Carta de Human Rights Watch a la UE sobre Nicaragua

Federica Mogherini

Alta representante de la UE para Asuntos Exteriores/Vicepresidenta de la Comisión Europea

Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE)

                                                                                          Bruselas, 2 de julio de 2019

Re: Violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua

De nuestra mayor consideración,

Tenemos el honor de dirigirnos a V.E. con el propósito de transmitir las conclusiones del reciente informe de Human Rights Watch sobre la represión cometida por la Policía Nacional y bandas armadas partidarias del gobierno en Nicaragua, y para instar a V.E. y a sus socios en la Unión Europea (UE) a adoptar medidas concretas que incrementen la presión sobre el gobierno nicaragüense para que cesen las violaciones de derechos humanos[1].

La arremetida contra opositores por el gobierno nicaragüense ha resultado en un saldo de más de 300 muertos y 2000 personas heridas, torturas a detenidos y procesos judiciales plagados de irregularidades. El informe de Human Rights Watch analiza qué les ocurrió a muchos de los cientos de personas detenidas por la policía o secuestradas por bandas armadas partidarias del gobierno. Numerosos detenidos fueron sometidos a graves abusos que, en algunos casos, constituyeron tortura, incluidas descargas eléctricas, violentas golpizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual. A muchos detenidos y heridos se les negó atención médica en instituciones de salud pública y diversos profesionales que brindaron atención médica afirmaron haber sufrido represalias. También se han procesado a personas detenidas por presuntos delitos relacionados con su participación en protestas contra el gobierno o por su papel en movimientos sociales que cuestionaron al gobierno. Estos procesos penales han estado plagados de graves violaciones de garantías de debido proceso y de otros derechos fundamentales.

El gobierno también ha hostigado a quienes han informado sobre la represión en las calles y los posteriores abusos. Ha allanado las oficinas de medios de comunicación independientes, presentado denuncias penales contra dos periodistas, cancelado la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil y expulsado del país a periodistas extranjeros y monitores internacionales de derechos humanos.

Las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades permanecen impunes. En vez de asegurarse que se haga justicia en estos casos, el Presidente Ortega ha ascendido a altos funcionarios que son responsables por los abusos.

Es indispensable que se ejerza una presión internacional sostenida para terminar con las violaciones de derechos humanos generalizadas, permitir que los ciudadanos nicaragüenses regresen del exilio, poner fin a la censura y restablecer la independencia judicial en Nicaragua.

Valoramos las expresiones de preocupación[2] sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua emitidas por el Servicio Europeo de Acción Exterior, el Consejo de la UE[3], el Parlamento Europeo[4] y varios Estados miembros de la UE. Con el propósito de redoblar la presión sobre el gobierno nicaragüense, instamos a la UE y a sus Estados miembro a imponer sanciones individuales, incluidas la prohibición de ingreso a estos países y el congelamiento de activos, contra altos funcionarios gubernamentales responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidos, sin carácter restrictivo, los siguientes:

• El Presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, quien cuenta con amplias facultades, incluidas las de “disponer” de la policía a su arbitrio y destituir a jefes policiales cuando desobedezcan sus órdenes;
• La general retirada Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional, quien encabezó la fuerza hasta ser reemplazada por el general Francisco Díaz;
• El general Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional, quien se cree ha ejercido un control significativo sobre esta fuerza, primero cuando fue subdirector y más tarde en su cargo actual;
• El general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, quien se desempeñó como máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya, donde policías y bandas armadas partidarias del gobierno reprimieron ferozmente a manifestantes;
• El general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, quien conforme a la legislación de Nicaragua tiene la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos cometidas por policías y de sancionar a los responsables;
• El General Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ, también conocida como “El Chipote”), que es el “principal lugar” donde las autoridades sometieron a abusos aberrantes a personas que se manifestaron contra el gobierno, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oficina del ACNUDH); y
• El general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), quien tuvo un “papel central” en la represión en todo el país, según lo señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, instamos a la UE y a sus miembros a:

• Condicionar todo apoyo presupuestario, particularmente el restablecimiento del financiamiento a la policía, a:
  • Investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas por parte del Ministerio Público sobre la presunta responsabilidad de altos mandos de la Policía Nacional implicados en graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la arremetida contra manifestantes y opositores en 2018; y
  • Esfuerzos verificables por parte de las autoridades para desmantelar las bandas armadas partidarias del gobierno y procesar penalmente a sus integrantes.
• Exhortar a Nicaragua a crear una unidad especial que —junto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— supervise la investigación de los delitos más atroces que han ocurrido en el contexto de las protestas.

