El gobierno estadounidense del presidente Joe Biden logró lentos avances en materia de derechos humanos en 2022, pero se necesitan políticas más audaces para desmantelar el racismo sistémico, contrarrestar los retrocesos en la libertad reproductiva y abordar otras preocupaciones apremiantes en materia de derechos, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2023.
“El Gobierno de Estados Unidos debe abordar las cuestiones fundamentales de derechos humanos actuales”, señaló Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Los funcionarios de todos los niveles deben abordar el racismo sistémico, la desigualdad económica, la supresión del derecho al voto y las restricciones a la libertad reproductiva que están volviendo a las personas de color y otras comunidades más vulnerables que nunca a los abusos”.
En la 33ª edición del Informe Mundial 2023, de 712 páginas, Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, la directora ejecutiva en funciones, Tirana Hassan, afirma que en un mundo en el que el poder ha cambiado, ya no es posible confiar en un pequeño grupo de gobiernos, en su mayoría del Norte Global para defender los derechos humanos. La movilización mundial en torno a Ucrania nos recuerda el extraordinario potencial que existe cuando los gobiernos cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos a escala global. Es responsabilidad de cada país, grande o pequeño, aplicar un marco de derechos humanos a sus políticas, y luego trabajar conjuntamente para proteger y promover los derechos humanos.
El gobierno de Biden y el Congreso dieron un paso positivo para salvaguardar los derechos humanos en octubre al aprobar la Ley de Reducción de la Inflación. A pesar de algunas deficiencias, esta emblemática ley promueve el derecho a la salud y es la iniciativa estadounidense más significativa hasta la fecha para abordar la crisis climática.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han tomado medidas efectivas para desmantelar el racismo sistémico que impregna la sociedad estadounidense. La reducción histórica de la pobreza a partir de 2021 está recayendo tras la incapacidad del gobierno federal de renovar el gasto social relacionado con la pandemia de Covid-19, como el crédito fiscal por hijos, y su incapacidad de promulgar reformas estructurales para abordar las disparidades raciales que persisten en el acceso a una atención sanitaria adecuada, agua, educación, empleo y vivienda adecuados. La concentración de riqueza entre el 1 % más rico va en aumento, mientras que los hogares negros, latinos y nativos americanos sufren tasas de pobreza que duplican con creces las de los hogares blancos.
Mientras que el gobierno necesita invertir en servicios de apoyo para abordar una multitud de problemas sociales, varios legisladores han hecho afirmaciones infundadas o exageradas sobre el aumento de la delincuencia para justificar el aumento en el gasto para la aplicación de la ley a expensas de los servicios de apoyo. Los datos muestran que las personas de color siguen estando enormemente sobrerrepresentadas en las cárceles y prisiones, y que la policía mata a los negros a un ritmo per cápita tres veces superior al de los blancos. El Congreso no ha aprobado ni siquiera las débiles reformas propuestas en la Ley federal de Justicia Policial (Justice in Policing Act).
En 2022, las instituciones democráticas estadounidenses fracasaron a la hora de proteger sistemáticamente derechos fundamentales clave, como el derecho a votar sin sufrir discriminación racial. Casi la mitad de los estados del país aprobaron más de tres decenas de leyes en 2021 y 2022 que dificultan el voto. Del mismo modo, la incapacidad de las autoridades judiciales o legislativas para controlar el uso por parte de algunos funcionarios de la retórica de la supremacía blanca y de políticas racistas ha socavado aún más las instituciones democráticas estadounidenses.
“Los peligros que plantea el hecho de que el gobierno de Estados Unidos no se enfrente a los legados omnipresentes del colonialismo y la esclavitud, y no tome medidas reales para desmantelar las estructuras que perpetúan el racismo en toda la sociedad estadounidense son graves y están aumentando”, afirmó Greene. “La injusticia racial viola los derechos de millones de personas que viven en EE.UU. y supone una amenaza existencial para la democracia estadounidense”.
A pesar del creciente reconocimiento público de que muchas disparidades raciales profundamente arraigadas están vinculadas al legado de la esclavitud, incluso con el apoyo sin precedentes en el Congreso y los avances en las iniciativas de “reparación” a nivel estatal y local, el gobierno y el Congreso ni siquiera lograron crear una comisión para estudiar el legado de la esclavitud y elaborar propuestas de reparación, señaló Human Rights Watch.
El racismo sistémico también está vinculado a duras políticas de inmigración, señaló Human Rights Watch. El gobierno de Biden finalmente puso fin al llamado programa “Quédate en México”, tras obligar durante un período a los no mexicanos a esperar sus audiencias de asilo en peligrosas ciudades mexicanas. Aun así, continuó expulsando a miles de migrantes en la frontera sur de EE.UU. a través de las abusivas restricciones del Título 42 impuesto al inicio de la pandemia de Covid-19, haciendo caso omiso de su derecho a solicitar asilo. En Texas, el gobernador Greg Abbott convirtió en blanco a personas sospechosas de ser migrantes para detenerlas y encarcelarlas en el marco del Operativo Lone Star, una política fronteriza discriminatoria y abusiva de 4.000 millones de dólares.
Aunque los indultos anunciados por Biden para ciudadanos condenados por simple posesión de marihuana en el sistema federal suponen un avance, los indultos del gobierno no incluyeron a los no ciudadanos que de otro modo serían elegibles.
El Tribunal Supremo de EE.UU. demostró en repetidas ocasiones su negligencia por la protección de los derechos fundamentales. En junio, anuló la garantía constitucional de casi 50 años de acceso al aborto; desde entonces, más de la mitad de los estados del país han prohibido el aborto o están a punto de hacerlo. El racismo estructural en la atención sanitaria y otros factores hacen que el aborto sea una forma de atención a la salud reproductiva que necesitan las mujeres de color en mayor proporción que las mujeres blancas. El racismo en el sistema jurídico penal hace que las mujeres de color sean las más expuestas a las prohibiciones del aborto y a la criminalización del embarazo –acciones interpretadas como perjudiciales para el embarazo de una mujer—.
Al socavar el derecho constitucional a la intimidad, la revocación de Roe contra Wade también supone una amenaza a los derechos parentales de la comunidad LGBT, el matrimonio entre personas del mismo sexo y las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Los legisladores estatales presentaron más de 150 proyectos de ley que amenazan los derechos y la salud de las personas transgénero, en particular de los niños y las niñas transgénero.
La pandemia de Covid-19 cobró miles de vidas, especialmente de personas pertenecientes a grupos marginados, y en 2022, más de 230.000 personas murieron en EE.UU. a causa de esta enfermedad. Las declaraciones de Biden –incluida la que dio por “terminada” la pandemia en septiembre— reflejan la continua incoherencia de la respuesta estadounidense frente a la enfermedad.
Sin el control del Partido Demócrata de ambas Cámaras del Congreso, Biden tendrá que tomar medidas más contundentes para abordar las desigualdades raciales y económicas que se ven exacerbadas por la inflación y el cambio climático, y crear una comisión federal de reparaciones, señaló Human Rights Watch. Las autoridades de todos los niveles deberían poner fin a las políticas abusivas de aplicación de la ley y de fronteras, proteger la libertad reproductiva y salvaguardar los derechos universales.
