(Washington D.C.) – Altos funcionarios nicaragüenses deben responder por abusos graves y extendidos cometidos por sus subordinados, señaló hoy Human Rights Watch. Estos funcionarios no han tomado medidas significativas para prevenir y sancionar violaciones de derechos humanos cometidas por sus subalternos.
Desde que comenzaron las protestas el 18 de abril de 2018, al menos 270 personas han muerto y más de 1.500 han resultado heridas, en la mayoría de los casos, a manos de policías y pandillas armadas partidarias del gobierno. Las evidencias disponibles indican que los funcionarios claves con el poder de terminar con los abusos no han tomado medidas para prevenir y sancionar las violaciones. Por el contrario, han negado categóricamente lo que está sucediendo, y a menudo han responsabilizado falsamente a los manifestantes. El Presidente Daniel Ortega ha manifestado que su gobierno está trabajando para asegurar el “derecho a la paz” de los nicaragüenses y que la policía ha sido “víctima de una campaña” de descrédito.
“Mientras el Presidente Ortega repite el mantra de que su gobierno está trabajando por la paz en Nicaragua, los policías bajo su supervisión siguen matando manifestantes,” señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades de Nicaragua no están tomando medidas para evitar que continúen las violaciones a los derechos fundamentales y para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus actos.”
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno de Nicaragua tiene la obligación de tomar las medidas adecuadas para prevenir y sancionar graves violaciones de derechos humanos. Altos funcionarios gubernamentales, particularmente los que están al frente de instituciones implicadas en violaciones de derechos humanos, deben cumplir con estas obligaciones. Los altos funcionarios también tienen la obligación de prevenir y sancionar los abusos generalizados por parte de actores privados, lo cual incluye pandillas armadas partidarias del gobierno. Esta obligación existe con independencia de que existan, como ocurre en este caso, evidencias claras de que estas pandillas hayan operado en conjunto con, o con el apoyo de, la policía.
Algunos de los altos mandos responsables por los atroces abusos en Nicaragua son el Presidente Daniel Ortega, quien en virtud de la legislación nicaragüense es el “jefe supremo” de la Policía Nacional, la comisionada general Aminta Granera, directora de la Policía Nacional, y el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la misma.
Después de una visita al país en mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró numerosas evidencias que implican a la policía nicaragüense en abusos generalizados, incluyendo un uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura. La Comisión concluyó que el número de abusos sugería, de manera evidente, una “acción coordinada” para reprimir el disenso y que no se trataba de “meros actos ilegales de algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad”. La Comisión también identificó “patrones” de abuso, incluido el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, que sugieren que los abusos tenían “características de sistematicidad”.
Human Rights Watch ha documentado abusos similares por parte de la Policía de Nicaragua. Las evidencias analizadas por Human Rights Watch incluyen testimonios de las víctimas y sus familiares, testigos oculares y abogados defensores de los detenidos; fotografías y videos; e información proporcionada por organizaciones de derechos humanos locales. Human Rights Watch también analizó de forma exhaustiva declaraciones, comunicados de prensa y videos de las apariciones públicas realizadas por altos funcionarios policiales y otros altos funcionarios.
La comisión señaló que la policía ha empleado fuerza letal de manera “deliberada y sistemática” para reprimir manifestaciones multitudinarias contra el gobierno. La comisión también identificó decenas de casos en los cuales manifestantes desarmados habrían sido asesinados tras “un ataque indiscriminado con armas letales por parte de agentes de la Policía”. También concluyó que la Policía Nacional ha efectuado detenciones arbitrarias y sometido a personas detenidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes que, en algunos casos, constituyen tortura.
Además de haber incumplido su obligación de frenar los abusos perpetrados por pandillas armadas partidarias del gobierno, la policía ha operado en conjunto con estas pandillas para reprimir el disenso. Las pandillas han secuestrado a varias personas y, en algunos casos, las han entregado a la policía, según informaron medios de comunicación. Human Rights Watch entrevistó a un estudiante de 20 años que fue secuestrado por hombres armados vestidos de civil que durante ocho días lo mantuvieron atado de pies y de manos con los ojos vendados, propinándole golpizas, para luego entregarlo a la policía. Posteriormente, agentes policiales lo detuvieron durante una semana, lo mantuvieron desnudo en una celda oscura y lo golpearon en reiteradas ocasiones.
La comisión también documentó casos de colaboración entre la policía y pandillas armadas e instó al gobierno a desarticular esos grupos. Human Rights Watch también ha revisado decenas de videos en los cuales hombres fuertemente armados, vestidos de civil, operan conjuntamente con policías uniformados en Managua y Masaya, incluidos casos en los cuales estos hombres dispararon armas de alto calibre a objetivos no identificados en presencia de policías.
El gobierno de Nicaragua ha negado los hallazgos de la comisión. El 22 de junio, el Canciller Denis Moncada afirmó que el gobierno de Nicaragua “rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH” por considerarlo “subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado”. De manera similar, el 27 de mayo, la Policía Nacional manifestó en una nota de prensa oficial que “no ha tenido, no tiene, ni tendrá fuerzas parapoliciales” y afirmó que estaba “garantizando el desarrollo de protestas pacíficas en el país”.
Altos funcionarios nicaragüenses no parecen haber tomado ninguna medida seria para poner fin a los abusos ni para asegurar que se imparta justicia. La información disponible sugiere que el Ministerio Público no ha presentado cargos contra ningún policía, y el inspector general de la Policía tampoco ha sancionado genuinamente los abusos. La Comisión afirmó que tenía conocimiento de casos en que el Ministerio Público no había cumplido su deber de iniciar investigaciones oportunamente y, por ejemplo, había exigido que fueran las mismas víctimas quienes recogieran evidencia de los abusos, incluyendo testimonios y fotografías y videos de lo ocurrido.
De conformidad con la legislación de Nicaragua, el Presidente Ortega es el “jefe supremo” de la Policía Nacional y tiene amplias facultades que incluyen el poder para "disponer" de la policía y destituir a los jefes policiales que no acaten sus órdenes. Granera, la directora de la Policía Nacional, es la jefa de la fuerza. Pero, según numerosas fuentes creíbles, el general Francisco Díaz, subdirector de la Policía y suegro del hijo del presidente Ortega, ejerce de facto un importante control sobre la fuerza. El general Vanegas, inspector general, tiene la obligación, de conformidad con la legislación de Nicaragua, de investigar presuntas violaciones de derechos por parte de policías y sancionar a los responsables.
A mediados de mayo, el Presidente Ortega señaló que había ordenado a la policía que no disparara. No obstante, Human Rights Watch identificó pruebas creíbles – incluidos videos, fotografías y entrevistas grabadas en video con las víctimas – que mostraban que, en varios casos, policías dispararon armas de fuego contra manifestantes y transeúntes, y algunas de esas personas murieron o sufrieron lesiones.
“El Presidente Ortega intenta distraer a la opinión pública argumentando que él ha dado la orden de no disparar”, señaló Vivanco. “Pero la verdad detrás de sus esfuerzos de propaganda es que la policía sigue matando y aterrorizando a personas, a menudo en conjunto con pandillas armadas partidarias al gobierno”.