Por último, quisiéramos subrayar que el principio de jurisdicción universal podría aplicarse a graves violaciones de la Convención de la ONU contra la Tortura, e instamos a V.E. a transmitir un mensaje claro a las autoridades nicaragüenses de que tales delitos podrían ser investigados por las autoridades judiciales de países europeos.

La presión internacional sostenida ha sido clave para que el gobierno de Ortega haya liberado recientemente a 392 personas acusadas de cometer delitos en el contexto de manifestaciones contra el gobierno. Es crucial que esta presión continúe. Al 19 de junio, muchas de estas personas permanecían en arresto domiciliario o sujetas a otras medidas cautelares y seguían sujetas a procesos penales. En marzo, otras 100 personas fueron detenidas y liberadas en el contexto de nuevas manifestaciones[5]. Por otra parte, estas excarcelaciones no deberían esconder que, según la Oficina del ACNUDH y nuestro análisis de la información disponible, ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido investigado por abusos cometidos durante las protestas[6].

Quedamos a entera disposición de V.E. y agradecemos de antemano la atención brindada a esta cuestión importante y urgente.

Aprovechamos la ocasión para expresarle a V.E. los sentimientos de nuestra más alta consideración y estima.

José Miguel Vivanco                                                                         
Director para las Américas                                                                
Human Rights Watch                                                                       

Lotte Leicht
Directora para la UE
Human Rights Watch

CC:

Jefe de Gabinete del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Stefano Grassi

Jefe de Gabinete Adjunto del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Oliver Rentschler

Secretaria General del Servicio Exterior Europeo, Helga Schmid

Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Director Político, EEAS, Jean-Christophe Belliard

Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Mundiales, EEAS, Christian Leffler

Presidente del Comité Político y de Seguridad de la UE, Sofie From-Emmesberger

Embajadores Representantes ante el Comité Político y de Seguridad de la UE

Representante Especial para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore

Jefe de la Delegación de la Unión Europea a Nicaragua y al Sistema de la Integración Centroamericana, Kenneth Bell

Director Gerente para las Américas, EEAS, Edita Hrda

Director, Sub Director Gerente Adjunto para las Américas, EEAS, Hugo Sobral

Jefe de División para México, Centroamérica y el Caribe EEAS, Katja Afheldt

Director Gerente para Asuntos de Derechos Humanos, Mundiales y Multilaterales, EEAS, Lotte Knudsen

Director, Sub Director Gerente Adjunto para Asuntos de Derechos Humanos, Mundiales y Multilaterales, EEAS, Marc Giacomini

Jefe de División para Derechos Humanos, EEAS, Luisa Ragher

Presidente del Grupo de Trabajo de la UE sobre Latinoamérica y el Caribe, Peter Van de Velde

Miembros del Grupo de Trabajo de la UE sobre Latinoamérica y el Caribe

Anexo: Información de contexto

Resumen:

En abril de 2018, numerosos nicaragüenses salieron a las calles para protestar contra el Gobierno del Presidente Daniel Ortega. La respuesta fue brutal. La feroz represión de manifestantes por miembros de la Policía Nacional y bandas fuertemente armadas partidarias del gobierno dejó un saldo de más de 300 muertos y más de 2.000 heridos. En las siguientes semanas y meses, cientos de personas fueron detenidas al intensificarse la represión gubernamental del disenso.

En el informe presentado el 19 de junio de 2019, “Brutal represión: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua”, Human Rights Watch analizó qué ocurrió a los varios cientos de personas detenidas por policías o secuestradas por bandas armadas partidarias del gobierno. Muchas de las personas detenidas fueron sometidas a graves abusos que en algunos casos constituyeron tortura, incluidas descargas eléctricas, violentas golpizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual. A numerosas personas detenidas y heridas se les habría negado atención médica en instituciones de salud pública, y diversos médicos que brindaron atención afirmaron haber sufrido represalias. También se ha procesado a personas detenidas por presuntos delitos relacionados con su participación en protestas contra el gobierno o por su papel en movimientos sociales que cuestionaron al gobierno. En estos procedimientos se cometieron graves violaciones a las garantías de debido proceso.

