El 10 de septiembre, el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ascendió a comisionado general, el máximo rango policial, a Luis Alberto Pérez Oliva, un oficial vinculado con abusos aberrantes durante la represión de este año.
Pérez Oliva dirige el centro de detención “El Chipote”, el “principal lugar” donde autoridades sometieron a gravísimos abusos a personas que se manifestaron contra el gobierno, según un informe reciente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). La oficina de derechos humanos documentó denuncias de abusos tales como violaciones sexuales, descargas eléctricas, laceraciones con alambre de púas, golpizas con tubos y estrangulación de manifestantes en distintos lugares del país. Cientos de personas han sido detenidas en El Chipote desde que empezó la brutal ola de represión contra opositores en abril de 2018.
Human Rights Watch obtuvo testimonios sobre dos casos en los cuales las autoridades de El Chipote se negaron reiteradamente a cumplir órdenes judiciales de brindar atención médica a detenidos o permitir que un juez verificara las condiciones de su detención. Según información recabada por medios de comunicación y testimonios obtenidos por Human Rights Watch, autoridades de El Chipote han obligado a detenidos a grabar confesiones incriminándose ellos mismos o a otros manifestantes a cambio de ser liberados.
En un caso, las autoridades de El Chipote se negaron a informar el paradero de cuatro activistas durante varios días luego de que la policía los detuviera. ACNUDH consideró que se trató de un caso de desaparición forzada. Dos activistas varones fueron golpeados y obligados a permanecer de rodillas durante varias horas, y una activista mujer fue obligada a quedarse en ropa interior, afirmaron familiares. Se acusó a los cuatro activistas de varios delitos, incluido el de terrorismo, y todos siguen detenidos en otro lugar.
Pérez Oliva también habría estado directamente implicado en la administración de un centro clandestino donde bandas armadas partidarias del gobierno cometieron abusos aberrantes contra manifestantes, según un testimonio recogido por Human Rights Watch. Un manifestante que estuvo cautivo allí señaló que hombres enmascarados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y armas de fuego durante dos días. Afirmó que, posteriormente, fue llevado ante un hombre enmascarado que, por su voz y su contextura, reconoció como Pérez Oliva. El oficial lo obligó a grabar una confesión en la cual incriminaba a otros manifestantes.
Ayer, en la apertura del 39.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet instó al Consejo a que “tome todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones de los derechos humanos” documentadas en Nicaragua. La comunidad internacional debería emplear todos los medios de los que disponga para asegurar que las víctimas tengan acceso a la verdad y la justicia, y esto incluye celebrar un debate urgente durante el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
