Los gobiernos deberían brindar a los adultos con discapacidad apoyo social y servicios para vivir en la comunidad. Dentro de las instituciones, las autoridades deberían seguir estrictas pautas de higiene y distanciamiento físico, y deberían crear políticas para las visitas que equilibren la protección de los residentes y el personal con las necesidades de mantener la conexión y los vínculos familiares.

Las personas con discapacidad que viven en sus hogares suelen recurrir a servicios sociales comunitarios para satisfacer sus necesidades diarias básicas, incluso en lo referente a comidas e higiene. Existe fuerte preocupación entre las organizaciones de derechos de las personas con discapacidad por la interrupción de estos servicios. Las personas que brindan asistencia no cuentan con los equipos de protección personal necesarios para minimizar la exposición o la propagación de la infección, o ellas mismas se están contagiando y deben cumplir una cuarentena.

Las políticas para contener la propagación del coronavirus requieren el aislamiento social, y esto puede hacer que las personas con discapacidades psicosociales, como ansiedad o depresión, puedan sufrir un profundo malestar. En estos casos, puede resultar útil reforzar los servicios de apoyo para la salud mental. De hecho, en general, el aislamiento y la cuarentena podrían generar angustia a la mayoría de las personas. Las políticas gubernamentales deberían asegurar que continúe la prestación de servicios comunitarios y que los programas de orientación para situaciones de crisis sean accesibles para todas las personas. La interrupción de los servicios comunitarios no debería dar como resultado la institucionalización de las personas con discapacidad ni de las personas mayores.

En muchos países, los niños y niñas con discapacidad enfrentan obstáculos para acceder a una educación inclusiva y de calidad. A medida que los gobiernos cierran escuelas, muchas están implementando la instrucción en línea. Los niños y niñas con diferentes discapacidades pueden quedar excluidos si la instrucción en línea no se diseña de un modo accesible para ellos, por ejemplo, a través de materiales y estrategias de comunicación adaptados y accesibles. Los gobiernos también deberían asegurar que los alumnos que no tienen acceso a internet puedan contar con materiales y planes de clases accesibles. Sin el apoyo gubernamental, es posible que los padres y cuidadores no puedan brindar los servicios que los niños y las niñas podrían recibir en las escuelas.

En El Líbano, por ejemplo, las escuelas públicas y privadas han cerrado sus puertas y las clases se imparten de modo virtual. Amer Makarem, de la Youth Association of the Blind, dijo a Human Rights Watch que, en general, las clases virtuales y la asignación de las lecciones no son accesibles para estudiantes ciegos o con baja visión.

El COVID-19 podría tener consecuencias catastróficas en lugares como campamentos de refugiados u otros campamentos temporales, en los cuales las personas viven en muy estrecho contacto y, a menudo, sin acceso a servicios básicos. Las personas con discapacidad en lugares como estos enfrentan graves obstáculos para poder acceder a servicios básicos como albergue, agua, servicios sanitarios y atención médica, por ejemplo en países como Bangladés, Camerún, República Centroafricana, Grecia, Siria y Yemen.

De conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), los gobiernos deben garantizar los derechos a la información, la salud, la educación y a un estándar de vida básico. La CDPD exige que los gobiernos aseguren la accesibilidad y ajustes razonables para las personas con discapacidad, y que puedan vivir en la comunidad de manera independiente, con el apoyo que sea necesario.

“Una de las cosas más importantes que los gobiernos pueden hacer para proteger a las personas con discapacidad durante la pandemia del coronavirus es consultarlas periódicamente para cerciorarse de que las políticas sean acordes a sus necesidades”, señaló Buchanan. “Se avecinan otras catástrofes si millones de personas quedan excluidas de la respuesta al COVID-19”.

 

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