Policías anti-motines parados en frente de un grafiti que dice “justicia”, durante una manifestación en contra del Presidente Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua, el 28 de mayo de 2018.

© 2018 Reuters

(Washington, D.C.) – Los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) deberían exhortar de manera enfática al Presidente Daniel Ortega de Nicaragua a que desmantele las pandillas armadas afines al gobierno y cese los aberrantes abusos en el pais, señaló hoy Human Rights Watch. Los embajadores ante ese organismo regional se reunirán hoy 22 de junio de 2018 para participar en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente dedicada a analizar graves abusos documentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Nicaragua.

Desde que surgieron las protestas el 18 de abril, al menos 187 personas han sido asesinadas y más de 1.500 resultaron heridas. Los responsables de la gran mayoría de esas muertes y lesiones son policías y pandillas armadas afines al gobierno, según lo señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los abusos han aumentado drásticamente durante el último mes: organizaciones de derechos humanos reportan que al menos 95 personas han muerto solo en el mes de junio.

"Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta sus conclusiones en Washington, policías y pandillas armadas afines al gobierno continúan asesinando a manifestantes con total impunidad en las calles de Nicaragua”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Los líderes democráticos de la región deberían hacer un llamado urgente al Presidente Ortega para que ponga fin al baño de sangre en el país y desmantele a las pandillas partidarias del gobierno”.

Los líderes democráticos de la región deberían hacer un llamado urgente al Presidente Ortega para que ponga fin al baño de sangre en el país y desmantele a las pandillas partidarias del gobierno

José Miguel Vivanco

Director para las Américas

Tras haber realizado una visita de trabajo al país en el mes de mayo, la CIDH concluyó que en repetidas ocasiones la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y apoyó a pandillas armadas afines al gobierno que cometen abusos en contra de la población. La Comisión determinó que se habían cometido graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, tratos crueles e inhumanos a personas privadas de libertad, y agresiones a periodistas.

El 5 de junio, durante la Asamblea General de la OEA en Washington, los países miembros condenaron los “actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general” en Nicaragua y expresaron sus condolencias a las víctimas.

“Durante su última discusión sobre Nicaragua, los estados miembros de la OEA expresaron su preocupación por la situación en el pais, pero—como si se tratara de un desastre natural—no le atribuyeron la responsabilidad que le corresponde al gobierno de Ortega”, señaló Vivanco. “La crisis en Nicaragua exige una respuesta mucho más sólida y clara por parte de los líderes de la región que señale la responsabilidad del gobierno de Ortega por los abusos en el país”.

El 16 de junio, seis personas, incluidos una niña de dos años y un bebé de cinco meses, murieron cuando su casa fue incendiada en Managua. El gobierno culpó a los manifestantes, pero los sobrevivientes dijeron a los medios que policías y hombres vestidos de civil que les acompañaban fueron los responsables del incendio. “Estábamos adentro del cuarto porque estábamos con miedo de que nos balearan los policías junto con los que andaban, ellos nos quemaron para sacarnos como animales”, dijo un sobreviviente a los medios locales.

Un testigo le dijo a Human Rights Watch que policías y hombres que aparentemente pertenecían a las pandillas armadas afines al gobierno le dispararon a pobladores y a socorristas después de que estos sustrajeron los cuerpos de la casa incendiada. Human Rights Watch también examinó un video tomado por un bombero que huyó del lugar cuando la policía comenzó a dispararles.

Al menos 838 personas han sido detenidas en el contexto de las protestas desde el 18 de abril, según la CIDH y datos facilitados por el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH). La CIDH determinó que muchas de estas detenciones fueron arbitrarias. Muchos detenidos le dijeron a organizaciones de derechos humanos, incluyendo Human Rights Watch, que habían sufrido abusos a manos de la policía mientras estaban detenidos.

Pandillas armadas afines al gobierno secuestraron a varias personas, y a algunas las entregaron a autoridades policiales, según informaron medios de comunicación.

Un estudiante de 20 años, cuyo nombre resguardamos por su seguridad, señaló a Human Rights Watch que a fines de mayo hombres armados vestidos de negro lo subieron por la fuerza a un vehículo cuando caminaba hacia un supermercado en Managua. Estos hombres lo mantuvieron con los ojos vendados y con las manos y los pies atados durante ocho días. Según manifestó, amenazaron con matarlo, lo golpearon con sus armas y lo obligaron a decir, frente a una cámara, que había cometido numerosos actos de vandalismo.

Luego, los hombres lo entregaron a policías en El Chipote—la Dirección de Auxilio Judicial en Managua—en medio de la noche. La víctima dijo que los policías lo mantuvieron encerrado en una celda desnudo por una semana, y que durante cuatro días consecutivos lo sacaron solamente para golpearlo. Según manifestó, no fue llevado ante un juez ni se le permitió ver a un abogado. En reiteradas ocasiones, su madre preguntó por él a las autoridades de El Chipote, pero los policías negaron que estuviese ahí, según informó ella a Human Rights Watch. Ni el estudiante ni su madre sabían qué motivos podía tener la policía para ensañarse con él.

“Policías y pandillas armadas afines al gobierno están trabajando conjuntamente en Nicaragua para agredir brutalmente y aterrorizar a la población”, expresó Vivanco. “Si los líderes democráticos de la región no condenan enfáticamente los abusos del gobierno de Nicaragua, es probable que las víctimas de estos crímenes aberrantes nunca logren que haya justicia”.