(Nueva York) – El gobierno nicaragüense habría cometido graves abusos contra manifestantes e impedido de forma arbitraria la transmisión de medios de comunicación que daban cobertura a las protestas recientes, señaló hoy Human Rights Watch. Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían exhortar al gobierno del Presidente Daniel Ortega que permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite el país para investigar la situación.
Una serie de reformas al seguro social que anunció el Presidente Ortega el 18 de abril de 2018 dio inicio a manifestaciones en todo el país que se han transformado en una expresión generalizada de descontento por sus 11 años de gobierno. Human Rights Watch recibió información creíble que sugiere que policías han usado fuerza excesiva para dispersar manifestaciones en varias localidades del país y que grupos de simpatizantes del gobierno han atacado a manifestantes pacíficos. La Cruz Roja Nicaragüense dijo a Human Rights Watch que, entre el 18 y el 25 de abril, atendió a 435 personas heridas en el contexto de las protestas, incluidas 242 que fueron hospitalizadas. Periódicos nicaragüenses y organizaciones locales de derechos humanos han informado que murieron al menos 26 personas, incluido un periodista. También fallecieron dos policías, según autoridades nicaragüenses. Otras estimaciones de un grupo de derechos humanos señalan que hasta 63 personas podrían haber muerto desde el 18 de abril.
“Las personas que cometan actos violentos deben rendir cuentas ante tribunales independientes, pero también deben ser investigados los policías que hayan empleado fuerza excesiva contra manifestantes”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “No hay ninguna excusa que justifique sacar del aire a medios que informan sobre las protestas ni permitir que grupos oficialistas agredan impunemente a periodistas y manifestantes”.
Entre el 20 y el 25 de abril, Human Rights Watch entrevistó a 22 personas por teléfono, incluidos miembros de organizaciones no gubernamentales, periodistas, estudiantes que participaron en las protestas, miembros del clero, un integrante de una asociación de abogados y un representante de la Cruz Roja Nicaragüense.
Testigos y víctimas señalaron que agentes de la policía antidisturbios dispararon balas de goma y gases lacrimógenos contra personas que se manifestaban de forma pacífica en las calles, así como frente a universidades e iglesias. Human Rights Watch también recibió denuncias creíbles aludiendo a que simpatizantes del gobierno dispersaron manifestaciones pacíficas propinando golpes y patadas, y usando tubos y palos para golpear a manifestantes y periodistas que daban cobertura a las protestas.
Desde la sala de hospital donde estaba internado, el estudiante de ingeniería Roberto Rizo Valdivia dijo a Human Rights Watch que perdió el ojo izquierdo luego de que el 19 de abril un policía antidisturbios le disparara en el rostro una bala de goma. Valdivia contó que él y otros estudiantes habían estado manifestándose de manera pacífica frente a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Managua, pero que corrieron hacia el campus cuando llegó la policía y les tiró gas lacrimógeno. La policía persiguió a los estudiantes dentro del recinto universitario, y luego se sumaron agentes antidisturbios. Valdivia afirmó que miembros de la policía antidisturbios les dispararon balas de goma y gases lacrimógenos a los estudiantes dentro del recinto universitario. Los estudiantes respondieron arrojándoles piedras.
El 19 de abril, cuatro canales televisivos de noticias fueron sacados del aire, según trascendió en varios medios y confirmaron dos directores de canales de televisión entrevistados por Human Rights Watch. El director de uno de ellos, 100% Noticias, dijo que la autoridad estatal que regula las telecomunicaciones le había advertido que dejara de transmitir sobre las protestas o se “aten[ga] a las consecuencias”, y que la empresa de cable más tarde le informó que dicha autoridad había dado instrucciones de que dejara de emitir la señal del canal. El director de 100% Noticias señaló que él y otros tres miembros de su equipo recibieron llamadas anónimas con amenazas de que incendiarían la oficina del canal. Los otros tres canales volvieron al aire luego de seis horas, pero 100% Noticias no pudo reanudar la transmisión hasta el 24 de abril, según informó el medio.
El 23 de abril, dos medios de noticias –La Prensa y Confidencial– informaron haber sufrido un “ciberataque”. El sitio web de La Prensa se vio ralentizado, según señaló el gerente informático del periódico en un artículo. Confidencial estuvo inhabilitado de Internet de 8 a.m. a 3 p.m., según contó esa noche en un programa el director de ese medio, Carlos Fernando Chamorro, quien calificó el hecho como un ataque de los “enemigos de la libertad de prensa”. Ambos medios manifestaron que creían que el ataque fue un intento de silenciar su cobertura de las protestas.
Cuatro periodistas dijeron a Human Rights Watch que grupos de simpatizantes del gobierno los agredieron mientras estaban cubriendo las protestas, y en periódicos locales se informó sobre siete casos más. El fotógrafo de Associated Press Alfredo Zúñiga dijo que el 18 de abril una turba de hombres que vestían camisetas idénticas con consignas oficialistas lo agredieron y le robaron su cámara mientras cubría una manifestación en Managua.
Un hombre golpeó a Zúñiga en la cara con un casco de motocicleta, según contó, y otro lo golpeó en la cabeza con un tubo de acero. Zúñiga dijo a Human Rights Watch que tuvieron que darle ocho puntadas en la herida que le causó el golpe. Cuando se fueron los agresores, Zúñiga se acercó a dos policías que habían visto el ataque desde pocos metros de distancia. “Uno de ellos se encogió de hombros y el otro me dijo ‘quién te manda a estar aquí’”, contó Zúñiga.
Human Rights Watch también recibió señalamientos creíbles de que, en algunos casos, se cometieron abusos contra manifestantes detenidos. Anielka Hernández, de 25 años, dijo a Human Rights Watch que fue detenida por policías aproximadamente a las 2 p.m. del 20 de abril, cuando los manifestantes empezaban a dispersarse luego de una protesta en el suburbio de Ticuantepe, en Managua. Hernández afirmó que la subieron a la camioneta policial y que una policía se arrodilló sobre su pecho. Cuando Hernández se quejó porque no podía respirar, la agente le colocó una rodilla sobre la garganta y le dio una bofetada, dijo Hernández a Human Rights Watch.
Hernández señaló que fue llevada a una estación policial, donde tres mujeres policías la obligaron a desnudarse y hacer cinco sentadillas frente a ellas, mientras amenazaban con golpearla. Luego le permitieron vestirse. Hernández estuvo retenida cinco horas y luego fue puesta en libertad.
El 23 de abril, el secretario general de las Naciones Unidas António Guterres instó al gobierno de Nicaragua a respetar el “derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión”. Al día siguiente, una portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación ante la posibilidad de que varias de las muertes registradas “podrían constituir ejecuciones ilegales” y pidió “poner fin a los ataques contra periodistas y medios de comunicación”.
En una declaración conjunta publicada el 22 de abril, los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú —todos miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA)— instaron a las fuerzas de seguridad de Nicaragua a “evitar el excesivo uso de la fuerza” y expresaron su “solidaridad” con las víctimas.
El 24 de abril, la CIDH expresó su “condena” ante las muertes vinculadas con las protestas y su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión. La CIDH anunció que pediría la anuencia de Nicaragua para realizar una visita al país.
“Los líderes de la región hicieron lo correcto al expresar solidaridad con las víctimas en Nicaragua, pero pueden y deben hacer mucho más”, señaló Vivanco. “Los Estados Miembros de la OEA deberían convocar con urgencia una sesión del Consejo Permanente con el fin de presionar al Presidente Ortega para que permita que la CIDH visite el país y cuente con una cooperación plena por parte del gobierno”.
