Martha Lorena Alvarado, madre del manifestante opositor encarcelado Melkissedex Antonio Lopez, sostiene una foto de su hijo mientras participa en la huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua, el jueves 14 de noviembre de 2019.

© 2019 AP Photo/Alfredo Zuniga
(Washington D.C.) – El uso de tácticas represivas por el gobierno de Daniel Ortega para impedir huelgas de hambre debería generar mayores esfuerzos internacionales exigiendo rendición de cuentas por los abusos en Nicaragua, señaló hoy Human Rights Watch.

El 14 de noviembre de 2019, un grupo de madres de detenidos en el contexto de la represión de 2018 inició una huelga de hambre en el interior de la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, Nicaragua, para exigir la liberación de sus hijos y otros 130 detenidos. Más tarde ese mismo día, miembros de la Policía Nacional rodearon la iglesia y amenazaron a las madres, impidieron el ingreso al edificio e interrumpieron el suministro de agua potable y electricidad, conforme indicaron fuentes locales. La policía también aprehendió y detuvo a 13 activistas que, según medios locales, entregaron agua a las madres a través de las ventanas de la iglesia.

“Atacar a madres en huelga de hambre que reclaman la liberación de sus hijos detenidos y a activistas que les dan agua muestra hasta qué punto Ortega y su policía están dispuestos a llegar en su arremetida contra opositores”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las prácticas del gobierno no van a cambiar mientras el gobierno de Nicaragua crea que sus abusos gozan de impunidad. Es crucial que EE. UU., Canadá y la Unión Europea actúen con prontitud para ampliar las sanciones individuales para que alcancen al mismo Daniel Ortega y a personas clave en su círculo de colaboradores directos”.

Los 13 activistas fueron acusados de delitos vinculados con tenencia ilegal de armas, se dispuso su prisión preventiva y se les negó el derecho a hablar con familiares o consultar en forma privada a abogados, según indicó a Human Rights Watch la madre de uno de los detenidos.

El 18 de noviembre, un grupo de madres y varios familiares de detenidos empezaron una segunda huelga de hambre en la Catedral de Managua, para expresar solidaridad con el grupo en Masaya y exigir la liberación de todas las personas detenidas en el contexto de las protestas. Diversas fuentes locales informaron que una turba oficialista ingresó en la catedral y sembró el caos, al insultar a los huelguistas y agredir a los presentes con piedras. Las madres interrumpieron la huelga el 19 de noviembre debido a su delicado estado de salud.

El 22 de noviembre, otro grupo de activistas, entre quienes había dos líderes de oposición, fueron arrestados mientras se dirigían a entregar agua a las personas que participaban en la huelga de hambre en Masaya. Fueron llevados de regreso a Managua y puestos en libertad. Al 22 de noviembre, la huelga de hambre en Masaya continuaba y crecía el temor por la salud de los huelguistas, que siguen sin acceso a medicamentos y sin recibir atención médica, indicó a Human Rights Watch una fuente confiable.

La represión de las protestas por el gobierno nicaragüense durante 2018 dejó un saldo de al menos 328 muertos, así como miles de heridos y cientos de personas aprehendidas y detenidas arbitrariamente. Muchos de los detenidos han sufrido torturas y otros maltratos —como descargas eléctricas, violentas golpizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual— a manos de miembros de la Policía Nacional, que en algunos casos actuaron en forma coordinada con bandas armadas partidarias del gobierno. El gobierno de Ortega también ha actuado específicamente contra líderes de la sociedad civil y periodistas independientes.

Estados Unidos y Canadá han adoptado sanciones individuales contra algunas de las máximas autoridades nicaragüenses, incluido el actual jefe de la Policía Nacional, el general Francisco Díaz. La UE todavía no ha adoptado sanciones individuales, si bien el 14 de octubre creó un marco de sanciones que establece un mecanismo legal para la imposición de este tipo de medidas a funcionarios de Nicaragua.

En un informe divulgado en junio, Human Rights Watch recomendó que los gobiernos extranjeros impongan sanciones individuales a las siguientes siete personas:

  • El Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, que cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes;
  • La general retirada Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional, quien encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz en septiembre de 2018;
  • El general Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional, quien se cree que ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y más tarde en su cargo actual, que empezó en septiembre de 2018;
  • El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, quien se desempeñó como máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde policías y bandas armadas partidarias del gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes;
  • El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, quien conforme a la legislación de Nicaragua tiene la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos cometidas por policías y de sancionar a los responsables;
  • El general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como El Chipote), que fue el “principal lugar” donde las autoridades sometieron a violaciones aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno, según lo señalado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina del ACNUDH); y
  • El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), una unidad policial que tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según lo ha señalado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).