El presidente Daniel Ortega logró imponer su voluntad y aplastar las protestas mediante el terror. Desde que los manifestantes levantaran barricadas en todo el país, lo que inicialmente era una represión brutal se transformó en una cacería indiscriminada. Policías y pandillas “parapoliciales” han detenido arbitrariamente, secuestrado y desaparecido a decenas de personas.
En la década de 1980, la comunidad internacional adoptó el término “desaparición forzada” para los casos en que las autoridades o grupos que actúan con su connivencia privan de la libertad a una persona y se niegan a reconocer que fue detenida o a informar su paradero o destino. La definición legal se creó, en parte, como respuesta a las dictaduras militares que utilizaron secuestros masivos para sembrar el terror en Argentina y Chile. La comunidad internacional estableció una prohibición absoluta de este crimen con el objetivo de impedir que vuelva a ocurrir. Pero ahora, en Nicaragua, como ha ocurrido en varios momentos en la región, hay casos de flagrantes desapariciones forzadas cometidas por el gobierno de Daniel Ortega.
Afortunadamente, una clara mayoría de gobiernos del hemisferio no está dispuesta a tolerar estos abusos: el 2 de agosto, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución para crear un grupo de trabajo que supervise la situación en Nicaragua. Se trata de una resolución histórica. Por primera vez en su historia, la OEA aprueba la creación de un comité de observación, a pesar de la ruidosa oposición del Estado abusador.
La OEA debería asegurarse de que el grupo de trabajo pueda supervisar de forma rigurosa la situación de derechos humanos en Nicaragua e impedir que el gobierno represivo de Ortega use la desaparición forzada y otros crímenes aberrantes para perpetuarse en el poder.
Existen numerosos casos de personas secuestradas por bandas “parapoliciales” que luego aparecen en celdas de la policía. Un estudiante le dijo a Human Rights Watch que hombres armados vestidos de negro lo obligaron a subir a un camión cuando se dirigía a pie a una tienda de alimentos en Managua. Lo retuvieron durante ocho días con los ojos vendados; atado de pies y manos. En un momento lo pusieron frente a una cámara y amenazaron con matarlo a menos que confesara haber cometido actos de vandalismo. Unos días después, a medianoche, lo entregaron a las autoridades del centro de detención El Chipote, en Managua.
Las autoridades no lo llevaron ante un juez ni le permitieron que viera a un abogado. Su madre preguntó reiteradamente a las autoridades de El Chipote si estaba retenido allí, pero estas lo negaron y luego de una semana en El Chipote fue liberado.
En al menos cincuenta casos, los detenidos han sido acusados de “terrorismo”. El 13 de julio, la policía detuvo al reconocido líder campesino Medardo Mairena en el aeropuerto de Managua. Cuatro días después, en una audiencia a puertas cerradas, la fiscalía lo acusó de varios delitos, incluyendo “terrorismo”, “crimen organizado” y “asesinato”. A su abogado no le permitieron estar presente en la audiencia. Los familiares de Mairena y su abogado no pudieron verlo por varias semanas y no supieron, hasta el 26 de julio, dónde se encontraba detenido.
El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Ramírez, se quejó de que la propuesta de crear al grupo de trabajo era una “maniobra política injerencista”. Y luego de que la resolución se aprobara, el canciller nicaragüense Denis Moncada acusó a la OEA de ser un “ministerio de colonias” y dijo que el gobierno era víctima de una “campaña mediática encaminada a mentir, distorsionar la verdad”.
Unos días antes, el presidente Ortega había negado en una entrevista con Fox News que su gobierno estuviera colaborando con bandas armadas. Los testimonios aportados por víctimas, sus familiares y testigos, así como numerosas grabaciones y fotografías, demuestran de forma rotunda que quien distorsiona la verdad es, en realidad, Ortega.
Entre las mayores prioridades del recién creado grupo de trabajo debería estar frenar y esclarecer las desapariciones y detenciones arbitrarias que siguen ocurriendo a lo largo del país. Con ese propósito, debería exigir que el gobierno permita visitar las prisiones y centros de detención donde permanecen decenas de opositores, así como que se garantice que las organizaciones de derechos humanos y abogados puedan asistir a las audiencias judiciales de los incriminados. También debería demandar el desmantelamiento inmediato de las bandas armadas del gobierno que han participado en estos y otros abusos, y establecer un mecanismo confiable para verificar que esto ocurra.
El canciller Moncada dijo que su gobierno “no permitirá en su territorio ningún grupo de trabajo” de la OEA. Sin embargo, ante una presión multilateral concertada y firme, es muy probable que Ortega ceda. Cuando arrancaron las protestas, el régimen rechazó dos solicitudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visitar el país. Pero finalmente accedió ante las presiones diplomáticas. Gracias a las visitas de la CIDH al país, en las que documentó abusos aberrantes—como ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias—, el mundo conoce los verdaderos alcances de la represión. El gobierno de Ortega respondió diciendo que la CIDH había manipulado la investigación.
El grupo de trabajo también debería asegurarse de que estos crímenes por los que han perdido la vida al menos 317 personas y más de 2000 han resultado heridas no queden en la impunidad. Para ello, debería urgir a Nicaragua a crear una unidad especial que—actuando en conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH establecido en julio—se encargue primordialmente de investigar los delitos más atroces que han ocurrido en el contexto de las protestas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, así como homicidios de policías y simpatizantes del gobierno.
En 2017, la OEA cumplió un importante papel al exponer las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. No obstante, nunca pudo ir más lejos por la falta de votos suficientes y la férrea oposición de ese gobierno.
En la medida en que Maduro ha ido consolidando su sistema político represivo, muchos han empezado a preguntarse si la OEA está capacitada para enfrentar a regímenes autoritarios.
Ahora, con el grupo de trabajo para Nicaragua, la OEA por primera vez cuenta con un mecanismo con las atribuciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones democráticas y de derechos humanos de uno de sus miembros. Este instrumento ofrece a la OEA una nueva oportunidad para proteger a los nicaragüenses y ayudar a evitar que surjan nuevos regímenes despóticos en la región. Para ello, es imprescindible que ejerza sus flamantes facultades con contundencia y se defienda activamente de las previsibles arremetidas de los gobernantes autoritarios de siempre.
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José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch. Juan Pappier es abogado de la División de las Américas de la misma organización.
