Es difícil no recordar los inicios de la crisis venezolana al ver la represión brutal que acontece en Nicaragua. Una de las principales diferencias hasta el momento ha sido que Nicaragua aceptó la observación de la ONU, aunque a regañadientes. Pero esto ya no es el caso.
El 31 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua le ordenó al equipo de especialistas en derechos humanos de la ONU que había estado investigando en el país que se fuera.
La carta llegó apenas dos días después de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicara su
informe sobre Nicaragua, en el cual condenó la represión brutal desplegada en respuesta a las numerosas manifestaciones contra el gobierno.
Desde abril, cerca de 322 personas han sido asesinadas y 2.000 resultaron heridas en Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de estas muertes fueron provocadas por la represión violenta de las protestas, que fue protagonizada por policías y pandillas armadas partidarias del gobierno. Policías y pandillas armadas partidarias del gobierno también han secuestrado o detenido arbitrariamente a cientos de personas en el país. Human Rights Watch ha documentado casos de detenidos que sufrieron golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y violación sexual.
El informe del ACNUDH estimó que al menos 300 personas están siendo procesadas por su participación en las protestas, incluidas algunas acusadas de delitos vinculados con terrorismo. En cambio, ningún funcionario gubernamental ha sido acusado por los abusos cometidos contra manifestantes.
El gobierno respondió calificando al informe de “subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado” y posteriormente expulsó del país al personal de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos—el máximo órgano de derechos humanos de la ONU—no puede permitir que esto suceda sin que haya una respuesta.
El Consejo tiene el mandato de investigar violaciones de derechos humanos e impedir que se lleguen al punto de una crisis irreversible. Esta es una oportunidad para que el Consejo aplique su mandato de prevención y aborde con urgencia la crisis en Nicaragua. Debería sostener un debate urgente sobre Nicaragua, exhortar al gobierno del Presidente Daniel Ortega a que ponga fin a la represión violenta y cerciorarse que haya un seguimiento periódico de la situación.
Esta crisis debe ser abordada con determinación y urgencia por el Consejo de Derechos Humanos, antes de que sea demasiado tarde.
