Para: Países miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Vuestra Excelencia,
Tengo el honor de dirigirme a V.E. con el propósito de informarle que Human Rights Watch apoya la solicitud de 54 ONG de la región al Consejo de Derechos Humanos (CDH) para que se convoque una sesión especial sobre Nicaragua. La situación de derechos humanos ha empeorado drásticamente desde que comenzaron las manifestaciones contra el gobierno a principios de año y es urgente organizar una sesión especial que contribuya a los esfuerzos regionales y de la ONU que buscan evitar mayor violencia y abusos en el país.
En Nicaragua, la policía ha actuado conjuntamente con pandillas armadas partidarias del gobierno para secuestrar y torturar a manifestantes y activistas en un esfuerzo sistemático para terminar con manifestaciones anti-gubernamentales que comenzaron en abril. Al menos 317 personas han sido asesinadas y más de 2,000 sufrieron heridas, en la mayoría de los casos a manos de la policía y de pandillas armadas partidarias del gobierno.
Policías y miembros de estas pandillas armadas han secuestrado o detenido arbitrariamente a cientos de personas en todo el país. De acuerdo con información recabada por Human Rights Watch, los detenidos fueron víctimas de golpizas, simulación de ahogamiento, choques eléctricos y violaciones sexuales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe titulado “Graves violaciones de Derechos Humanos en el contexto de protestas sociales en Nicaragua”, encontró amplia evidencia que implica a la policía nicaragüense en múltiples abusos, incluidas detenciones arbitrarias y torturas. La Comisión concluyó que el número de abusos sugiere claramente una “acción coordinada” para reprimir, detallando “patrones” de abusos sistemáticos tales como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.
En las últimas semanas, las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua han despedido al menos a 135 médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud de varios hospitales públicos del país, según datos de la Asociación Médica Nicaragüense. Los despidos fueron aparentemente en represalia por la posición crítica de estas personas frente a la represión y se dieron después de que el gobierno intentara limitar el acceso a la atención médica de manifestantes heridos.
El 9 de agosto, un grupo de 11 Procedimientos Especiales de la ONU, incluidos los Relatores Especiales sobre la situación de los defensores de derechos humanos, asamblea pacífica y asociación, libertad de opinión y expresión, de salud, de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y los Grupos de Trabajo sobre detención arbitraria y de desapariciones forzadas, emitieron una declaración conjunta instando al gobierno de Nicaragua a poner fin a “la caza de brujas” contra disidentes, a desmantelar inmediatamente a las pandillas armadas y a investigar las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas.
El Consejo de Derechos Humanos debería unirse al coro creciente de voces internacionales y regionales que han condenado los abusos en Nicaragua y convocar urgentemente una sesión especial sobre la crisis de derechos humanos en el país. En la sesión especial, el Consejo debería adoptar una resolución que:
- Exprese su profunda preocupación sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, que está deteriorándose rápidamente, sobre el impacto de la represión en el pueblo nicaragüense, así como sobre las agresiones contra defensores de derechos humanos, periodistas y sus familias;
- Condene enérgicamente las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, así como la impunidad de la que gozan los responsables, incluyendo la policía y las pandillas armadas partidarias del gobierno;
- Exija a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a estos abusos, incluyendo los homicidios y agresiones contra defensores de derechos humanos, periodistas, críticos y opositores, y que lleven a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes para garantizar acceso a la justicia y reparación para las víctimas;
- Llame a las autoridades nicaragüenses a cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Monitoreo para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente permitiéndoles acceso irrestricto a todos los centros de detención y juzgados, y brindándoles información oficial veraz;
- Solicite al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que publique información relevante recabada por su oficina en el país en conjunto con la OEA y que reporte al CDH regularmente sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.
A la luz de su mandato de prevenir violaciones de derechos humanos y responder a urgencias en materia de derechos humanos, el CDH debería abordar inmediatamente la situación de derechos humanos en Nicaragua. Instamos respetuosamente a su delegación a apoyar sin demora y activamente la convocatoria a una sesión especial del CDH y a adoptar una resolución que permita darle a esta situación la atención amerita, con el propósito de poner fin a los abusos y la impunidad en el país.
Aprovechamos la oportunidad para expresarle a V.E. nuestra más alta consideración y estima.
Sinceramente,
John Fisher
Director en Ginebra
José Miguel Vivanco
Director Ejecutivo de las Américas
