Policías arrestan a manifestantes durante una protesta en contra del gobierno del Presidente Daniel Ortega en Managua, Nicaragua, el 16 de marzo de 2019.

© 2019 AP Photo/Alfredo Zuniga
(Bruselas, 2 de julio de 2019) – La Unión Europea (UE) debería aumentar la presión sobre el gobierno nicaragüense para que ponga fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional, señaló Human Rights Watch en una carta enviada hoy a la Alta Representante de la UE Federica Mogherini y a los ministros de Relaciones Exteriores de los 28 Estados miembros de la UE. La UE debería imponer sanciones individuales contra altos funcionarios nicaragüenses implicados en graves violaciones de derechos humanos y condicionar cualquier apoyo a la Policía Nacional de Nicaragua.

La represión de manifestaciones contra el gobierno por parte de la Policía Nacional de Nicaragua y bandas armadas partidarias del gobierno, que empezó en abril de 2018, dejó un saldo de más de 300 muertos y más de 2.000 heridos. Un informe presentado por Human Rights Watch el 19 de junio de 2019 documentó abusos atroces, incluyendo torturas, infligidos a muchos de los cientos de personas detenidas por policías o secuestradas por bandas armadas partidarias del gobierno.

“El presidente Daniel Ortega no restablecerá voluntariamente las garantías básicas de derechos humanos que su gobierno se esmeró en desmantelar”, expresó José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Es crucial que haya una presión internacional fuerte y persistente para que cesen los abusos generalizados en Nicaragua, en particular a través de sanciones individuales contra altos funcionarios implicados en graves violaciones de derechos humanos”.

Los procesos judiciales contra personas detenidas en el contexto de las protestas estuvieron plagados de violaciones de las garantías de debido proceso y otros derechos fundamentales. El gobierno ha tomado represalias contra periodistas independientes, ONGs y monitores internacionales de derechos humanos.

La UE debería imponer sanciones individuales contra altos mandos del gobierno implicados en graves violaciones de derechos humanos, instó Human Rights Watch. Estos incluyen al Presidente Ortega y otros seis funcionarios a cargo de fuerzas policiales implicadas en abusos o de un centro de detención donde se practicaron torturas, o que conforme a la legislación nicaragüense tenían la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos cometidas por policías y de sancionar a los responsables.

La UE también debería supeditar toda asistencia financiera futura a la Policía Nacional de Nicaragua a que se realicen investigaciones exhaustivas de violaciones de derechos humanos y a esfuerzos verificables por las autoridades dirigidos a desmantelar y juzgar a integrantes de las bandas armadas partidarias del gobierno, dijo Human Rights Watch.

La presión internacional ha sido importante para que, recientemente, el gobierno liberara a 392 detenidos acusados de haber cometido delitos en el contexto de las protestas, explicó Human Rights Watch. Sin embargo, estas excarcelaciones no deben esconder que muchas de estas personas seguían sujetas a medidas restrictivas de su libertad al 19 de junio. A su vez, otras 100 personas fueron detenidas y liberadas en marzo en relación con nuevas manifestaciones y no se ha procesado penalmente a ningún miembro de las fuerzas de seguridad responsables de abusos.

La Alta Representante de la UE ha expresado preocupación reiteradamente por la situación en Nicaragua. En enero, varios ministros de Relaciones Exteriores de la UE destacaron su “disposición a hacer uso de todos los instrumentos de actuación [de la UE]” a fin de “responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del estado de Derecho”. Pese a un pedido realizado por el Parlamento Europeo en marzo, la UE todavía no ha impuesto sanciones individuales contra ningún funcionario nicaragüense implicado en violaciones de derechos humanos. Algunos funcionarios nicaragüenses ya han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá.

El presupuesto de 2018 aprobado por la Asamblea Nacional establece diversas fuentes de financiación internacional para la Policía Nacional ese año. En octubre de 2018, la delegación de la UE en Managua confirmó a Human Rights Watch que había asignado 8 millones de euros al gobierno nicaragüense, incluida la Policía, para un proyecto de lucha contra la delincuencia organizada y prevención del abuso de estupefacientes que se extendió durante el período 2014-2018. No obstante, no respondieron a la pregunta acerca de qué proporción de ese dinero se destinó a la policía o si estaba previsto renovar el proyecto.

En junio, parlamentarios de la UE informaron a Human Rights Watch que “las instituciones europeas responsables” les habían indicado que “en cuanto empezó la crisis” habían interrumpido el “único proyecto que involucraba a cuerpos de seguridad”. Señalaron que el único apoyo que por el momento se brindaba a Nicaragua beneficiaba a la población y eran tramitados por medio de organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales. El presupuesto aprobado para las fuerzas policiales correspondiente al año 2019 no hace referencia a donaciones de la UE.

“La presión que puede ejercer la Unión Europea es clave para que el gobierno de Ortega cese los abusos y las víctimas obtengan justicia”, opinó Vivanco. “Es urgente que la Unión Europea priorice redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses”.