Agradecemos el contundente informe de la Alta Comisionada, que incluye información clave sobre los principales problemas de derechos humanos en Nicaragua. El informe aborda no solo la impunidad por la arremetida contra opositores en las calles del año pasado, sino también abusos que continúan cometiéndose en la actualidad.

La represión por la Policía Nacional Nicaragüense y bandas partidarias del gobierno contra manifestantes, que comenzó en abril de 2018, dejó un saldo de más de 300 muertos y más de 2,000 heridos. Cientos de personas fueron detenidas. Los detenidos fueron sometidos a gravísimos abusos, que en algunos casos constituyeron torturas, y se les negó el debido proceso. La impunidad por estas violaciones aberrantes cometidas en Nicaragua es la regla.

Los problemas de derechos humanos en Nicaragua no terminaron cuando las masivas manifestaciones se disiparon a mediados de 2018. El informe de la alta comisionada, que cubre el período de agosto de 2018 a marzo de 2019, deja en evidencia que los abusos continúan. Documenta casos en los cuales bandas partidarias del gobierno atacaron a manifestantes en marzo de 2019, algunos casos de uso excesivo por la Policía Nacional contra manifestantes y acciones que vulneran la libertad de expresión y asociación. El informe nota que, desde septiembre de 2018, el gobierno ha prohibido manifestaciones públicas por grupos críticos del gobierno. El gobierno también ha disuelto organizaciones no gubernamentales, cerrado medios de comunicación, perseguido penalmente a periodistas empleando una ley antiterrorista, y expulsado a observadores internacionales del país. El gobierno de Ortega ha hostigado y amenazado a medios de comunicación, defensores de derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil.

En febrero, el gobierno y la oposición retomaron negociaciones. Desde mediados de marzo a mediados de junio, el régimen de Ortega liberó casi 400 personas detenidas en el contexto de manifestaciones. La mayoría, sin embargo, fueron en su momento liberadas bajo libertad condicionada; el informe de la Oficina de la Alta Comisionada sostiene que la mayoría luego fueron amnistiados. La sociedad civil ha cuestionado la información oficial según la cual todos habían sido liberados; 130 permanecen detenidos según la CIDH. A mediados de junio, una vaga ley de amnistía por crímenes cometidos en el contexto de las manifestaciones entró en vigor. A pesar de que la ley excluye ciertos delitos, la falta de independencia judicial genera riesgos enormes de que la ley sea empleada para amparar a los responsables de abusos de persecución penal en el país.

El régimen de Ortega terminó las negociaciones en julio y no ha demostrado ningún interés en continuar participando en ellas.

Después del primer informe de la Alta Comisoinada, el régimen no llevó a los responsables de abusos ante la justicia. Por el contrario, altos oficiales implicados en torturas y asesinatos fueron premiados con promociones. En respuesta al segundo informe, el gobierno ha incluso defendido a las bandas armadas que participaron en la represión.

La presión internacional contundente y sostenida condenando las violaciones de derechos humanos del régimen es indispensable para terminar con la impunidad y asegurar justicia para el pueblo nicaragüense. Instamos al Consejo de Derechos Humanos a que, sobre la base de este informe, presione fuertemente al régimen de Ortega para que observadores internacionales de la Oficinal de la Alta Comisionada y el sistema interamericano puedan regresar al país. Los miembros del Consejo deberían dejarle en claro a las autoridades nicaragüenses que la presión internacional para lograr que se rindan cuentas por estos abusos no se disipará – y si las víctimas no consiguen justicia en Nicaragua, eventualmente la encontrarán en el exterior.