La policía antidisturbios arresta una persona durante una protesta en contra del Presidente Daniel Ortega en Managua, el 14 de octubre de 2018.

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(Washington, DC) – El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump debería firmar sin demora una ley que permitirá imponer sanciones dirigidas a altos funcionarios nicaragüenses y otros actores implicados en gravísimas violaciones de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. La ley es una herramienta crucial de presión sobre el gobierno de Ortega-Murillo para que ponga fin a su patrón de abusos contra opositores.

El 11 de diciembre de 2018, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó por mayoría abrumadora la Ley de Condicionalidad de las Inversiones Nicaragüenses (Nicaraguan Investment Conditionality Act, NICA), un proyecto bipartidista que permite al Departamento del Tesoro aplicar sanciones dirigidas a cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense y esté implicada en violaciones graves de derechos humanos y actos de corrupción en Nicaragua. La ley permitirá inmovilizar activos que se encuentren en los EE. UU., prohibir el ingreso a EE. UU. y revocar visas estadounidenses. El Senado había aprobado el proyecto el 27 de noviembre.

“Esta ley bipartidista puede contribuir enormemente para presionar al gobierno de Ortega-Murillo para que detenga su brutal represión de opositores”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ahora es indispensable avanzar con su promulgación e implementación, y así enviar un mensaje categórico de que la impune represión del gobierno nicaragüense no será tolerada”.

De conformidad con la Ley NICA, el Departamento del Tesoro estará facultado a sancionar a “toda persona extranjera, incluidos funcionarios anteriores o actuales del Gobierno de Nicaragua, o cualquier persona que actúe en nombre de ese Gobierno”, que el Presidente de EE. UU. determine que haya participado en “actos significativos de violencia o conductas que constituyan abuso o violación de los derechos humanos contra personas vinculadas con las protestas que empezaron en Nicaragua el 18 de abril de 2018”.

Otras actividades que podrían dar origen a sanciones son la detención o el juzgamiento de una persona o medio de comunicación “fundamentalmente por el ejercicio legítimo, por tal persona, de la libertad de expresión, reunión o prensa”, así como “acciones o políticas significativas que socaven las instituciones o los procesos democráticos” y “actos graves de corrupción”.

La ley define “participación” en estas actividades de diversas maneras, que incluyen ser responsable de “ordenar, supervisar o dirigir de otro modo” las acciones, haber “participado a sabiendas” en ellas “de manera directa o indirecta” o estar al frente de una institución que haya sido partícipe.

Desde abril, cerca de 325 personas han muerto y 2.000 resultaron heridas en el marco de la brutal represión de manifestantes contra el gobierno en Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La comisión concluyó que la Policía Nacional de Nicaragua y grupos armados partidarios del gobierno, que actuaron en forma coordinada con la policía, son responsables de la mayoría de las muertes y lesiones.

Policías y miembros de estos grupos también han secuestrado o detenido arbitrariamente a cientos de personas en el país. Más de 300 siguen detenidas arbitrariamente, señaló la comisión en noviembre, incluidas muchas que fueron acusadas de graves delitos como “terrorismo” en relación con su presunta participación en manifestaciones contra el gobierno. Human Rights Watch ha documentado casos en los cuales los detenidos sufrieron golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas o violación sexual.

El Presidente Daniel Ortega, a quien el derecho nicaragüense reconoce como “jefe supremo” de la policía, ha premiado a altos funcionarios que son responsables de estos hechos. Ni un solo policía ni integrante de grupos armados partidarios del gobierno ha sido llevado ante la justicia por estos abusos.

La necesidad urgente de que se adopten leyes que permitan sanciones selectivas se hace evidente no sólo en las violaciones aberrantes y la impunidad generalizada, sino además en el esfuerzo del gobierno para silenciar a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación críticos. El 12 de diciembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el partido de Ortega, canceló arbitrariamente la personería jurídica de la organización de derechos humanos más prominente del país, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Conforme al Decreto Ejecutivo 13818 sobre “Bloqueo de bienes de personas implicadas en graves violaciones de derechos humanos o corrupción”, que amplía lo establecido por la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), en julio el gobierno de EE. UU. ya sancionó a tres funcionarios nicaragüenses por su responsabilidad en la represión y por participación en actos de corrupción. A fines de noviembre, Trump firmó un nuevo decreto ejecutivo específicamente sobre Nicaragua, que habilitó al Departamento del Tesoro a sancionar a otros dos ciudadanos nicaragüenses.

Los funcionarios sancionados por su participación en los actos represivos son la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega; el jefe de la Policía, General Francisco Díaz; Fidel Moreno Briones, un funcionario político en la alcaldía de Managua; y Néstor Moncada Lau, uno de los principales asesores presidenciales. Otras personas han sido sancionadas por su participación en hechos de corrupción.

Además de las sanciones, la Ley NICA da instrucciones a los directores ejecutivos estadounidenses de diversas instituciones financieras internacionales de que utilicen “la voz, el voto y la influencia de Estados Unidos” para oponerse a préstamos u otro tipo de asistencia financiera o técnica al gobierno nicaragüense para proyectos en Nicaragua.

Dentro de los 90 días siguientes a la promulgación de la ley, el presidente de EE. UU. deberá informar a las comisiones legislativas sobre la estrategia del gobierno para colaborar con la sociedad civil en Nicaragua y adoptar medidas que contribuyan a la protección de defensores de derechos humanos y activistas contra la corrupción.