Desde que comenzaron las protestas en abril, la Policía Nacional ha participado en abusos graves, incluyendo uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y torturas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el número de abusos sugiere, de manera evidente, una “acción coordinada” para reprimir el disenso a través de violaciones de derechos humanos que tienen “características de sistematicidad”.
“La decisión de Ortega de ascender a estos dos oficiales es otra evidencia de la brutalidad de su gobierno”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Estas promociones demuestran que la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para frenar la represión del régimen de Ortega, incluyendo a través de una sesión especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.
Existían numerosas fuentes creíbles que señalaban que Díaz ya ejercía un liderazgo de facto en la Policía Nacional como su subdirector. El 5 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Díaz de conformidad con la Ley Magnitsky, argumentando que bajo su mando “la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua”. Díaz también es el suegro del hijo del presidente Ortega.
En abril, Ortega envió a Avellán a Masaya, donde era el comandante de más alto rango de la Policía Nacional. Bajo su liderazgo, la Policía Nacional y las pandillas armadas pro-gobierno reprimieron manifestaciones de forma brutal y asesinaron a decenas de manifestantes. El 17 de julio, Avellán sostuvo en una entrevista que “las órdenes de nuestro presidente, nuestra vicepresidenta de ir limpiando estos tranques a nivel nacional y esa petición de la población... vamos a cumplirla, al costo que sea”.
De conformidad con la legislación de Nicaragua, el presidente Ortega es el “jefe supremo” de la Policía Nacional y tiene amplias facultades que incluyen el poder para “disponer” de la policía y nombrar y destituir a los jefes policiales.
El 23 de agosto Human Rights Watch le envió una carta los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos solicitándoles que convoquen una sesión especial sobre Nicaragua.
“Los gobiernos que han condenado el baño de sangre en Nicaragua ahora deberían solicitarle al presidente del Consejo de Derechos Humanos que de forma urgente convoque una sesión especial para tratar los aberrantes abusos en Nicaragua”, sostuvo Vivanco.
