Washington, D.C., 10 de marzo de 2023
Asunto: Prioridades para el 52° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Con motivo del inicio del 52° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, nos dirigimos los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, México y Paraguay para compartir las recomendaciones de Human Rights Watch.
Consideramos que la actuación de Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, México y Paraguay es particularmente importante en cinco situaciones clave. Instamos los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, México y Paraguay específicamente a:
- garantizar una prórroga de dos años del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y del mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre ese país;
- actuar para que se adopte una resolución que garantice la labor de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Libia y dé continuidad al monitoreo de los derechos humanos en el país y la presentación de informes sobre ese asunto;
- apoyar la declaración conjunta, liderada por Australia, en la que se pide una investigación efectiva de la explosión en el puerto de Beirut;
- rechazar el intento del gobierno de Etiopía de poner fin prematuramente al mandato de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía y de impedir la publicación de su próximo informe;
- apoyar las resoluciones que abordan la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), condenar públicamente los abusos de las autoridades israelíes y reconocer que existe un apartheid en estos territorios.
Hemos incluido, en anexo a esta carta, más detalles sobre cada una de estas cinco prioridades.
Además de estas prioridades, durante este período de sesiones, los instamos a que apoyen la renovación de otros mandatos importantes, como los relativos a Irán, la República Popular Democrática de Corea, Myanmar, Sudán del Sur, Siria y Ucrania. También esperamos que apoyen el fortalecimiento de la labor del Consejo sobre Bielorrusia, como sugirió Human Rights Watch junto con un grupo de ONG nacionales, regionales e internacionales aliadas. Por último, instamos a sus gobiernos a comprometerse a trabajar por el establecimiento de un sistema independiente de monitoreo y presentación de informes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno chino en Xinjiang y en otras zonas del país, y a hacer un seguimiento público de las conclusiones y recomendaciones del informe de la OACNUDH sobre Xinjiang.
Es clave que la política exterior de Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, México y Paraguay aplique consistentemente las normas de derechos humanos sin doble estándar. Como Estados parte de tratados internacionales sobre derechos humanos y miembros actuales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, México y Paraguay tienen la obligación legal de promover y defender los derechos humanos en su territorio y en el extranjero, y de alzar la voz cuando otros países incumplen sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos.
Reciban el testimonio de nuestra más alta consideración,
Tamara Taraciuk Broner
Directora en funciones para las Américas
Hilary Power
Directora para la ONU en Ginebra
Anexo: Antecedentes de las medidas recomendadas en el Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua, Libia, Líbano, Etiopía e Israel/Palestina
Nicaragua
El gobierno del presidente Daniel Ortega ha profundizado la represión sistemática a quienes son percibidos como críticos al gobierno y no ha permitido el acceso al país a ningún observador internacional de derechos humanos desde finales de 2018. El despojo arbitrario de nacionalidad a 317 críticos, incluidos 222 presos políticos que fueron expulsados a Estados Unidos, es la demostración más reciente del despiadado y abierto desprecio del gobierno de Ortega por las libertades fundamentales.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua ha publicado recientemente un informe en el que documentó crímenes de lesa humanidad, en particular asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzosas y persecución por motivos políticos. Apoyar la renovación por dos años de su mandato y del mandato de la OACNUDH sobre el país les permitiría seguir recopilando evidencia de graves y continuas violaciones de derechos humanos, informar sobre la dinámica actual en el país, identificar a los responsables de graves abusos y promover vías para realizar investigaciones penales internacionales contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Libia
En julio de 2022, el Consejo adoptó la Resolución 50/23 por la cual se prorroga el mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Libia (MIDH) "por un período final e improrrogable de nueve meses, para que presente sus recomendaciones finales" durante el 52° período de sesiones del Consejo.
La situación de derechos humanos en Libia sigue siendo precaria, ya que las milicias, los grupos armados y las autoridades siguen cometiendo abusos sistemáticos, y continúa la impunidad por los abusos cometidos en el pasado. Las minas terrestres prohibidas internacionalmente y otros artefactos explosivos sin detonar abandonados desde el conflicto de 2011 siguen causando importantes daños y desplazamiento de civiles. Hasta la fecha, ningún comandante ni combatiente libio o extranjero ha rendido cuentas por su participación en crímenes internacionales y otras violaciones o abusos graves, como ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, ataques indiscriminados que causaron víctimas civiles, detenciones arbitrarias, tortura y uso de minas antipersonales, incluso durante el conflicto armado de Trípoli de 2019-2020.
A pesar de los reiterados llamados de la sociedad civil, de los que han hecho eco el MIDH y otros expertos de la ONU, para que se levanten las amplias restricciones contra organizaciones civiles nacionales e internacionales en el país, dichas restricciones siguen vigentes, incluso en relación con la obtención de visados o el acceso a centros de detención y comunidades necesitadas. Ello, en la práctica, amordaza a grupos independientes que realizan una labor humanitaria y de derechos humanos vital. Ante la persistencia de una cultura de impunidad y el aumento de restricciones al espacio cívico, los miembros del Consejo deben apoyar un mecanismo independiente de rendición de cuentas que continúe documentando e informando sobre la crisis de derechos humanos e impunidad en Libia, así como supervisando la aplicación de las recomendaciones de la MIDH.
Líbano
El gobierno libanés ha interferido flagrantemente en la investigación a nivel nacional sobre la devastadora explosión en el puerto de Beirut en 2020. Las autoridades libanesas han ordenado la puesta en libertad de todos los sospechosos detenidos en relación con la catastrófica explosión y siguen hostigando al jefe de la investigación y a otros jueces que trabajan en el caso, lo cual ha provocado la suspensión de la investigación en repetidas ocasiones.
Ante estas injerencias, las delegaciones del Consejo de Derechos Humanos deben aprobar urgentemente una resolución para crear una misión independiente de verificación de los hechos de la explosión en el puerto de Beirut, con el fin de contribuir a garantizar el camino hacia la verdad y la justicia para las víctimas, así como ayudar a que los responsables de los abusos rindan cuentas.
Etiopía
El 15 de febrero, el viceprimer ministro de Etiopía anunció, ante el Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, los planes de su gobierno de presentar una resolución ante el Consejo para poner fin prematuramente al mandato de la CIEDH. Este intento sin precedentes de terminar anticipadamente el mandato del CIEDH podría sentar un peligroso precedente que sugeriría que los Estados en los que existen investigaciones internacionales, incluidos en nuestra región Venezuela y Nicaragua, pueden anular las decisiones del Consejo para evitar el escrutinio independiente y la rendición de cuentas. Los miembros del Consejo deben rechazar cualquier intento de evitar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y apoyar a quienes buscan justicia.
Israel/Palestina
Recientemente, se ha producido un alarmante aumento de asesinatos, ataques mortales y represión en la Cisjordania ocupada. El nuevo gobierno israelí ha ampliado los asentamientos, que son ilegales según el derecho internacional, y ha acelerado las demoliciones de viviendas palestinas en respuesta a los ataques palestinos contra israelíes, lo que equivale a un castigo colectivo, un crimen de guerra. Los Estados deben condenar públicamente estos abusos y reconocer la realidad del apartheid en los TPO, como están haciendo muchos Estados. También deben pedir al Alto Comisionado que siga actualizando la base de datos de empresas que operan en los asentamientos israelíes, de acuerdo con el mandato otorgado por el Consejo.
