El 19 de diciembre de 2018, el canciller Denis Moncada expulsó de Nicaragua al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dos órganos ligados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ese mismo día, un alto funcionario de la policía realizó peligrosas acusaciones en contra de Vilma Núñez, la más prominente defensora de derechos humanos del país y presidenta del respetado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
“El gobierno de Ortega está decidido a silenciar toda crítica y expulsar a los observadores internacionales que podrían dar testimonio de la opresión en el país”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos de América Latina deberían condenar estos nuevos ataques contra la observación de la situación de derechos humanos en Nicaragua y expresar su apoyo incondicional a los periodistas y defensores de derechos humanos”.
El 19 de diciembre, la Cancillería citó a los representantes del MESENI y el GIEI a una reunión. Allí, Moncada anunció que sus mandatos quedaban “suspendidos temporalmente”. El GIEI tenía previsto presentar el 20 de diciembre un informe en el cual evalúa las acciones del gobierno para investigar y juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos vinculadas con la represión de las protestas que empezaron en el mes de abril. Todo el personal de ambos organismos se fue del país el 20 de diciembre.
Moncada envió una carta al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, indicando que el Gobierno nicaragüense había actuado de “buena fe”, mientras que el MESENI y el GIEI habían demostrado una “actitud injerencista” en el país. Moncada sostuvo que los expertos habían realizado actos que “contravienen” el derecho nicaragüense al entrevistar a víctimas y solicitar información a organizaciones de derechos humanos. Según Moncada, sólo el Ministerio Público se encuentra legalmente facultado para investigar delitos en el país.
Ese mismo día, el comisionado general de policía Luis Pérez Oliva expresó que Núñez y Gonzalo Carrión, dos destacadas figuras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), habían “encu[bierto] a los verdaderos criminales” responsables de un incendio intencional en el que murieron cuatro adultos y dos niños el 16 de junio en Managua. En videos difundidos en redes sociales y entrevistas con la prensa, sobrevivientes del incendio responsabilizaron a la policía y a grupos armados partidarios del gobierno. Un testigo manifestó a Human Rights Watch que policías y grupos armados partidarios del gobierno primero dispararon contra miembros de la comunidad y después contra socorristas, luego de que estos retiraran los cuerpos de la vivienda. Human Rights Watch también tuvo acceso a una grabación de video tomada por un bombero que huyó del lugar cuando los policías empezaron a disparar contra los socorristas.
Pérez Oliva indicó en una conferencia de prensa que Núñez había “instigado” a los sobrevivientes a “acusar al gobierno de Nicaragua y a la Policía Nacional” ofreciéndoles visas para ir a Costa Rica y Estados Unidos. Pérez Oliva también señaló que Carrión, director jurídico del CENIDH, había hecho “declaraciones falsas” acusando a la Policía Nacional por el incendio.
Núñez es fundadora y presidenta de la prestigiosa organización CENIDH, la cual tiene 28 años de trayectoria y ha tenido un papel clave en la documentación de abusos y el apoyo a las víctimas en Nicaragua. Durante décadas, Núñez ha sido una valiente defensora de los derechos humanos y una figura central de la sociedad civil nicaragüense. Ha apoyado a cientos de víctimas en sus reclamos de justicia, incluida a Zoilamérica Narváez, la hija de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien en 1998 acusó al presidente Daniel Ortega de haberla violado sexualmente cuando era una niña.
Durante años, Carrión ha coordinado un equipo de abogados de derechos humanos que brindan asistencia legal gratuita a víctimas de violaciones de derechos humanos.
El 12 de diciembre, el Congreso le canceló la personería jurídica al CENIDH, a la que acusó de participar de un “intento de golpe de Estado”. En la noche del 13 de diciembre, policías allanaron la oficina de la organización en Managua, y se llevaron documentos y computadoras. La policía todavía ocupa la oficina y no le ha permitido al personal volver a ingresar.
“El gobierno de Ortega ha demostrado que sus esfuerzos por reprimir la crítica en el país no tienen límites”, apuntó Vivanco. “Nos preocupa que Vilma Núñez, un símbolo de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y América Latina, pueda ser el próximo blanco de sus ataques, e instamos a los gobiernos de las Américas a que exijan con urgencia que el gobierno de Ortega respete sus derechos”.