El gobierno nicaragüense también ha hostigado a quienes han informado sobre la represión en las calles y los posteriores abusos. Ha allanado las oficinas de medios de comunicación independientes, presentado denuncias penales contra dos periodistas, cancelado la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil y expulsado del país a periodistas extranjeros y veedores internacionales de derechos humanos.

Los casos documentados por Human Rights Watch son congruentes con un patrón de abusos sistemáticos dirigidos a personas que se manifestaron contra el gobierno y opositores que ha sido informado por la CIDH y la Oficina del ACNUDH. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cerca de 62.000 nicaragüenses han huido del país desde que empezó la represión en abril de 2018.

La Oficina del ACNUDH ha informado que, según la información disponible, se ha dictado una sola condena contra un miembro de una banda armada partidaria del gobierno y no se ha iniciado ninguna investigación contra miembros de las fuerzas de seguridad implicados en abusos. Human Rights Watch no ha podido confirmar si la muerte que llevó a la condena ocurrió en el contexto de las protestas contra el gobierno. El Presidente Ortega, que conforme al derecho nicaragüense es el “jefe supremo” de la Policía, ha ascendido a altos mandos de la fuerza que son responsables de los abusos, en vez de cerciorarse de que sean llevados ante la justicia.

Extractos del informe de Human Rights Watch “Brutal represión”

Vías para que se haya justicia en la Unión Europea (páginas 102-103)

El Marco Estratégico de Derechos Humanos y Democracia adoptado por la Unión Europea en 2012 y el plan de acción para su implementación orientan la política exterior de la UE. El marco reconoce la aspiración de la Unión Europea de “construir un mundo basado en el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho”. Asimismo, establece que esos principios “sustentan todos los aspectos de las políticas internas y externas de la Unión Europea”. Por otra parte, reconoce expresamente que “al afrontar violaciones de derechos humanos, la UE utilizará la amplia gama de instrumentos a su alcance, incluidas las sanciones o la condena”[7].

De conformidad con este marco, todos los acuerdos de comercio o cooperación con países que no forman parte de la Unión Europea establecen que los derechos humanos son un aspecto fundamental de las relaciones con la UE. La UE impuso sanciones en varios casos por violaciones de derechos humanos[8].

Las medidas restrictivas deben ser sugeridas por el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para su posterior adopción de forma unánime mediante una decisión del Consejo en relación con la política exterior y de seguridad común. En caso de que la decisión incluya una inmovilización de activos u otro tipo de sanción económica o financiera, debe implementarse mediante una reglamentación del consejo que describa el alcance y los detalles de su implementación. Estas reglamentaciones son vinculantes para toda persona física o jurídica dentro de la UE[9].

Uno de los objetivos estratégicos del plan de cooperación 2014-2020 de la Unión Europea con Nicaragua consiste en “la promoción de la democracia, la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho”[10]. En el mismo sentido, el Tratado de Libre Comercio UE-Centroamérica resalta que el respeto a los principios democráticos y a los derechos fundamentales constituye “un elemento esencial” del acuerdo. Uno de los objetivos clave del acuerdo es la cooperación entre las partes a fin de “fortalecer las instituciones democráticas, el pleno respeto al Estado de Derecho (...) y los derechos humanos”[11].

Jurisdicción universal (página 98)

El principio de “jurisdicción universal” permite que los fiscales nacionales impulsen casos contra personas consideradas responsables de determinados delitos internacionales graves como tortura, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, incluso si se cometieron en otro lugar y los acusados y las víctimas no son ciudadanos del país en cuestión.

Estos procesos judiciales constituyen un aspecto importante de las iniciativas internacionales para asegurar que quienes cometen atrocidades rindan cuentas por sus acciones, brindar justicia a las víctimas que no tienen adónde más acudir, desalentar la comisión de delitos futuros y contribuir a que los países no se conviertan en refugios seguros para los responsables. La jurisdicción universal puede funcionar como una salvaguarda fundamental contra la impunidad cuando los Estados no tienen la voluntad o la capacidad de investigar y juzgar de forma adecuada presuntos delitos cometidos en sus territorios[12].

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes exige que los Estados Partes extraditen o juzguen a los funcionarios de gobiernos extranjeros presentes en su territorio que hayan cometido actos de tortura[13]. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura contiene una disposición similar[14].