Entierro de Teyler Lorío, bebé de 14 meses; sus familiares afirman que la policía le disparó en la cabeza cuando su padre lo cargaba en sus brazos en Managua, Nicaragua, en el 25 de junio de 2018.

© Roberto José Fonseca Hernández

(Washington, D.C.) – El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debería urgir al gobierno del presidente Daniel Ortega de Nicaragua a poner fin a la represión, desmantelar las pandillas pro-gobierno, y asegurarse de que los responsables de abusos rindan cuentas ante la justicia, señaló Human Rights Watch hoy.

El 31 de agosto de 2018, el gobierno de Nicaragua expulsó a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dos días después de que la oficina presentara un contundente informe sobre la represión en el país. La semana próxima, miembros del Consejo de Seguridad esperan discutir la crisis de derechos humanos en Nicaragua. La reunión prevista de forma tentativa ocurre luego de meses de que, a nivel regional, miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenaran la situación y de una creciente resistencia al escrutinio internacional por parte del gobierno de Ortega.

La decisión de Ortega de expulsar al más importante organismo de derechos humanos de Naciones Unidas evidencia que intenta ocultar los brutales abusos de su régimen

José Miguel Vivanco

Director, División de las Américas

“La decisión de Ortega de expulsar al más importante organismo de derechos humanos de Naciones Unidas evidencia que intenta ocultar los brutales abusos de su régimen”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El Consejo de Seguridad debería llevar a cabo una reunión urgente sobre esta crisis, condenar los abusos y presionar al régimen de Ortega para que coopere con los organismos de derechos humanos”.

Las autoridades de Nicaragua han obstruido continuamente el trabajo del OACNUDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a lo largo de los últimos dos meses al negarles información oficial e impedir que ingresen a audiencias judiciales y sitios de detención.

Desde el 18 de abril cerca de 322 personas han sido asesinadas y más de 2.000 han resultado heridas en Nicaragua, en su mayoría como consecuencia de la represión violenta de las protestas por parte de la policía y los grupos pro-gobierno.

La policía y las pandillas pro-gobierno han secuestrado y detenido arbitrariamente a cientos de personas a lo largo del país. Según testimonios recabados por Human Rights Watch, muchos detenidos han sido sometidos a malos tratos y torturas, incluyendo golpizas, simulación de ahogamiento, choques eléctricos y violaciones sexuales.

En las primeras semanas de las protestas, las víctimas eran liberadas luego de ser sometidas a abusos. Pero a partir de julio, la Fiscalía General de la República ha imputado a cientos de supuestos disidentes, incluyendo por los delitos de “crimen organizado” y “terrorismo”. Al menos 85 personas enfrentan acusaciones por terrorismo, según el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH).

En agosto, OACNUDH informó que al menos 300 personas estaban enfrentando procesos penales por su participación en las protestas. En comparación, ningún funcionario público implicado en abusos ha sido perseguido penalmente.

Ortega ha premiado a altos mandos de la Policía Nacional que tuvieron un rol de liderazgo en la brutal represión. El 23 de agosto, Ortega nombró al General Francisco Díaz director de la Policía Nacional pocos días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionara de conformidad con la Ley Magnitsky, argumentando que bajo su mando “la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”. Díaz también es el suegro del hijo del presidente Ortega.

Una gran cantidad de nicaragüenses han sido víctimas de desplazamiento interno “debido al recrudecimiento y la prolongación de la violencia que había surgido tras el inicio de la represión a las protestas”, según la CIDH.

Los abusos generalizados en Nicaragua también han llevado a que decenas de miles de nicaragüenses salgan del país. Al menos 23.000 han buscado asilo en Costa Rica desde que comenzó la represión, y cientos de nicaragüenses han emigrado a México, Panamá y Estados Unidos.

“La gravedad y la escala de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua requieren una respuesta categórica del Consejo de Seguridad”, señaló Vivanco. “El Consejo de Seguridad debe exigir que cese la represión y considerar la posibilidad de imponer sanciones a los altos mandos que tengan responsabilidad por los abusos, a menos que se ponga freno a las violaciones de derechos humanos y garantice que los responsables rindan cuentas ante la justicia. La crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una supervisión estricta”.