El 5 de marzo, Estados Unidos anunció sanciones contra tres funcionarios de la Policía Nacional de Nicaragua por su papel en las “graves violaciones de derechos humanos.” También se impusieron sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua como entidad y se congelaron sus bienes. Estados Unidos ya había impuesto sanciones a algunos de los principales colaboradores directos de Ortega, entre ellos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y el actual director de la Policía Nacional, Francisco Díaz.
Human Rights Watch solicitó en 2019 que se impusieran sanciones a dos de los tres funcionarios mencionados —Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina— tras encontrar evidencia creíble que los vincula con actos de violencia y represión.
Pérez Olivas, por ejemplo, dirige el centro de detención El Chipote, el “principal lugar” de abusos del régimen, según lo señalado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de agosto de 2018. Human Rights Watch entrevistó a varias personas detenidas en El Chipote que indicaron haber sufrido torturas y malos tratos, como agresiones verbales, golpizas, violaciones sexuales, descargas eléctricas, privación del sueño, simulacros de ejecución, quemaduras y remoción de uñas.
El otro represor, Pastor Urbina, es jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de diciembre de 2018. Agentes subalternos de Urbina allanaron las instalaciones del periódico independiente Confidencial y de la organización no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en diciembre de 2018.
Desde que empezó la represión, el gobierno ha allanado y clausurado las oficinas de nueve respetadas organizaciones no gubernamentales y ha requisado la sede de varios medios periodísticos independientes, además de amenazar, hostigar y detener de manera arbitraria a periodistas; muchos de ellos en El Chipote. De acuerdo con datos de organizaciones locales, más de 90 periodistas habrían huido del país desde abril de 2018. El 10 de marzo, la agencia de la ONU para los refugiados informó que más de 100.000 personas han huido de Nicaragua desde que empezó la represión.
Juan Valle Valle, el tercer funcionario sancionado, es jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Nacional, que ha “limitado de manera sistemática la libertad de circulación y expresión de los nicaragüenses que viven en Managua, Nicaragua”, según señaló el Departamento del Tesoro de EE. UU. al anunciar las sanciones.
Las nuevas sanciones son un paso positivo, no solo para que los responsables rindan cuentas por sus actos, sino además para intentar disuadir futuros abusos. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado que la Policía Nacional de Nicaragua ha continuado con la represión y detención arbitraria de manifestantes, y que grupos armados partidarios del gobierno han amenazado, hostigado, atacado y golpeado a periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de personas asesinadas en las protestas de 2018. Organizaciones locales de derechos humanos han acusado a la policía de usar reiteradamente la violencia para impedir cualquier tipo de protesta pacífica.
El 27 de febrero, en sus declaraciones públicas durante el 43.º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que los abusos persisten e instó a que se siga dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en Nicaragua por parte de la ONU.
En un país sin independencia judicial, este seguimiento internacional envía un importante y oportuno mensaje: tarde o temprano los responsables de abusos rendirán cuentas y serán castigados en Nicaragua o en el extranjero. Es crucial que los gobiernos de la región y de Europa refuercen este mensaje y mantengan la presión sobre el gobierno de Ortega incrementando las sanciones específicas, dirigidas a altos funcionarios responsables de abusos pasados y presentes.
