Entre el 29 de noviembre y el 13 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional quitó la personería jurídica a nueve organizaciones. El diputado Filiberto Rodríguez del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) solicitó su clausura, a instancias del Ministerio de Gobernación. En la noche del 13 de diciembre, la Policía Nacional allanó cinco de estas organizaciones y la sede de un medio independiente, y confiscó numerosos documentos y computadoras.
“El gobierno de Ortega y Murillo ha lanzado una ofensiva para silenciar a quienes todavía se atreven a exponer sus abusos y exigir que rindan cuentas”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Otros países deberían condenar de manera inequívoca estos ataques a la libertad de expresión y de reunión, y solidarizarse con periodistas y defensores de derechos humanos enviando a sus embajadores a hacerse presentes en las oficinas que han sido allanadas”.
Desde abril, policías y grupos armados partidarios del gobierno han acosado, intimidado, agredido brutalmente y detenido de manera arbitraria a varios periodistas. Dos periodistas extranjeros fueron deportados en forma sumaria. El ente regulador ha cerrado durante días canales de noticias críticos del gobierno. Varios medios de noticias independientes, entre ellos Confidencial, han sufrido reiteradamente ciberataques.
El 29 de noviembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), una organización con 35 años de trayectoria dedicada a la educación en salud y la prevención del VIH/Sida. El diputado Rodríguez indicó a los medios de comunicación que la organización estaba “participando en acciones desestabilizadoras contra el gobierno y la sociedad nicaragüense” y que no debería haber “participa[do] en asonadas”.
Tres días antes, las autoridades de migración deportaron sumariamente a la fundadora y directora de la organización, Ana Quirós, una prominente activista feminista y crítica del gobierno de Ortega que adoptó la ciudadanía nicaragüense tras emigrar de Costa Rica. También despojaron a Quirós de su ciudadanía nicaragüense. Actualmente, se encuentra en Costa Rica.
El 11 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro de investigación cuyo trabajo ha sido premiado. Algunas semanas antes, la policía había allanado las oficinas de la organización y confiscado numerosos documentos, y las autoridades habían congelado sus cuentas bancarias.
El 24 de septiembre, la Fiscalía General de la República, aplicando una ley aprobada por la Asamblea en julio, acusó a Félix Maradiaga —un opositor influyente y director del IEEPP— de “financiamiento del terrorismo”. El 5 de septiembre, Maradiaga había comparecido públicamente ante el Consejo de Seguridad de la ONU para exponer sobre la represión de opositores por el gobierno de Nicaragua.
El 12 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería de otras dos organizaciones que señaló como implicadas en un “intento de golpe de estado”, indicó un comunicado oficial. Una era el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH), una prestigiosa organización de derechos humanos con 28 años de trayectoria y reconocimiento internacional, cuyos abogados e investigadores han realizado una labor esencial en apoyo a las víctimas de la represión. Su directora organización ha denunciado abusos gubernamentales en varios foros internacionales.
La otra organización clausurada fue la Asociación Hagamos Democracia (HADEMOS), que tiene como misión expresa “fortalecer el proceso de democratización de Nicaragua y promocionar el sentido de responsabilidad ciudadano en la toma de decisiones políticas”. Según un comunicado de la Asamblea Nacional, la organización se habría usado para “canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas, para el adiestramiento de grupos de personas que posteriormente participaron en las acciones desestabilizadoras del país”.
El 13 de diciembre, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de otras cinco organizaciones que habían sido críticas del gobierno de Ortega. La Asamblea Nacional manifestó en un comunicado que había clausurado a las organizaciones debido a que habían realizado “actividades para desestabilizar el país” y por demoras en la presentación de sus informes financieros.
En cada uno de los casos, el Ministerio de Gobernación pidió a la Asamblea Nacional que cerrara las organizaciones porque “desnaturalizaron sus objetivos por los cuales fueron cread[as]”, conforme consta en tres comunicados emitidos por la Asamblea. Conforme al artículo 24 de la Ley 147, la Asamblea Nacional puede revocar la personería jurídica de una organización si esta “realiz[a] actividades que no correspondan a los fines para que fueron constituidas”. Esta norma excesivamente amplia posibilita que el gobierno disuelva de manera arbitraria a organizaciones que expresan críticas, explicó Human Rights Watch.
En la noche de 13 y el 14 de diciembre, la Policía Nacional allanó las oficinas de CENIDH, el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y otras tres organizaciones que había clausurado, así como las de Confidencial.
Tanto CINCO como Confidencial tienen como director al reconocido periodista internacional Carlos Chamorro, que ha sido un acérrimo crítico de los intentos de Ortega por concentrar el poder durante sus tres mandatos presidenciales y de la brutal arremetida contra opositores que ha llevado a cabo su gobierno. En el estudio de Confidencial, donde Chamorro graba dos programas de noticias para televisión, la policía se llevó computadoras, discos rígidos y otros equipos periodísticos, así como documentación legales y contables, contó un periodista de Confidencial a Human Rights Watch.
