(Nueva York) – Las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua han despedido a decenas de médicos y otros trabajadores de la salud aparentemente en represalia por participar en protestas o expresar de otras formas sus diferencias con el gobierno, señaló hoy Human Rights Watch. Los despidos se producen luego de que el gobierno intentara limitar el acceso a la atención médica a personas que participaron en manifestaciones en contra del gobierno y resultaron heridas.
En las últimas semanas, las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua han despedido al menos a 135 médicos, miembros del personal de enfermería y otros trabajadores de la salud de varios hospitales públicos del país, según datos de la Asociación Médica Nicaragüense.
“Después de reprimir brutalmente las manifestaciones en todo el país, el gobierno de Ortega está dirigiendo sus represalias contra todos aquellos que se atrevieron a cuestionar su poder”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El despido de médicos que criticaron al gobierno es otra prueba de que al gobierno de Ortega le interesa más asegurarse un poder absoluto en el país que garantizar los derechos básicos de los nicaragüenses”.
Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 15 trabajadores de la salud despedidos de hospitales o centros médicos en las ciudades de Santa Teresa, Diriamba, Jinotepe, San Marcos y León, y analizó las cartas de despido que recibieron 10 de ellos. Nueve de las cartas tienen una redacción idéntica, a pesar de que fueron emitidas por las autoridades de distintos hospitales, y no indican la causa del despido. Once de los trabajadores de la salud que entrevistó Human Rights Watch habían trabajado para el Ministerio de Salud de Nicaragua durante más de 20 años.
Javier Pastora, de 55 años, fue despedido del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello, en León, el 27 de julio. Pastora se había desempeñado en el Ministerio de Salud de Nicaragua durante 32 años y era jefe del servicio de cirugía del hospital, así como docente en la Universidad Nacional de Nicaragua en León. Ese día a las 7 a.m., la directora del hospital, Judith Lejarza Vargas, lo citó en su oficina y le entregó una carta de despido en la cual no se indica por qué fue echado. Cuando Pastora pidió una explicación, Lejarza Vargas le dijo que su participación en las manifestaciones lo convertía en un “inestabilidad” para el hospital, según contó Pastora a Human Rights Watch. Otros 13 trabajadores de la salud fueron despedidos ese día del hospital en León.
El 30 de julio, Lejarza Vargas publicó en Facebook que “habrá más despidos a médicos por terroristas”. En una publicación anterior de ese mismo día, Lejarza Vargas indicó que “los estudiantes de medicina son Golpistas y terroristas”. Funcionarios de Nicaragua han acusado reiteradamente a los manifestantes de ser terroristas. En el mes de julio, la Fiscalía imputó al menos a 50 personas por el delito de “terrorismo” y la Policía Nacional señaló en sus comunicados oficiales a 16 personas más por el mismo delito.
Uno de los médicos fue despedido del Hospital Escuela Regional Santiago Jinotepe el 1 de agosto. Trabajaba desde hacía 20 años para el Ministerio de Salud. El 1 de agosto a las 7 a.m., él y otros médicos tuvieron una reunión en el hospital con el titular del Ministerio de Salud en la zona, quien les indicó que las personas que criticaran al gobierno no podían trabajar en el hospital, según lo refirieron a Human Rights Watch este médico y otro más que asistió a la reunión. A las 11 a.m., Álvaro Urróz, el subdirector del hospital, entregó al médico su carta de despido sin ofrecer una explicación sobre los motivos. El 15 de julio, el médico había atendido a manifestantes heridos con armas de fuego. El médico dijo a Human Rights Watch que cree que ha sido desvinculado por criticar la respuesta cruenta del gobierno a las protestas. “No puedo estar de acuerdo con tanta barbarie que está pasando en el país”, explicó.
En una visita al país realizada en mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió numerosas denuncias de que en varios hospitales públicos se había negado atención a manifestantes heridos. El organismo también documentó casos en los cuales las autoridades de hospitales públicos exigieron que los familiares de manifestantes muertos renunciaran a su derecho a denunciar los casos para que les entregaran los cuerpos de sus familiares o la partida de defunción. La CIDH también identificó a personas que optaron por no buscar atención médica en centros de salud públicos por desconfianza o temor a represalias.
Un médico de Carazo, en el sudoeste de Nicaragua, dijo a Human Rights Watch que su superior en el Ministerio de Salud le había indicado que el centro de salud a su cargo debía atender únicamente a “nuestra gente”, presuntamente refiriéndose a las bandas armadas pro-gobierno. El 8 de julio de 2018, cerca de 20 miembros armados de estas bandas llegaron al centro de salud y no permitieron que entrara nadie más, contó el médico a Human Rights Watch. Según su testimonio, ocho miembros de estas bandas recibieron atención médica, pero no se atendió a manifestantes. Los miembros de estas bandas se fueron del hospital más tarde ese día.
La policía también ha limitado el acceso de los socorristas a manifestantes gravemente heridos. En la noche del 13 de julio, bandas armadas partidarias del gobierno efectuaron disparos indiscriminados contra la parroquia de la Divina Misericordia, donde habían entrado para protegerse 200 estudiantes universitarios, médicos y periodistas. La policía cercó el perímetro e impidió que las ambulancias se acercaran a la parroquia hasta las 10:30 p.m., cuando permitieron que se evacuara a cuatro heridos. La policía no volvió a liberar el perímetro hasta cerca de las 9 a.m. del día siguiente. Según la CIDH, dos estudiantes fueron asesinados y 16 personas resultaron heridas en el ataque a la iglesia.
Desde que comenzaron las protestas el 18 de abril de 2018, al menos 317 personas fueron asesinadas y más de 2.000 resultaron heridas, en la mayoría de los casos, a manos de policías y bandas armadas pro-gobierno.
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley prohíben a los gobiernos hacer un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes e instan a garantizar que, tan pronto como sea posible, se brinde asistencia y atención médica a quienes resulten heridos por autoridades de seguridad pública.
El derecho internacional garantiza además el derecho de libertad de expresión, y prohíbe a los gobiernos discriminar o tomar represalias contra personas que han ejercido este derecho de forma legítima.
“El gobierno nicaragüense debería reincorporar inmediatamente a los médicos y trabajadores de la salud a sus puestos de trabajo, o compensarlos por estos despidos arbitrarios”, señaló Vivanco. “Es inadmisible castigar a los médicos que cumplen con su deber de brindar atención a todos aquellos que la necesitan, sin distinciones”.
