(Nueva York) – El gobierno del expresidente Rafael Correa empleó de manera abusiva el sistema de justicia penal para actuar contra ambientalistas y líderes indígenas que se manifestaron contra proyectos de minería y exploración petrolera en la Amazonía, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Aunque estas organizaciones trabajan con mayor libertad desde que Lenín Moreno asumió la presidencia, los procesos abusivos iniciados por su antecesor siguen sin ser tratados.
El informe de 32 páginas, “Amazónicos ante la injusticia: Hostigamiento judicial de líderes indígenas y ambientalistas en Ecuador”, evidencia que en tres casos destacados los fiscales no presentaron pruebas suficientes que dieran sustento a graves acusaciones o que justificaran que una investigación penal se prolongara varios años. El 28 de marzo de 2018, la corte provincial de Morona Santiago se pronunciará en el caso del líder indígena shuar Agustín Wachapá, por haber presuntamente incitado a la violencia a través de una publicación en Facebook. El 16 de marzo, la misma corte ordenó la detención de Pepe Acacho, otro líder indígena shuar, para que cumpliera una pena de cárcel por un cargo por el cual nunca tuvo oportunidad de defenderse durante el juicio. El tercer caso es una investigación penal sobre seis líderes indígenas y una ambientalista que ha permanecido abierta cuatro años y medio, a pesar de que no se esgrimieron pruebas de actos ilícitos.
“El Presidente Correa denigró por cadena nacional de televisión a líderes indígenas y ambientalistas que se oponían a proyectos del sector extractivo en la Amazonía, mientras que su Ministerio del Interior buscó encarcelar a esos líderes y clausurar sus organizaciones”, señaló Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Aunque el Presidente Moreno ha terminado con el hostigamiento, y las organizaciones ambientalistas ahora actúan con mayor libertad, lamentablemente los procesos judiciales abusivos continúan”.
Las autoridades ecuatorianas deberían asegurarse de que ninguno de estos líderes cumpla penas de prisión por cargos que no puedan fundamentar o que no se hayan probado ante un tribunal.
En su programa semanal de televisión, Correa denigró en reiteradas ocasiones a los líderes de protestas contra sus políticas ambientales, e instó a que fueran sancionados. En 2013, el gobierno de Correa disolvió arbitrariamente la Fundación Pachamama, una de las organizaciones ambientales más reconocidas del país. En 2016, intentó hacer lo mismo con otra importante organización ambiental, Acción Ecológica, pero dio marcha atrás luego de que la decisión provocara condena internacional. Cinco relatores especiales de las Naciones Unidas describieron el intento de cerrar la organización como parte de una “estrategia para asfixiar a la sociedad civil”.
El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal contra Wachapá en 2016, lo cual motivó que un fiscal lo acusara de “incitación a la violencia”. Wachapá fue detenido y pasó cuatro meses en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad, a 300 kilómetros de su familia. Human Rights Watch tuvo acceso al expediente y el único elemento de prueba relevante es una declaración ambigua publicada en Facebook que, a criterio de Human Rights Watch, es demasiado débil para sustentar las graves acusaciones de la fiscalía.
En 2010, un fiscal acusó a Acacho de “terrorismo” por supuesta incitación a la violencia durante una protesta organizada en 2009 por la comunidad shuar contra una nueva ley de minería. En 2013, un tribunal lo declaró culpable y lo condenó a 12 años de cárcel. Human Rights Watch consultó los documentos del juicio, incluidas las transcripciones de los testimonios, y no encontró pruebas creíbles que justificaran la condena contra Acacho por el delito de terrorismo.
Acacho apeló la decisión ante la Corte Nacional de Justicia, que en enero de 2018 revocó la condena por terrorismo, pero lo condenó por “ilegalmente imp[edir] el libre tránsito de vehículos, personas o mercaderías” y le fijó una pena de ocho meses de cárcel. En realidad nunca fue juzgado por este delito, y no tuvo el motivo ni la oportunidad para objetar los hechos sobre los que se basó la acusación durante el juicio por terrorismo. La justicia ordenó su detención el 16 de marzo, horas después de que su abogado defensor presentara un recurso constitucional que podría anular su condena. Podría ser obligado a cumplir una pena de cárcel por un delito del que nunca tuvo la oportunidad de defenderse en juicio.
En 2013, funcionarios del gobierno de Correa presentaron una denuncia penal contra seis líderes indígenas y una ambientalista que protestaron contra la exploración petrolera en la Amazonía. El Presidente Correa había respondido por televisión nacional a un incidente aislado de violencia ocurrido en la protesta, calificando a los líderes indígenas y ambientalistas de “gente violenta, mala, muchas veces corrupta” e instando a su ministro del Interior a que los investigara. Más de cuatro años más tarde la investigación penal sigue abierta a pesar de no haber generado evidencia contra los activistas, y continúa pesando sobre ellos.
Desde que asumió la presidencia, Moreno ha abierto un diálogo con ambientalistas, líderes indígenas y otros críticos del gobierno. Su gobierno reinstauró la Fundación Pachamama. En contraste con estas iniciativas positivas, los procesos penales abusivos siguen sin ser abordados.
El Presidente Moreno debería asegurar que se designe un órgano de investigación independiente y creíble para que analice el modo en que las autoridades judiciales y la Fiscalía General del Estado impulsaron los casos documentados por Human Rights Watch, y otros casos iniciados recientemente durante el gobierno de Correa.
“El Presidente Moreno —así como las autoridades judiciales y legislativas— deben tomar medidas más enérgicas para revertir el daño provocado por las prácticas autoritarias de Correa frente a críticos de sus políticas ambientales”, señaló Wilkinson. “Esto implica poner fin de inmediato al hostigamiento judicial contra líderes indígenas y ambientalistas, revertir el daño que ya se ha hecho y adoptar medidas para que esto nunca vuelva a ocurrir”.
