(São Paulo) – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, debería adoptar medidas urgentes para abordar la crisis de derechos humanos asociada con la destrucción de la selva amazónica y restablecer el Estado de derecho.
El 26 de enero de 2023, Human Rights Watch publicó un informe multimedia donde se detalla el impacto de grupos delictivos implicados en la ocupación ilegal de tierras y actividades de tala en el proyecto Terra Nossa, destinado a la agricultura a pequeña escala y el uso sostenible de recursos forestales en el estado de Pará. La situación allí evidencia el nexo que existe entre destrucción ambiental, violencia y pobreza en numerosas comunidades rurales que dependen del uso sostenible del bosque en la Amazonía.
“Resulta alentador que el presidente Lula se haya comprometido a impulsar un cambio radical en las políticas de Brasil tras años de destrucción ambiental”, apuntó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “Lo que vemos en la Amazonía es tanto una crisis ambiental como de derechos humanos. El gobierno de Lula debería movilizar a todos los niveles del gobierno y actuar en coordinación con el Ministerio Público para combatir a las redes delictivas que son responsables de destrucción ambiental y de violencia letal”.
Human Rights Watch presentó sus recomendaciones para una mejor protección del bosque y sus defensores, así como la defensa de los derechos humanos en general, en reuniones entre el 23 y el 25 de enero en Brasilia con los ministros de medio ambiente, Marina Silva; de pueblos indígenas, Sônia Guajajara; de derechos humanos, Sílvio Almeida; de desarrollo agrario, Paulo Teixeira; y de igualdad racial, Anielle Franco; con el titular de la principal agencia ambiental de Brasil, Rodrigo Agostinho; y son funcionarios de alto nivel de los ministerios de justicia y relaciones exteriores. Además, Human Rights Watch se reunió con la presidenta del Tribunal Supremo, Rosa Weber; la jueza del Tribunal Supremo Carmen Lucia, y defensores públicos y fiscales federales.
Pueblos indígenas, pequeños agricultores y otras comunidades locales han arriesgado su vida en un intento de conservar sus tierras y proteger el medioambiente y sus medios de subsistencia. Se enfrentan a los embates de redes delictivas implicadas en actividades ilegales de tala, minería y apropiación de tierras, que movilizan a hombres armados para amenazar y atacar a quienes alzan la voz en defensa de la selva.
Integrantes del proyecto Terra Nossa creen que, desde 2018, esos grupos han asesinado al menos a cuatro personas que pretendían denunciar los delitos ambientales perpetrados en Terra Nossa o por amenazar los intereses de organizaciones delictivas. Un quinto hombre está desaparecido desde 2018 y se cree que también habría muerto.
El informe multimedia incluye testimonios de testigos que señalan que, en 2022, actores delictivos provocaron incendios dentro del proyecto que arrasaron con la vegetación, los cultivos y la reserva forestal donde los residentes recogen castañas de pará, eliminando así sus fuentes de ingresos. El objetivo de estos delincuentes no fue tan solo despejar el suelo para desarrollar allí ganadería o plantar soja, sino además intimidar a los residentes, destruir sus medios de subsistencia y obligarlos a irse, según señaló el fiscal federal Gabriel Dalla Favera de Oliveira.
“Ejercen presión hasta que la persona tiene que huir para preservar su vida y luego toman las tierras”, explicó un residente a Human Rights Watch.
Desde al menos 2016, el organismo federal de reforma agraria, el INCRA, ha tenido conocimiento de que actores externos estaban ocupando ilegalmente tierras en Terra Nossa, según surge de documentos internos examinados por Human Rights Watch, pero no ha adoptado medidas para expulsarlos.
La situación en Terra Nossa pone de manifiesto que la inacción del gobierno facilita la apropiación de tierras y la destrucción ambiental, y propicia la violencia, la pérdida de los medios de subsistencia y, en última instancia, la pobreza.
El gobierno de Lula debería formular un plan integral para proteger a la Amazonía y a los que intentan defenderla, como los pequeños agricultores de Terra Nossa, apuntó Human Rights Watch. El gobierno debería coordinar una acción conjunta con organismos federales, incluido el INCRA, junto con la policía y fiscalía federales y de los estados, y los gobernadores de los estados para formular un plan, en consulta con las comunidades locales, destinado a prevenir los delitos ambientales y la violencia, a asegurar que haya justicia cuando estos hechos ocurren y a desarticular las redes delictivas en la Amazonía.
Tal plan debería reforzar la capacidad de los organismos encargados de proteger el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas, un compromiso que ya ha expresado el gobierno de Lula, y establecer salvaguardas y medidas de seguimiento continuo sobre la cadena de producción del oro, la carne y otros productos agrícolas para garantizar que no tengan vínculos con la deforestación.
El gobierno debería reanudar el otorgamiento de títulos sobre los territorios indígenas; expulsar a quienes ocupan tierras ilegalmente, incluyendo en proyectos del INCRA como Terra Nossa; cancelar títulos fraudulentos sobre las tierras; y apoyar a las comunidades que viven del uso sostenible del bosque.
El gobierno de Lula también debería fortalecer el mecanismo nacional para proteger a los defensores ambientales y de derechos humanos, y asegurar que los programas a nivel estatal cuenten con fondos, capacitación y apoyo institucional suficientes.
“Destruir la selva enriquece a unos pocos criminales y empobrece a muchos brasileños”, expresó Canineu. “Reducir la deforestación y combatir la pobreza y la desigualdad son medidas que, en la Amazonía, deben ir de la mano. Es posible e imperioso hacer ambas cosas”.
