Ahora que el mundo se enfrenta a crisis en muchos países, como Israel y Palestina, Ucrania, Sudán y Siria, las investigaciones de la ONU sobre derechos humanos son cruciales para garantizar la rendición de cuentas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
La justicia y la reparación a las víctimas son difíciles de obtener, pero es posible, como hemos visto en casos de crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, Chad, Siria y la República Centroafricana, entre otros ejemplos.
Pero la escasez de efectivo y la congelación de las contrataciones en las Naciones Unidas amenazan con obstaculizar las investigaciones de la ONU en materia de derechos humanos. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido a los Estados miembros de que si los que tienen cuotas pendientes no pagan pronto, la ONU estará en quiebra en agosto. El presupuesto ordinario de la ONU para 2024, que no incluye el mantenimiento de la paz y algunas otras actividades de la ONU, es de 3.600 millones de dólares.
Estados Unidos es el país que más debe, pero sigue realizando pagos parciales. Según fuentes de la ONU, Estados Unidos debe 1.100 millones de dólares al presupuesto ordinario de la ONU para 2023 y 2024, más atrasos adicionales. El gobierno de Biden quiere pagar, pero el Congreso no ha aprobado un presupuesto que le permita hacerlo.
Estados Unidos no es el único país que ha tardado en pagar: otros 50 no lo habían hecho a finales de 2023. China, el segundo mayor contribuyente, no pagó sus cuotas hasta noviembre, lo que agravó los problemas de liquidez de la ONU.
La dirección de la ONU se vio obligada a imponer una congelación de las contrataciones el año pasado. Todos los departamentos de la ONU se ven afectados, incluido el puñado de investigaciones sobre derechos humanos, la mayoría de los cuales cuentan con plantillas y presupuestos relativamente reducidos.
Por ejemplo, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para Sudán, creada hace cuatro meses, tiene un mandato de un año para investigar atrocidades generalizadas, pero aún carece de investigadores para llevar a cabo la misión. Y aunque se supone que la congelación permite excepciones para la contratación de personal esencial, funcionarios de la ONU y diplomáticos dijeron a HRW que había confusión sobre cómo conseguir esas excepciones.
Delegaciones de China, Rusia, Cuba y otros países llevan años intentando desfinanciar la labor de la ONU en materia de derechos humanos. En diciembre fracasaron sus intentos de bloquear la financiación de investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos en Sudán, Siria, Ucrania, Rusia, Nicaragua y otros países.
Los dirigentes de la ONU y los países miembros deben garantizar que los equipos de derechos humanos de la ONU cuentan con financiación y personal para cumplir sus mandatos. Y los gobiernos que aún deben cuotas deben pagarlas.